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Política energética eléctrica ¿a la medida de quién?

por 20 marzo 2011

Para que una política energética nacional represente un verdadero avance para el país, debe gestarse de manera participativa y democrática, incorporando opiniones de todos los sectores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos meses hemos sido testigo de cómo el gobierno se ha sumado con entusiasmo a la campaña de terror gestada desde los grandes empresarios del sector eléctrico, respecto al futuro energético – eléctrico del país. HidroAysén -uno de los proyectos energéticos de mayor envergadura presentados hasta ahora-, inició el año pasado una campaña publicitaria multimillonaria que busca convencer a la ciudadanía de una supuesta perspectiva oscura para la energía, incluyendo la amenaza de racionamiento y cortes de luz, aparentemente  en un futuro muy próximo.

Este año, han sido los propios funcionarios de gobierno, encabezados por el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, los que han comenzado a insistir en el mismo mensaje, llamando al ahorro energético y anunciando con bombos y platillos una serie de medidas para apoyar este ahorro, las que por lo general en la práctica tienen un efecto muy marginal. Este mismo mensaje lo ha repetido la empresa de Eike Batista  tras la aprobación de Castilla, un proyecto termoeléctrico a carbón que tendría una capacidad instalada similar a HidroAysén.

Lo cierto es que la supuesta estrechez energética del país es altamente cuestionable. Si el origen de la actual estrechez es la sequía, lo cierto es que ningún proyecto de generación eléctrica puede ser aprobado y construido con efecto inmediato; por el contrario, deberán pasar varios antes de que están operativos, por lo que no son capaces de solucionar la actual crisis. Argumentar la actual estrechez para aprobar estos proyectos es, por decir lo menos, engañoso.

Para que una política energética nacional represente un verdadero avance para el país, debe gestarse de manera participativa y democrática, incorporando opiniones de todos los sectores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil.

La urgencia por incrementar drásticamente la potencia de generación del país en los próximos años tiene su origen más bien en las necesidades de los sectores productivos más intensivos en energía, especialmente la minería del norte grande, y no en el consumo de las personas, que crece a un ritmo muchísimo más moderado. Por otra parte, el Ministro Golborne parece no conocer las informaciones que difundió el ex ministro de Energía Ricardo Raineri , quien informó el año pasado que entre enero de 2007 y julio de 2010 se habían aprobado proyectos por aproximadamente 9.800 MW, y que la construcción de estos proyectos está programada para los próximos años. Por ello, la campaña desatada por empresarios y gobierno desata suspicacia.

Lo único positivo de esta arremetida  de la gran industria, apoyada por el gobierno,  es que ha puesto nuevamente el tema de la generación eléctrica en la opinión pública, pese a lo cual un debate con argumentos de fondo ha sido esquivo. Eso sí, pareciera que para Golborne hay distintas categorías de ciudadanos, pues se mostró muy abierto y receptivo a la petición efectuada hace algunas semanas por Lorenzo Constans, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en una reunión privada, en el sentido de diseñar una política energética para el país. Esta es una aspiración reiterada con insistencia desde hace años por organizaciones de la sociedad civil, hasta ahora sin mayores resultados; pero Constans debe haber desplegado argumentos mucho más convincentes, pues la sugerencia fue de inmediato acogida por la autoridad, que se comprometió a trabajar el tema.

Sin importar las circunstancias en que se tome una decisión de esta naturaleza, resulta altamente valorable, por lo que es de esperar que se concrete. Pero para que una política energética nacional represente un verdadero avance para el país, debe gestarse de manera participativa y democrática, incorporando opiniones de todos los sectores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y representantes de la ciudadanía, quienes son los que finalmente, en mayor medida sentirán –o sufrirán- las consecuencias de la imposición de una buena o mala política energética, ya sea en temas estrictamente eléctricos o incorporando todo lo relacionado con la energía (incluyendo transporte y calefacción).

Además, debe basarse en datos fidedignos que reflejen la realidad del país en esta materia, tanto en términos de la generación (tipo de centrales existentes y por construir, combustible utilizado, distribución geográfica, impactos medio ambientales de las distintas tecnologías, etc), como del consumo, tanto industrial como domiciliario.

Durante los últimos meses, una serie de decisiones tomadas por el gobierno de Sebastián Piñera han generado serias dudas sobre su independencia respecto al gran sector empresarial, tanto nacional como extranjero. Repetir el mismo patrón de conducta en relación a un tema tan trascendente como el diseño de una política energética para Chile sería una grave error, que pagarán las generaciones presentes y futuras.

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