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Küme Dungu: ¡buenas noticias!

por 10 marzo 2011

Küme Dungu: ¡buenas noticias!
Sobre la nueva institucionalidad, es importante recordar que se trata de un reclamo general y reiterado, el hecho de que la actual CONADI se encuentra completamente superada por la realidad y no cumple actualmente con los objetivos más esenciales de desarrollo y representación indígena.

El ministro de Mideplan, Felipe Kast, acaba de anunciar la realización de una “Gran Consulta sobre Institucionalidad Indígena” en nuestro país. Este anuncio es, a mi juicio, una clara señal de respeto y de confianza a nuestros pueblos originarios, pues les permite convertirse en verdaderos protagonistas de su desarrollo y no en meros sujetos pasivos de las políticas públicas.

Se someterán a consulta temas tan esenciales como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena y un Consejo de Pueblos Indígenas y, por último, el procedimiento permanente de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, recogiendo así un antiguo anhelo de gran parte de las comunidades indígenas, sobre todo mapuche, y que durante años fue -en la práctica- ignorada por los gobiernos de la Concertación.

El reconocimiento constitucional, que se encuentra entrampado en el Senado de la República, fue objeto de especiales críticas por parte de las comunidades mapuche, quienes solicitaron en repetidas oportunidades que no se continuara con su tramitación hasta realizar una consulta real y efectiva que cumpliera con los estándares internacionales en la materia.

Es necesario señalar que la institucionalidad de la política indígena ha sido objeto de numerosos debates, sin lograrse aún un consenso cierto sobre la verdadera institucionalidad 2.0 que necesitamos en esta materia y por tanto, resulta muy necesario generar dicha discusión a propósito del proceso de consulta anunciado por el gobierno.

La consulta anunciada por el Gobierno va en esa dirección, pues significa en la práctica, que dicho reconocimiento constitucional no seguirá tramitándose sin consulta previa.  Lo anterior, permite superar un conflicto que estaba produciendo una peligrosa falta de legitimidad de la reforma, pues iba a terminar condicionando negativamente la viabilidad de la política indígena del Estado en el largo plazo.

Sobre la nueva institucionalidad, es importante recordar que se trata de un reclamo general y reiterado, el hecho de que la actual CONADI se encuentra completamente superada por la realidad y no cumple actualmente con los objetivos más esenciales de desarrollo y representación indígena.

Por lo anterior, el proceso de consulta anunciado pretende abrir a la discusión la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena y encuadrar la labor de representación política en una institución novedosa y que ha sido exitosa en otros países como es la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, lo que permitirá aglutinar y formalizar la opinión de los pueblos originarios y así permitir que puedan influir en forma efectiva en el desarrollo de las políticas públicas que les afectan.

Sobre este tema, es necesario señalar que la institucionalidad de la política indígena ha sido objeto de numerosos debates, sin lograrse aún un consenso cierto sobre la verdadera institucionalidad 2.0 que necesitamos en esta materia y por tanto, resulta muy necesario generar dicha discusión a propósito del proceso de consulta anunciado por el Gobierno.

Por último, se consultará lo que se llama “la consulta de la consulta”, es decir, acordar la forma específica que los pueblos indígenas de Chile consideran válida y eficaz para recoger sus opiniones en las materias que les afecten, con lo cual se pone en práctica y de forma efectiva una de las obligaciones esenciales asumidas por nuestro país con la aprobación del Convenio 169 de la OIT.

Estos anuncios demuestran, a mi juicio, una enorme señal de respeto hacia nuestros pueblos indígenas, quienes por primera vez no serán tratados como un grupo al que es necesario “clientelizar” para obtener su voto y apoyo electoral, sino como pueblos dignos, que forman parte de nuestro tronco común como nación y que son capaces de aportar en forma efectiva y decisiva en el logro de un desarrollo propio, que les permita además, entregar su valioso aporte en la construcción de nuestro país.

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