Señor Director:
Se podrían hacer varias lecturas del cambio de gabinete, pero una de ellas resalta si se desea analizar las dinámicas de la política chilena en una perspectiva de largo plazo. En un contexto de acusaciones serias de déficit político en el manejo de su gabinete, tildado de tecnocrático y determinado por el eficientísimo económico Piñera instalo dos figuras emblemáticas de la derecha. Es inevitable no ver un giro en la política en su gobierno, sin embargo se produce forzado por una situación significativa en el contexto nacional: el conflicto de Punta Arenas; eh ahí los ribetes interesantes de lo que ha pasado. La respuesta tecnócrata y hasta represiva con que la administración de Piñera enfrentó el conflicto, produjo que por la primera desde los albores del retorno de la democracia, el valor de “lo político”, como sentido método y practica, toma lugar central en la discusión y tensiona la política en nuestro país. Ello implica en los hechos poner en cuestión uno de los principios rectores del sistema de gobernabilidad que nos ha regido por ya más de 20 años: la subordinación de lo social y lo político a lo económico.
El factor definitivamente desestabilizante de los numerosos hechos que obligaron a Piñera a realizar su cambio de gabinete fue la crítica de la Derecha al tratamiento del conflicto en Punta Arenas; la que a viva voz manifestaba que gobernar no implica utilizar sólo la variable económica como eje de la acción gubernamental, como si sólo se tratase de productividad, de estilo gerencial, de eficacidad y de rentabilidad propios de una sociedad de mercado. En otras palabras: gobernar no implica sólo seguir las variables y requerimientos del mercado… también hay cuestiones sociales que solo pueden ser entendidas y tratadas desde lo social y en una perspectiva política.
Es necesario recordar que el modelo de gobernabilidad democrática de tipo neoliberal que ha regido en nuestro país desde el fin de la dictadura tiene como principio rector la presunción de que sólo los mecanismos del mercado pueden lograr una dinámica económica virtuosa; pero ello depende de que la economía se encuentre liberada de principios externos a ella. La discusión política, tan cargada de demandas sociales (las que fácilmente impregnan el debate con principios extraeconómico como “justicia social” o “distribución de los ingresos”) termina siempre por distorsionar el funcionamiento racional e impersonal del mercado perjudicando con ello el crecimiento económico. La base de este racionamiento es la idea de que los mecanismos del mercado pueden lograr efectos distributivos ‘neutros’; con lo cual se evita que por discriminar en favor de unos pocos se excluya a la mayoría.
Lo anterior se traduce entre otros, en que no se puede dar beneficios y derechos a unos por sobre otros (en nuestro caso a los habitantes de Punta Arenas); beneficios y subsidios son en la práctica privilegios que no solamente atentan contra los equilibrios fiscales y distorsiona el funcionamiento del mercado, sino que también atenta contra el principio mismo de la igualdad de todos los individuos (en tanto competidores) en la sociedad.
Tan enraizados están estos principios en la racionalidad empresarial y en el equipo de Piñera, que no sorprende que lo político (muchas veces despreciado por este sector) sea un elemento secundario frente a indicadores económicos y de eficiencia en el management. Sin embargo esta racionalidad empresarial se vio inesperadamente desbordada con el caso de Punta Arenas. La falta de comprensión política de los problemas, los llevó en este caso a tratar la cuestión del gas sin considerar los aspectos sociales y políticos, ni hasta los requerimientos y dimensiones geopolíticas del problema. En otras palabras, tanta es la creencia en los necesidades y exigencias objetivas y superiores del mercado que la administración de Piñera actuó sin duda eficientemente, pero a destajo, sin consulta ni discusión, pero por sobre todo, sin considerar la variable social en sus medidas.
