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Vivir en Magallanes

por 10 enero 2011

Vivir en Magallanes
La medida que hoy afecta a la población de Magallanes, ciertamente adoptada en Santiago y entre gallos y medianoche, evidencia una absoluta falta de criterio y de sensibilidad con la realidad y las necesidades más acuciantes de una región extrema. Constituye una decisión que de concretarse, y todo indica que así será, tendrá profundas y negativas consecuencias en el nivel de vida de los magallánicos.

Hasta el día de hoy y desde tiempos inmemoriales, cada vez que algún magallánico viaja “al norte”, sea con destino a Puerto Montt, Concepción, Santiago, Iquique o Arica, todas ciudades que para un coterráneo de tomo y lomo están situadas genéricamente en el remoto norte del país, los amigos y parientes despiden al viajero con un sonoro “manda fruta”.

La frase, no del todo entendida en su significado más profundo por los “nortinos” de paso o avecindados en la región, refleja una realidad extensa y representativa. En este caso, relativa al consumo de un producto al que cualquier chileno que no viva en el extremo sur del país tiene corrientemente acceso, pero que para los magallánicos ha representado desde siempre una delicia de precios exorbitantes y prohibitivos.

Por lo mismo, para alguien que habite en Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, Timaulken o Puerto Williams, degustar una manzana, probar de un racimo de uvas, deleitarse con un durazno, un melón o una sandía, y hasta disfrutar de un popular tomate, significa siempre un desembolso considerable de dinero. Por regla general, equivalente a unas cinco o seis veces a lo que un chileno paga normalmente en la zona central de y aledañas.

Chile no puede seguir viviendo de espaldas a sus regiones. Las regiones de Chile no pueden continuar siendo tributarias de Santiago ni seguir dependiendo hasta para las cuestiones más mínimas de lo que se decide en la Metrópoli, como si se tratara de provincias conquistadas por el antiguo Imperio Romano.

Algo muy semejante en términos de carestía ocurre con la inmensa mayoría de los productos alimenticios de consumo habitual e ineludible para cualquier familia magallánica, los cuales por razones climáticas no pueden ser producidos localmente y, por lo mismo, deben ser forzosamente “importados” desde otras zonas del país. Otro tanto ocurre con los servicios de toda índole, empezando por aquellos de primera necesidad, con lo cual se configura un cuadro de carestía estructural y excepcional que es preciso conocer para incorporar como dato crucial a la hora de adoptar cualquier decisión relativa a la región.

Evidentemente, los costos del transporte, habida cuenta de las distancias, constituyen un componente decisivo y de efectos devastadores en el valor magallánico de cualquier tipo de insumos y productos. Trasladar un contenedor desde la zona central hasta Punta Arenas implica un extenuante recorrido de miles de kilómetros el cual incluye un forzoso y largo tramo por territorio argentino. La alternativa a este periplo de vértigo será embarcar los camiones en Puerto Montt para desembarcarlos en Puerto Natales, pero en cualquier caso, el transporte implicará una alta inversión en medios, dinero y tiempo la que irremediablemente repercutirá en el bolsillo de los consumidores.

Volar hacia o desde Magallanes es un asunto distinto, más rápido pero inmensamente más caro. A los turistas extranjeros les produce verdadero asombro constatar que con las dos horas y cuarenta y cinco minutos de vuelo efectivo que toma viajar desde Santiago a Punta Arenas, alguien podría atravesar el continente europeo de este a oeste pasando por encima de tres, cuatro o más países, trasladarse desde Europa al Asia, o en tiempo menor o equivalente, llegar casi al corazón del continente africano.

Pero con toda seguridad, a esos mismos turistas les debe resultar todavía más inexplicable darse cuenta que con el valor que pagan por ese boleto en cualquiera de las dos compañías que controlan el duopolio del transporte aéreo a Magallanes, perfectamente podrían pagarse, por ejemplo, un pasaje de ida y regreso entre Roma y Paris o Madrid, con hotel incluido por un par de noches. De un modo parecido a como un chileno, por el mismo dinero que paga por volar desde o hasta Punta Arenas en condiciones de urgencia, podría ir desde Santiago un par de veces ida y vuelta a Buenos Aires, llegar hasta Lima o Río de Janeiro, y con un poco de suerte, la debida anticipación en la compra del pasaje y un poco mas de dinero, llegar incluso hasta el dorado Caribe.

