Si existe una institución con un reconocimiento simbólico especial como el matrimonio, ¿es legítimo que por su condición algunos no puedan acceder a ella? Y lo otro es: ¿es justificable que siga existiendo el matrimonio civil? ¿Debe ser una atribución del Estado? ¿Por qué no abolirla y que exista sólo un Acuerdo de Vida en Común?
El senador Allamand ha dado un paso relevante al abordar legislativamente la regulación de quienes conviven, cifra que en Chile es de más de dos millones de personas. Su proyecto AVC no distingue en la solución jurídica que plantea entre convivientes heterosexuales y homosexuales. Quienes critican la propuesta lo hacen desde dos frentes contrapuestos: Primero, por insuficiente, no reconocería el matrimonio gay. Segundo, por peligrosa ya que surge una institución jurídica que compite con el matrimonio entendido como exclusivamente heterosexual. El senador Rossi y la UDI, respectivamente, son ejemplos de ambas críticas.
Las tres posiciones eluden un debate anterior: ¿es tan obvio que el matrimonio debe ser una atribución del Estado? ¿Por qué no AVC para todos?
El matrimonio nace como una institución básicamente económica. Permitía unir recursos de distintas familias. Es una unidad productiva. Por eso, en la mayoría de las sociedades, durante más tiempo ha sido determinado por arreglos familiares que “por ese hermoso sentimiento llamado amor”. La evolución económica, la consolidación de la propiedad privada, fortalecerán las formas monógamas por sobre las polígamas. Las religiones monoteístas darán sustentación argumentativa a este proceso.
[cita] Que cada individuo de acuerdo a sus creencias ejecute el ritual que le parezca para validar su unión con otro: desde saltar alrededor del fuego o escuchar a Wagner y terminar plagado de arroz.[/cita]
A pesar de la separación entre matrimonio civil y religioso en los procesos de modernización, las religiones monoteístas marcarán la definición de cómo se concibe estructuralmente el matrimonio civil. Algunas de esas herencias son: monogamia, sólo entre sexos opuestos y un significado simbólico, socialmente, que no posee otra institución.
El Estado mantendrá una atribución que será previamente privativa de las iglesias. Por tanto, el problema es: si existe una institución con un reconocimiento simbólico especial, ¿es legítimo que por su condición algunos no puedan acceder a ella? Y lo otro es: ¿es justificable que siga existiendo el matrimonio civil? ¿Debe ser una atribución del Estado? ¿Por qué no abolirla y que exista sólo un Acuerdo de Vida en Común?
Si existe, no parece sostenible que un grupo de ciudadanos estén privados de ella. Ahora, hay buenas razones para suponer que lo más sano es ponerle término y reemplazarlo por un AVC general. Esto último, no obsta, que cada individuo de acuerdo a sus creencias ejecute el ritual que le parezca para validar su unión con otro: desde saltar alrededor del fuego o escuchar a Wagner y terminar plagado de arroz.
Es más, las instituciones representativas de distintos credos tendrían todo el derecho a asignar a esas ceremonias una condición de pertenencia a ellas. Lo que no parece es que el Estado norme y defina, marginando ciudadanos, sobre algo que en estricto sentido sólo corresponde a personas adultas. Es más, lo obsoleto del matrimonio civil se hace cada vez más palpable al revisar las estadísticas de cuántos se casan. Las razones que le vieron nacer se desvanecen. No es una crisis de la familia sino de la institución civil que la ha regulado.