Lo anterior no es de sorprender dado que se trata de lógica que cree que lo social y las demandas sociales se diluyen en el funcionamiento óptimo del mercado y del consumo. Las soluciones al conflicto en Punta Arenas apuntan en esa lógica: se reaccionó frente a los indicadores objetivos y se corrigió una tendencia. En un momento de transición como el actual es necesario considerar medidas paliativas (las cuales son sujetos de negociación) hasta que las correcciones se consoliden y el mercado produzca los mecanismos que satisfagan las necesidades de combustible de los puntarenenses, pero siempre en equilibrio con las cuentas fiscales. Esta forma tecnócrata de entender y procesar el problema puntarenense y frente al amplia e inesperada reacción ciudadana implicó que hasta la misma derecha se restara de la operación quitándole piso al gobierno… nadie salió a apoyar la gestión de las autoridades, al unísono la derecha reclamó: ¡política!
Este elemento es sumamente interesante dado que es por primera vez desde el fin de la dictadura que la derecha pide que se vean y se traten los problemas en términos políticos… Se trata de una crítica al mecanismo de procesamiento de los conflictos que se ubica muy lejos de aquellos principios y procedimientos que limitan la democracia y la legitimidad de las demandas sociales, los cuales la derecha siempre ha defendido. Se encuentran muy lejos del esquema de gobernabilidad política, el que es el de ellos, el que nos ha gobernado desde el fin de la dictadura y principalmente bajo los gobiernos de la concertación, y el que corresponde a la forma de entender la política que tiene la derecha en una sociedad por ellos querida como de mercado, apolítica y cristiana; como lo es en definitiva el Chile actual.
Se trata de un cambio radical de discurso y estrategia; una práctica habitual en la derecha cuando ha estado en el gobierno. Es que ejercer el poder exige un pragmatismo adaptativo; del cual la concertación hizo buena prueba para demostrar que en tanto coalición de centro-izquierda también era capaz de gobernar un sistema donde lo social está disociado de lo político, pero sobre todo del sacrosanto crecimiento económico, del equilibrio fiscal y de la estabilidad macroeconómica. Hoy en día, por conservar el poder la derecha exige un tratamiento político de los problemas, politizar la agenda y la gestión del gobierno.
A simple vista y de forma optimista, pareciera que lo político esta de retorno a la vida política en el país. La movilización social de Punta Arenas habría provocado este retorno dada la reacción y consecuencias de una ciudadanía que exige que su problema no sea tratado en base a la eficiencia económica, de forma gerencial y técnica. Después del fin de la dictadura que una movilización social contra una necesidad del mercado no desestabilizaba el sistema político. Esa era la pesadilla máxima de los chicagoboys y para evitarlo dejaron una institucionalidad aún vigente que en pos de la estabilidad y del crecimiento, establecía la autonomía de la economía respecto de lo político. Pesadilla que la Concertación enfrentó negociando los conflictos no en base a la movilización y empoderamiento de los actores sociales si no con respuestas técnicas, sectoriales y acotadas, evitando en ello dar respuestas de tipo político que afectasen el crecimiento.
Hasta ahora la lógica sobresaliente en la administración de Piñera para tratar los conflictos y las cuestiones sociales ha sido una lógica gerencial muy cerca de aquella que estable el patrón con sus empleados: autoritaria, jerárquica cuando no represiva. Sin embargo es claro que se ha instalado un nuevo escenario, donde está por verse si este asomo de lo político en el manejo de la agenda y en la discusión política en Chile es sólo una golondrina de invierno, o en el caso contrario un cambio en el esquema de gobernabilidad neoliberal que nos ha gobernado ya más de 20 años. Las consecuencias de lo segundo serían amplias y afectarían no tan solo la forma de entender la política y de poner en cuestión el esquema de gobernabilidad que utilizó la concertación para ejercer el poder, sino que también pondría en tensión uno de los objetivos ideológicos más importantes formulados por Hayek y Huntington, y que es tan querido tanto por los chicoboys como por la derecha conservadora: desterrar la política.
Lo más irónico en todo esto, es que un eventual retorno de lo político a la vida de los chilenos no haya sido producto de decisiones de la Concertación si no que de un gobierno de derecha, de marcado acento empresarial y tecnocrático, formado por gerentes y empresarios renuentes la política y de los políticos; sin embargo, pragmatismo obliga…
(*) Rodrigo Contreras, sociólogo.