Por todas estas razones a muchos extranjeros que nos visitan les perece encomiable observar nuestra realidad como país largo y diverso pero unido de norte a sur. Especialmente cuando la comparan con sus propias circunstancias nacionales permanentemente sometidas a fuerzas disgregadoras. Por ejemplo, en los casos de naciones como Francia, España, Bélgica. Holanda, entre otras, las cuales corren permanente peligro de fragmentarse por efecto de las particularidades económicas, culturales, sociopolíticas y hasta lingüísticas presentes y actuantes.

Es por lo mismo que a no pocos les parece punto menos que un milagro que Chile, pese a toda su longitud y diversidad de realidades se mantenga sin embargo todavía íntegramente unido y sin amenazas objetivas o latentes de secesiones regionales. Claro que nuestros visitantes no saben de que modo y con que contumacia la paciencia y el sentido nacional y patriótico de los chilenos que habitan regiones extremas es puesta permanentemente a prueba por los burócratas que habitan y deciden en Santiago.

Los magallánicos viven lejos, aislados y acaso hasta ignorados por el resto de Chile. Pero son obligados a vivir mirando hacia el norte del país. Por ejemplo usted mismo, aunque quisiera conocer Magallanes es completamente libre de abstenerse de viajar hasta el extremo sur de Chile si acaso no está en situación de invertir una pequeña fortuna en un pasaje aéreo y, por lo mismo, deba resignarse a dejar de contemplar con sus propios ojos las maravillas magallánicas y disfrutar del carácter afable y acogedor de sus habitantes.

Los magallánicos no tienen esa opción. Ellos están obligados a viajar periódicamente a la zona central por razones laborales, de estudio, por motivos médicos e incluso, hasta para realizar algún trámite burocrático imposible de resolver en la propia región, por obra y gracia del rampante centralismo burocrático y la impotencia aceptada de las autoridades regionales.

En síntesis, los magallánicos pagan muchísimo más caro que cualquier otro chileno por todo lo que consumen a diario. Pero salvo excepciones, no ganan salarios más altos que el resto de sus compatriotas, ni mucho menos.

Adicionalmente, los magallánicos deben lidiar todo el año con el rigor del clima, razón por la cual consumen gas prácticamente los 365 días del año. En primer lugar, para calefaccionar sus propios hogares, pero también para alimentar el transporte público.

Por todas estas razones, los magallánicos estiman con muy buenas razones, que la anunciada alza de las tarifas del gas constituye un golpe bajo, un abuso inaceptable y una expresión de insensibilidad e incomprensión centralista que debe ser enfrentada resueltamente. Tal y como lo han demostrado los miles de habitantes de Punta Arenas que han salido a la calle a manifestar su protesta e indignación con una masividad, transversalidad política y energía pocas veces vista, en una auténtica versión 2.0 del célebre “puntarenazo” contra el dictador en los años ochenta.

Evidentemente, las explicaciones ofrecidas desde la comodidad veraniega de Santiago por la Ministra Vocera y el Ministro de Energía, respectivamente, han contribuido sensiblemente a caldear todavía más los ánimos. La Ministra Von Baer ha presentado urbi et orbi datos comparativos de lo que paga un magallánico por su cuenta de gas versus lo que paga un habitante de Santiago por el mismo consumo, haciendo aparecer la comparación como un manifiesto abuso y privilegio (le faltó decir una frescura) de parte de los habitantes australes, el cual debe ser eliminado sin más trámite ni contemplaciones.

Por su parte el Ministro de Minería, con un talante parecido y casi en todo de denuncia, con su peregrina argumentación explicativa ha aportado lo suyo en la exacerbación de los ánimos. Afirmar olímpicamente que con el alza de tarifas al gas en Magallanes se trata de corregir una distorsión de mercado destinada a promover que las empresas se interesen por desarrollar proyectos energéticos, es un criterio que no resiste mayor análisis ni comentarios.

Cuando se argumenta desde la arrogancia centralista, el desconocimiento de las singularidades regionales o locales, cuando se razona y se actúa desde el liberalismo mercantil a ultranza y la lógica implacable de los negocios, del dinero, del lucro y el exclusivo interés privado, se olvida un dato esencial de una sociedad moderna y democrática: la economía debe estar siempre al servicio de las personas de carne y hueso. Jamás los seres humanos deben ser puestos al servicio de la economía, la cual no constituye un fin en si misma sino un simple medio técnico para alcanzar mejores estándares de calidad de vida para los individuos.

