Todos sabemos hasta la saciedad que en Chile los controles internos de la administración no funcionan porque son retóricos. La fiscalización eficiente no se logra por la sencilla razón de que ello significa vigilar a sus propios pares, es decir, a los casi siempre amiguis.
Nuestro colectivo ciudadano, consciente de la desaprensión que tienen las autoridades, tanto centrales como locales, en custodiar en debida forma los intereses públicos en materia de vivienda, urbanismo, medio ambiente, transportes y patrimonio histórico, a través de quien firma desde hace años, hemos estado fustigando a quienes detentan el poder, entregando siempre ejemplos concretos, nunca desmentidos, de dolos, trampas e interpretaciones legales conducentes a vulnerar los derechos de las mayorías para beneficiar a quienes forman parte de la élite del país.
Ahora bien, encontramos muy interesante el reportaje del diario El Mercurio del 14 de febrero pasado en donde se dio cuenta pormenorizadamente de los resultados de una auditoría externa, llevada a cabo por los expertos de la Consultora IMG, que se practicó, por iniciativa de la Subsecretaría del Interior, en cuatro Gobiernos Regionales, en la cual se revelaron, en el período analizado, esto es en 2009, un cúmulo de situaciones anómalas, por no decir francamente ilícitas, en la Región Metropolitana de Santiago, de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos. Asociado a lo anterior, recordemos los hurtos de cheques por más de mil millones de pesos (con el ardid de inventar trabajos) que se detectaron en la V Región de Valparaíso durante el gobierno de Bachelet, materia que está en poder de la Justicia.
[cita]Todos sabemos hasta la saciedad que en Chile los controles internos de la administración no funcionan porque son retóricos. La fiscalización eficiente no se logra por la sencilla razón de que ello significa vigilar a sus propios pares, es decir, a los casi siempre amiguis.[/cita]
Ese medio de expresión de circulación nacional editorializó con título “Auditorías en intendencias” el 16 de febrero pasado, concluyendo que la labor de control debe ser tarea permanente y que sería deseable fomentar auditorías externas constantes, que ayuden a corregir las deficiencias existentes en el sector público.
Coherente con nuestras habituales columnas, reiteramos que efectivamente se ha entronizado en nuestro país la indolencia y en muchos casos por desconocimiento, las malas prácticas administrativas que perjudican al país. Ello, desde luego, facilita las conductas dolosas y fraudulentas que destacan las publicaciones mencionadas en ese diario.
A raíz de ese buen experimento implementado en esos cuatro gobiernos regionales, vemos con buenos ojos la preocupación demostrada por el Gobierno para mejorar la administración del sector público, eje central para facilitar el desarrollo económico con actores que se desenvuelvan en igualdad de condiciones, la sustentabilidad ambiental y las políticas sociales del país.
Se demostró con claridad que la Subsecretaría del Interior tomó una buena decisión al contratar a una empresa especializada y no relacionada con las sensibilidades políticas en boga, para que desarrollara esa labor de escudriñar los procesos administrativos y contables en tales órganos del Estado. El buen control de los recursos de todos es indispensable para que funcione bien nuestra democracia y nuestro sistema de economía de mercado: con servicios públicos adecuadamente gestionados, serios y responsables, los actores que se desenvuelven en los mercados necesariamente serán más prudentes en sus decisiones y tendrán señales explícitas para comportarse bien.
Todos sabemos hasta la saciedad que en Chile los controles internos de la administración no funcionan porque son retóricos. La fiscalización eficiente no se logra por la sencilla razón de que ello significa vigilar a sus propios pares, es decir, a los casi siempre amiguis. Por ello nos gustó el resultado obtenido en los casos relatados, ya que sus verificaciones se hicieron en un ambiente de imparcialidad, independencia y autonomía, lo que garantiza buenos resultados.
Quisiéramos que se repita la mencionada práctica para que todos los ministerios y servicios vayan adoptando conductas similares de auto control, con especialistas externos, para evitar paulatinamente las recurrentes malversaciones que impiden los resultados que se buscan: las platas públicas se deben gastar en los fines para los cuales fueron dispuestas en sus presupuestos.
Así las cosas y como cada ministerio tiene plenas atribuciones para resguardar sus propios intereses y los de sus mandantes, la ciudadanía, estimamos necesario que se ponga en la agenda periodística la necesidad de mejorar los controles, vía este tipo de auditorías, para que Chile en algún tiempo más pueda acreditar los estándares exigidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conspicua institución internacional a la que tanto se le alude en los seminarios de negocios que se realizan cada cierto tiempo en el sector oriente de la ciudad capital.
Como en nuestro país no existen las autorregulaciones de los mercados en los distintos sectores de la economía, es urgente que el Estado asuma, pronto con buenas credenciales, un rol más efectivo para incentivar las sanas prácticas en el desarrollo de la creación y distribución de riqueza.
