La TVD es un imperativo tecnológico, y si la autoridad pública y los privados hacen bien su “pega”, debiera traer importantes consecuencias positivas para el país. La primera de ellas, desde una perspectiva democrática, posibilitará que haya más canales de TV de libre recepción y que, por lo mismo, podrán ingresar otros oferentes a este mercado, con su potencial ganancia en pluralismo y diversidad de contenidos.
En una decisión muy relevante para el país, hace pocos días el Tribunal Constitucional desechó una impugnación por inconstitucionalidad pretendida por un grupo de parlamentarios en contra del Decreto 264 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, norma que reglamenta puntos esenciales para la transición desde una TV abierta analógica a una digital.
Tal sentencia permitirá a la Subtel mantener, en lo medular, con continuidad en el tiempo, la política pública iniciada bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, consistente en el otorgamiento a los actuales canales de TV y a otros interesados en participar en el mercado de la televisión, de breves concesiones provisorias renovables de TV digital abierta (TVD), con fines demostrativos y/o experimentales.
Por supuesto que el paso de una concesión demostrativa y/o experimental a una comercial es, y seguramente seguirá siendo, competencia del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), de conformidad a la Ley de Televisión, cuya modificación, para adecuarla a la nueva TVD, se encuentra en plena tramitación en el Congreso Nacional.
[cita]Otros temas relevantes que deberá despejar la normativa de la TVD, serán: la duración de las concesiones, varias de las cuales hoy son indefinidas, como herencia de una antigua legislación, ahora derogada; el plazo para el simulcasting.[/cita]
Las mencionadas concesiones provisorias son las que han permitido el inicio y mantención en el tiempo de las transmisiones de TVD, principalmente –por ahora- en la Región Metropolitana, dando así satisfacción a los ya cientos de miles de chilenos que poseen un aparato que permite captar estas señales (norma ISDB-T, con MPEG 4, llamada norma “japonesa/brasileña”), sea a través de un televisor casero o un celular.
La TVD es un imperativo tecnológico, y si la autoridad pública y los privados hacen bien su “pega”, debiera traer importantes consecuencias positivas para el país. La primera de ellas, desde una perspectiva democrática, posibilitará que haya más canales de TV de libre recepción y que, por lo mismo, podrán ingresar otros oferentes a este mercado, con su potencial ganancia en pluralismo y diversidad de contenidos, e impulso a la creación audiovisual (“más y mejor TV abierta”). Esto, porque la tecnología digital permite optimizar el denominado espectro radioeléctrico, que es el hábitat de la conectividad moderna, al posibilitar fraccionarlo en más partes, lo que equivale a un ensanchamiento de sus capacidades. Se trata de un bien público muy escaso, pero que gracias a la digitalización lo será un poco menos.
En la “antigua” TV analógica no caben más canales (en las zonas más habitadas del país) y por lo mismo, no existe la posibilidad física para que puedan entrar nuevos actores a este mercado, de gran relevancia por su influencia y creación de bienes simbólicos, lo que las nuevas tecnologías pueden corregir.
Ahora, lo que se requiere para consolidar y proyectar en el tiempo el nuevo mercado de la TV abierta digital (TVD), con más canales y más actores, es que tanto la Ley de Televisión –en actual tramitación en el Congreso Nacional- como las demás normas reglamentarias que se dicten al efecto (muy especialmente el Plan de Uso de Frecuencias), pavimenten el camino para que efectivamente entren a este mercado nuevos operadores, ojalá también medianos y pequeños (no solo grandes y muy grandes), única forma de hacer realidad en los hechos la creación y transmisión de una TVD con diversidad y pluralidad y, esperamos, calidad de contenidos.
Son varios los mecanismos para permitir lo anterior, pero -a juicio nuestro- especial atención deberá dar el Legislador y el Ejecutivo al aumento de fondos concursables para el financiamiento de los programas que el mercado no quiera pagar y al mejoramiento de las formas de asignación de estos recursos. También, velar, a través de distintas herramientas, para que los antiguos grandes canales de TV no puedan aprovecharse de su inicial posición dominante, sea individual o asociativamente hablando (Anatel).
Otros temas relevantes que deberá despejar la normativa de la TVD, serán: la duración de las concesiones, varias de las cuales hoy son indefinidas, como herencia de una antigua legislación, ahora derogada; el plazo para el simulcasting (obligatoriedad de transmisión analógica y digital simultáneas para los actuales canales analógicos) hasta que devenga el apagón analógico; la posibilidad de que los canales puedan, además de transmitir señale(s) de libre recepción, utilizar parte de los 6 mhz que se le asignen para realizar otras actividades lucrativas, mejorando así su modelo de negocios, y la obligatoriedad para los operadores de TV Cable de subir a sus parrillas programáticas de pago la programación abierta o gratuita de los canales de TV de libre recepción.
Respecto a estos dos últimos puntos, vale la pena tener presente lo siguiente:
1.- Los ingresos de los actuales operadores de la TV abierta o de libre recepción o gratuita, podrían verse afectados por la previsible redistribución de la denominada “torta publicitaria” como consecuencia de la entrada de nuevos actores al negocio (por la digitalización). No hay que olvidar que el actual “modelo de negocios” de la TV descansa principalmente en los ingresos generados por los avisos comerciales que exhibe.
2.- Si no se obliga a los cableoperadores a subir a sus “parrillas programáticas”, pagadas bajo suscripción, también el contenido que generan los canales de TV abierta o gratuita, se puede consolidar hacia el futuro la existencia de “dos televisiones” distintas: la de los que pueden pagar y la de los que no pueden pagar, es decir, la TV de los ricos y la TV de los pobres. La TVD gratuita debería ser un mínimo común múltiplo de toda la ciudadanía en cada zona geográfica del país, fácilmente asequible tanto para los que han contratado cable como para los que no (al respecto, debemos recordar la potencia de la TV para generar bienes simbólicos). No puede pretenderse que una persona que ha contratado cable solo logre ver la TV abierta o gratuita que miran los demás ciudadanos (que no tienen cable) solo previa desconexión del cable, lo que difícilmente ocurrirá. Ni tampoco que estos suscriptores solo puedan ver en su parrilla los canales de libre recepción que los cableoperadores por sí y ante sí quieran incluir, y ningún otro, cuestión que podría hacerse dramática y discriminatoria cuando haya más canales de TVD abierta.