Y ya que hablamos de gas, de economía y de proyectos estratégicos viables o inviables, podríamos empezar por recibir una explicación creíble para la extraña circunstancia de que las empresas privadas que se adjudicaron los bloques para exploración y explotación de gas en Magallanes, los que fueran licitados en su oportunidad, hayan efectivamente encontrado gas en los mismos territorios en que ENAP no pudo encontrarlo jamás. También seria oportuno que ENAP, como empresa pública que es, diera a conocer los términos precisos de sus contratos de abastecimiento con empresas como GASCO o METANEX, los cuales suscitan serias interrogantes que deben ser aclaradas.

La medida que hoy afecta a la población de Magallanes, ciertamente adoptada en Santiago y entre gallos y medianoche, evidencia una absoluta falta de criterio y de sensibilidad con la realidad y las necesidades más acuciantes de una región extrema. Constituye una decisión que de concretarse, y todo indica que así será, tendrá profundas y negativas consecuencias en el nivel de vida de los magallánicos y que con toda probabilidad tenderá a incrementar la exasperación de una región agobiada por el asfixiante centralismo y las inequidades de que son víctimas todos los chilenos que no residen en la capital.

Por demás, todos los Estados, sin excepción, contemplan regímenes especiales o de excepción respecto de sus regiones extremas, menos habitadas o insuficientemente dotadas de medios de subsistencia propios. Dichas medidas contemplan regímenes tributarios especiales, subsidios de diversa índole y otro tipo de granjerías destinadas a estimular el desarrollo de las regiones, supliendo con medidas políticas y administrativas las desventajas naturales. Por lo tanto, nadie debe escandalizarse con los subsidios o las consideraciones especiales bajo circunstancias particulares.

Chile no puede seguir viviendo de espaldas a sus regiones. Las regiones de Chile no pueden continuar siendo tributarias de Santiago ni seguir dependiendo hasta para las cuestiones más mínimas de lo que se decide en la Metrópoli, como si se tratara de provincias conquistadas por el antiguo Imperio Romano.

No es tolerable que las más altas autoridades regionales, los Intendentes, sigan siendo designados por el poder central, del cual finalmente dependen y al cual responden. Tampoco es posible que los Seremis no tengan voz, voto ni capacidad de decisión efectiva sobre sus asuntos, sino que tengan que remitirlo virtualmente todo a Santiago y sentarse a esperar por las respuestas.

No es posible que el país político asuma con toda naturalidad y resignación que los parlamentarios regionales, senadores y diputados, tengan menos valor político subjetivo y hasta mediático, por las razones de provenir de regiones menos pobladas y por lo mismo menos significativas electoralmente, y por no tratarse, por lo general, de figuras políticas carentes de alcance e influencia nacional. Con lo cual se configura una situación de facto, según la cual, tal parece ser que si bien es cierto todos los senadores y diputados son iguales entre si, algunos de entre ellos serían más iguales que otros. A lo cual hay que agregar, como si todo esto fuera poco, que dichos parlamentarios hasta para llegar a ser candidatos, deben esperar la anuencia de las cúpulas partidarias nacionales, las que igualmente irrespetan la soberanía popular regional siempre que tienen ocasión y necesidad.

Toda esta lógica centralista, excluyente y autorreferente es la que al final de cuentas hace posible, por ejemplo, que se considere lógico, natural y hasta deseable que los chilenos de Arica o Puerto Williams contribuyan a financiar el METRO de Santiago, medio de transporte que muchos no han usado ni llegarán a usar jamás, pero que al mismo tiempo se estime como una cosa injusta y hasta abusiva subsidiar el consumo de gas en Magallanes.

Es impostergable pasar del discurso a las medidas concretas y efectivas en materia de regionalización. Y ya se sabe que aquello debe significar transferencia efectiva de potestades y atribuciones desde el poner monopólico central a los poderes regionales y locales, o todos los discursos y disquisiciones sobre la regionalización seguirán siendo solo palabras huecas e hipócritas.

Las regiones de Chile deben pasar de la resignación, el hastío y le rebeldía episódica a la movilización reivindicativa frente a los abusos centralistas en todos los planos. Hay que hacer ver que la política del Estado central nacional frente a las regiones debe estar fundada no en criterios economicistas y de corto plazo, sino en una concepción de carácter estratégico, que estime las excepcionalidades como parte sustantiva de una política tendiente a reafirmar la soberanía territorial del Estado nacional chileno y a proveer condiciones de bienestar al conjunto de los chilenos.

Y muy por sobre todo, hay que ser capaces de hacer entender a todos quienes tienen algo que decir y decidir, que la descentralización efectiva constituye hoy más que nunca antes, una condición necesaria para la construcción de una sociedad nacional más democrática, más justa y participativa.

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