Agotados los yacimientos de petróleo, ENAP, la empresa estrella de la región, se orientó a la venta de gas natural y licuado, y a la prestación de servicios y asesorías. Más que una empresa productora pasó a ser una distribuidora donde según se decía se justificaba muy poco la existencia productiva y financiera de la filial Magallanes.
La decisión de terminar con “la Fiesta del gas” en Magallanes y subir en 16,8% su precio, tiene al ministro de Energía Ricardo Raineri en la senda de aumentar varios puntos en el conocimiento ciudadano, tal como ordenó Sebastián Piñera a sus ministros a comienzos de año. Aunque a costa de traer un problema político al gobierno, cuyo curso puede afectar al Presidente donde más le duele: la credibilidad ciudadana.
Hace mucho tiempo que no se producía una coincidencia tan amplia en la Región. La Asamblea Ciudadana de Magallanes, que agrupa desde sindicatos hasta organizaciones empresariales, envió una carta al Presidente señalándole que consideran “una carencia de sentido social de proporciones” la medida. De paso le recuerdan que pese a que se comprometió a “que el precio del gas no sufriría cambios”, ENAP acordó el alza. Lo peor, señalan, es que lo hizo con contratos confidenciales con privados de por medio, a espaldas de la ciudadanía y “olvidando la Ley de Transparencia”.
Las autoridades han justificado la medida señalando lo impropio de recargar el pago de subsidios a una empresa que desde hace años ha estado sujeta a reingeniería de procesos y tiene exigencias de una lógica netamente empresarial en su gestión. Han calificado la decisión del Presidente como un acto de valentía y sostienen que la mayoría de la ciudadanía entiende que el desarrollo de la región es asunto del gobierno y no de la empresa.
Es evidente que el tema no atinge solo al gas y la conducta empresarial de ENAP. Va mucho más allá, y se articula a la necesidad de una política de desarrollo del Estado de Chile hacia sus regiones.
[cita]Es evidente que el tema no atinge solo al gas y la conducta empresarial de ENAP. Va mucho más allá, y se articula a la necesidad de una política de desarrollo del Estado de Chile hacia sus regiones.[/cita]
Para muchos analistas, el modelo exportador seguido por Chile determinó que Magallanes estuviera desde temprano entre las regiones perdedoras. Lo que conllevó que la lógica central de su administración estuviera dominada por relaciones de control y de mantenimiento del orden y la soberanía.
El éxito económico del país reposa en otras regiones, tanto en materia de exportaciones como de PIB. Las cinco regiones que más exportan (II, III, IV, VIII, XI) representan el 75% del total de las exportaciones, y los tres polos metropolitanos, RM, Valparaíso y Concepción representan el 63% del PIB. En esas escalas, Magallanes es siempre el último lugar.
Tal escenario de riesgo productivo y político estuvo potenciado desde temprano de los años 90 del siglo pasado, determinando una baja inversión privada, la pérdida de competitividad y todos los costos negativos asociados a ser “región isla”.
Las políticas públicas se movieron entre los subsidios y las inversiones, pero sin apuntar al fondo del problema.
Agotados los yacimientos de petróleo, ENAP, la empresa estrella de la región, se orientó a la venta de gas natural y licuado, y a la prestación de servicios y asesorías. Más que una empresa productora pasó a ser una distribuidora donde según se decía se justificaba muy poco la existencia productiva y financiera de la filial Magallanes.
El resto de las actividades siguió el curso de la inversión pública y los subsidios para crear ventajas competitivas y de cooperación en su entorno.
Magallanes deslinda con dos provincias del sur de Argentina, con alta capacidad competitiva por los apoyos del gobierno central trasandino, que han impactado fuertemente los sectores portuario, comercial y turístico de la XII Región.
En el sector marítimo portuario, las inversiones más una política de tarifas subsidiadas y un petróleo más barato que el de ENAP, determinó que Argentina captara las faenas de la flota pesquera del Atlántico Sur y las operaciones de turismo, las que tradicionalmente se realizaban en Punta Arenas.
Como contrapartida, el desarrollo de Puerto Williams es un ejemplo de que todo es subsidio por razones de soberanía nacional. Desde problemas de conectividad en Internet, hasta turismo científico u operaciones de gestión ambiental sustentable se ven entorpecidas por la carencia de una visión estratégica sobre el desarrollo de la región, y la presencia de cortapisas de carácter militar.
En tal contexto, las masivas protestas ciudadanas actuales, encabezadas por el alcalde Vladimiro Mimica y el obispo católico Bernardo Bastres, son la expresión de un problema acumulado desde hace mucho, y que va camino de paro regional.
El alza del gas domiciliario, dicen sus voceros, terminaría por hundir lo poco que resta de la economía regional, especialmente los emprendimientos artesanales y turísticos.
En la región los edificios precisan de calefacción durante siete u ocho meses del año con un promedio de 17 horas diarias por lo que el gas es la parte fundamental de toda la canasta básica de las familias.
No se puede construir patria con puros mecanismos de mercado. “Vivir en Magallanes no sólo es un acto de voluntad sino con mayor énfasis es hacer soberanía”, dijo la Asamblea Ciudadana al Presidente de la República.
