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Homenaje al reo desconocido

por 13 marzo 2011

Aunque no le mencionó por nombre, Bulnes todavía se acuerda. De hecho -y sin perjuicio de los esfuerzos que se han hecho para encontrar a los responsables penales y administrativos de la crisis dentro de Gendarmería-, el titular de Justicia ha estado abocado a mejorar las condiciones de los reos desde que tomó las riendas de la cartera.

Tal vez no fue parte oficial del libreto comunicacional, pero el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, rindió una especie de tributo post mórtem el día del gran anuncio sobre las medidas de descongestionamiento carcelario.

El homenajeado: Bastián Camilo Arriagada, el recluso de 22 años que estaba en la nómina de fallecidos del siniestro de la cárcel San Miguel el pasado 8 de diciembre.

En entrevista con CNN Chile, Bulnes hizo alusión al joven cuando sentenció que “la gente no se siente amenazada por una persona que vende CDs pirata” -refiriéndose indirectamente a los 61 días de presidio que recibió Arriagada por tal ilícito.

Aunque no le mencionó por nombre, Bulnes todavía se acuerda. De hecho -y sin perjuicio de los esfuerzos que se han hecho para encontrar a los responsables penales y administrativos de la crisis dentro de Gendarmería-, el titular de Justicia ha estado abocado a mejorar las condiciones de los reos desde que tomó las riendas de la cartera.

Aunque no le mencionó por nombre, Bulnes todavía se acuerda. De hecho -y sin perjuicio de los esfuerzos que se han hecho para encontrar a los responsables penales y administrativos de la crisis dentro de Gendarmería-, el titular de Justicia ha estado abocado a mejorar las condiciones de los reos desde que tomó las riendas de la cartera.

Llama la atención que el paquete de medidas anunciado por Bulnes y su par del Interior, Rodrigo Hinzpeter, haya sido presentado a sólo días de que el Presidente Piñera cumpla un año en el cargo. Llama la atención ya que las palabras de Bulnes -y las medidas anunciadas, en general- contradicen el discurso de tolerancia cero que el Gobierno ha desplegado desde que asumió el poder.

Hinzpeter, por su parte, no dio el brazo a torcer y despejó cualquier duda, haciendo hincapié que el Gobierno iba a continuar “dando con mano firme y mano dura un combate decidido y frontal en contra de la delincuencia”. Sin embargo, no demoró mucho en contrariar su propia postura al conceder que las cárceles son “universidades del delito” para muchos jóvenes primerizos. En otras palabras, admitió implícitamente que la puerta giratoria sí ha de destrancarse en casos puntuales.

En el mundo político, por otra parte, el anuncio provocó un bullicio de opiniones y reacciones encontradas, principalmente a raíz del famoso indulto -palabra odiada por la Concertación, apoyada por la Iglesia, y bienvenida por un grupo significativo de parlamentarios del oficialismo. Independiente de quien tiene o no la razón, la politización del asunto le ha quitado protagonismo al resto de paquete de medidas, el que -más que obedecer a si beneficia o no a militares condenados- busca transformarse en una iniciativa rápida y cortoplacista de reducir el hacinamiento ahora.

De todas estas voces, quizás la más templada fue la del timonel del Partido Comunista, Guillermo Teiller, quien afirmó que “ésta es una medida menor para enfrentar el drama carcelario; aquí no se están tomando todavía medidas de fondo, porque esto es un paliativo y el Gobierno tiene que mirar con mayor responsabilidad lo que está ocurriendo en las cárceles”.

Aunque el Gobierno aún no ha revelado la letra chica de la iniciativa, no se le puede confundir por una nueva política de Estado, como lo fue la Reforma Procesal Penal hace diez años. Como explicó en un comentario en Radio Bío Bío Tomás Mosciatti, la medida busca una solución netamente “aritmética” -sin aires políticos, eclesiásticos, o de gran reforma.

Con o sin anuncio, aún quedan varias deudas pendientes en la nueva justicia penal, como lo son la actualización del arcaico Código Penal, el aumento de las plazas penitenciarias, y la actualización de una vez por todas a la Ley 18.216, el estatuto que en 1983 permitió que jueces en lo penal sentenciaran a imputados a “medidas alternativas a la reclusión”. Esta última, de acuerdo a parlamentarios que la discutieron en comisión el mismo martes 8 de marzo, esta ad portas ser despachada al pleno de la Cámara. Vamos a ver.

Cuando ésta y otras reformas de Estado en materias carcelarias estén aprobadas y operantes, ahí recién podremos decir que, como país, aprendimos algo el 8 de diciembre. Hasta entonces, sólo tendremos que conformarnos con homenajes sin nombre ni apellido.

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