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Editorial

La usurpación de la voluntad ciudadana

por 25 enero 2011

La usurpación de la voluntad ciudadana
El cambio de gabinete terminó por sancionar como un hecho normal la renuncia de parlamentarios a sus cargos para ser nombrados ministros de Estado, y la entrega de las vacantes voluntarias que ello produce como una propiedad privada de los partidos políticos. La manera como se ha aplicado el proceso, constituye una distorsión del principio de la representatividad y ha evidenciado, además, la debilidad doctrinaria de la elite política.

El reciente cambio de gabinete terminó por sancionar como un hecho normal la renuncia de parlamentarios a sus cargos para ser nombrados ministros de Estado, y la entrega de las vacantes voluntarias que ello produce como una propiedad privada de los partidos políticos.

Tal situación, si bien ciertas opiniones, entre ellas la del Tribunal Constitucional, tiene fundamentos legales, es también de dudosa legitimidad democrática. Tanto porque se distorsiona la voluntad del soberano al reemplazar a los elegidos por otros que no han sido considerados por los electores, como porque el procedimiento que se utiliza para el reemplazo es la voluntad de un partido político quien puede elegir a quien desee.

El ex senador Andrés Allamand, quien renunció para asumir la cartera de Defensa, fue elegido parlamentario de manera administrativa, pues no tuvo compañero de lista con quien competir, y el sistema binominal le garantizó un cupo prácticamente designado.

Su reemplazante es el presidente de su partido, Carlos Larraín, en aplicación del artículo 51 de la Constitución que señala que las vacantes de senadores y diputados, sin especificar la causa de ellas, se “proveerán con el ciudadano que señale el partido político” al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante.

Cabe preguntarse cual será la opinión de la gente de la X Región, especialmente de Valdivia, lugar que ahora representa el flamante nuevo senador de la República. Más allá del desprestigio que experimentan actualmente los partidos políticos ante la ciudadanía, hay también un malestar evidente en las regiones con el centralismo imperante, parte de lo cual quedó en evidencia con lo ocurrido en Magallanes, y que seguramente también experimentan con hechos como este vastos sectores de la ciudadanía regional.

La baja representatividad de los partidos unida a situaciones de este tipo hacen dudoso que contribuyan a una mayor comprensión y simpatía por ellos entre la gente.

Es efectivo que la institución de nombrar a parlamentarios como ministros de Estado es común en muchas democracias occidentales, independientemente de sus formas de gobierno. Sin embargo su práctica requiere de instituciones transparentes y de legalidad expresa.

Es efectivo que la institución de nombrar a parlamentarios como ministros de Estado es común en muchas democracias occidentales, independientemente de sus formas de gobierno. En muchos aspectos, además, aparece como una práctica positiva que introduce flexibilidad en el ejercicio del poder presidencial, al permitir alianzas y mayor fluidez, aprovechando los juegos de mayoría y minoría parlamentarias.

Sin embargo su práctica requiere de instituciones transparentes y de legalidad expresa, en primer lugar para que el poder de un gobierno no mine la capacidad del órgano legislativo encargado de la fiscalización y el control, y para que las suplencias o reemplazos se hagan con respeto y coherencia con las decisiones electorales del soberano.

En Chile, la manera como se ha aplicado la institución, constituye una distorsión del principio de la representatividad, ya suficientemente vapuleado por el sistema electoral binominal y ha evidenciado, además, la debilidad doctrinaria de la elite política.

En abril del año 2009, con motivo del nombramiento de Carolina Tohá como ministro de Estado por Michelle Bachelet y de su renuncia al cargo de diputada para asumir sus nuevas funciones, Renovación Nacional presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Todo ello bajo la presidencia de Carlos Larraín.

Independientemente de las razones del Tribunal para considerar que no había infracción en el nombramiento,  y de los argumentos esgrimidos en el debate pertinente, surge la interrogante de los motivos por los cuales apenas unos meses después ante una situación idéntica Renovación Nacional cambia de opinión.

No existen diferencias entre la situación de Carolina Tohá y la de los actuales ministros Matthei  y Allamand. Ni entre Felipe Harboe, reemplazante de  Tohá y Carlos Larraín, reemplazante de Allamand. Tal parece ser entonces un simple problema de oportunidad.

Sin embargo, parece que el vacío legal ha llegado demasiado lejos, razón por la cual, tanto los partidos políticos como el Congreso de la República le deben una explicación al país, sobre la legitimidad de decisiones que van, en lo sustantivo, claramente en contra de lo que deciden los ciudadanos, y usurpan el verdadero sentido de su voluntad.

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