Ha tenido que lidiar con una institución que heredó un aparato administrativo con una deuda de 1.400 millones de pesos, a lo que hay que sumar la dificultad para encontrar profesionales con un perfil idóneo para cargos que requieren experiencia y capacitación en una organización compleja y sectorial como es el Consejo de la Cultura.
A principios de los 90 los gobiernos de la Concertación pusieron parte de sus preocupaciones en uno de los temas centrales para cualquier país democrático y con pretensiones de desarrollo: la relación entre el Estado, la cultura y la creación artística. Con el fin de subsanar esta deuda recién el 2003 se promulgó la Ley 18.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La tarea no ha sido nada de fácil y mucha agua ha pasado bajo el puente. Sin ir más lejos después de dos décadas aún se discute si el país necesita un Ministerio o un organismo colegiado como el actual Consejo.
El 11 de marzo se cumplirá un año desde que asumió como Ministro Presidente del Consejo de la Cultura Luciano Cruz-Coke, quien tiene tres años por delante (como máximo) para continuar “sembrando sobre lo obrado” como él mismo ha dicho. Justamente a fines de este mes de marzo se darán a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Políticas Culturales, consulta online que aborda tres ejes de acción: patrimonio cultural, participación ciudadana, y promoción de las artes. Una iniciativa loable que busca conocer la opinión de quienes tuvieron acceso al portal del Consejo a emitir su dictamen. No obstante ello y con ánimo constructivo hay que decir que la metodología de esta consulta resultó arbitraria puesto que las preguntas fueron cerradas y más allá de manifestar un interés que puede ser (según la propia consulta) nulo, bajo, medio, alto, o muy alto, está lejos de ser una herramienta eficaz y queda la duda si no es más que una excusa para justificar intereses de la administración de turno.
[cita]Ha tenido que lidiar con una institución que heredó un aparato administrativo con una deuda de 1.400 millones de pesos, a lo que hay que sumar la dificultad para encontrar profesionales con un perfil idóneo para cargos que requieren experiencia y capacitación en una organización compleja y sectorial como es el Consejo de la Cultura.[/cita]
Problema que ha sido por muchos epígonos del mundo cultural y los propios sectores más liberales tildado más de una vez como dirigismo del Estado. Habría sido ideal conocer masivamente esta iniciativa y haberla difundido como corresponde en los medios y la opinión pública más aún si de ahí saldrán insumos para una futura política pública. Esperemos que la medida sea complementada con la participación activa de los sectores interesados.
El actual Ministro Presidente se ha propuesto algunas metas que suenan bien y parecen necesarias, como por ejemplo la modernización institucional, el fomento de las audiencias, las industrias creativas, educación y cultura, e infraestructura y gestión. Una carta de navegación bastante clara aunque indiscutiblemente de continuidad puesto que todos estos ítems vienen siendo trazos de las administraciones anteriores que en su ideario ya habían planteado y puesto en marcha estos programas.
No hay que olvidar que en los años noventa un largo peregrinaje de comités y mesas de trabajo dieron vigor a muchas discusiones en donde personalidades como Manuel Antonio Garretón y Milan Ivelic, increíblemente todavía, Director del Museo de Bellas Artes, crearon las históricas comisiones que llevan sus nombres para discutir que tipo de Institucionalidad Cultural requería este país y en qué consistiría la participación y el acceso en este ámbito. Recordemos que Claudio Di Girolamo estuvo a cargo de la División de Cultura por casi diez años empecinado en lo que denominó “Ciudadanía Cultural”, proyecto masivo de participación a través de populares Cabildos en todas las regiones del país, y de la conformación de una Cartografía Cultural que se exporta hasta el día de hoy al extranjero.
Pero hay que ser sensato y reconocer que el actual Ministro no se las ha llevado fácil a pesar de su buena cobertura mediática y contar con la segunda mejor aprobación después de Golborne según las encuestas. Primero ha tenido que lidiar con una institución que heredó un aparato administrativo con una deuda de 1.400 millones de pesos, a lo que hay que sumar la dificultad para encontrar profesionales con un perfil idóneo para cargos que requieren experiencia y capacitación en una organización compleja y sectorial como es el Consejo de la Cultura. Más aún cuando sabemos que los sueldos en la Administración del Estado son más bajos que en la empresa privada.
Sin embargo, más allá de un balance de la gestión es importante destacar que Cruz Coke ha puesto en el tapete situaciones que no son menores y que tensionan permanentemente la institucionalidad chilena, como la fragmentación de competencias culturales entre diferentes instituciones como la Dirección de Archivos Bibliotecas y Museos, DIBAM, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, DIRAC, y el 2% que destinan las Intendencias a través del Ministerio del Interior a cultura sin tener prácticamente nada que decir. Lo mismo con el Consejo de Televisión que desde el año 98 por ley explicita que los canales de televisión de señal abierta deben emitir a lo menos una hora de programación cultural por semana, lo que es francamente vergonzoso. Entonces la pregunta es ¿de qué institucionalidad estamos hablando para evitar tanta duplicidad de funciones, ineficiencias y pérdidas de recursos públicos?
Hay problemas que son endémicos como por ejemplo el impuesto al libro que ya parece una batalla perdida o los índices de piratería que elevan a Chile a un puesto récord generando pérdidas de hasta 200 millones de dólares al país. Leyes como las de Monumentos Nacionales que están casi obsoletas, y la propia Ley de Donaciones que requiere una cirugía para que no sólo sean las elites las nuevas audiencias. No olvidemos que en los sectores vulnerables según la encuesta de consumo cultural y tiempo libre del año 2009 un 2, 6% de la población accede a actividades culturales. En cuanto a la lectura los resultados también son magros, según estudios de Adimark y Fundación la Fuente un 46% de los chilenos no lee y un 70% no compra libros, y el aporte de la industria cultural al PIB no alcanza los dos dígitos.
Sin duda la Institucionalidad Cultural chilena carga con dilemas estructurales que difícilmente un Ministro puede resolver sin la participación activa de la ciudadanía y los sectores especializados en diferentes materias como los gremios artísticos, los creadores, los académicos e intelectuales, la economía, el patrimonio, y la educación.
No se trata de mirar sólo la parte vacía del vaso. Sabemos que también hay cifras positivas en todos los ámbitos y nuevas ideas que pueden dar mayor fluidez y frescura a nuestro acontecer cultural, pero no por ello vamos a ser auto críticos con los pecados de una institucionalidad que por muy joven que sea, arrastra viejos problemas.
