La madre de una de las víctimas del cura Tato declaró que una alta autoridad de la Iglesia de Santiago, ya fallecida, le dijo que no llevara el tema a los Tribunales, porque ella era una hormiga y la Iglesia, un elefante. Lo de Karadima no fue muy diferente hasta hace poco.
Las declaraciones de James Hamilton en Tolerancia Cero apuntan directamente a la responsabilidad de las altas autoridades de la Iglesia Católica por no sólo haber permitido la ocurrencia de graves delitos, sino que también haber hecho todo lo posible porque la verdad no se impusiera.
Estas acusaciones son aún más duras, si se considera que la Iglesia Católica es en Chile una institución presente en la vida de una mayoría de ciudadanos que profesan esa religión, que educan a sus hijos en colegios católicos y que incluso valoran su papel en ámbitos como la lucha contra la pobreza o la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
Sin embargo, durante los últimos años, la opinión pública ha conocido investigaciones contra sacerdotes de los Tribunales de Justicia o de la Fiscalía, en el nuevo sistema procesal penal. Es interesante, en este punto, detenerse a observar la actitud de la jerarquía católica en estos casos para entender que el cambio que hoy se aprecia, en gran parte posibilitado por los nuevos aires del Vaticano, no fue jamás la norma.
Cuando a fines de los 90, el sacerdote de Punta Arenas Víctor Hugo Carrera fue imputado de abusar de un menor, el acusado salió del país contando con el apoyo de la diócesis, que lejos de apoyar a la víctima dio su respaldo al cura.
Otro caso emblemático fue el del sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle, el cura Tato. Cuando se supieron las primeras denuncias, fue trasladado a Quilicura, sin que se adoptara medida alguna que le impidiera seguir ejerciendo en colegios, pese a que ya tenían antecedentes negativos de sus actuaciones en un establecimiento del barrio alto. Posteriormente, fue enviado a Centroamérica, desde donde debió retornar para enfrentar las imputaciones.
[cita]Aguirre tuvo como abogados defensores a profesionales que fueron contactados por la Iglesia para asumir su defensa penal. Coincidentemente, se trata de uno de los estudios que hoy representa a Karadima.[/cita]
En este caso, Aguirre tuvo como abogados defensores a profesionales que fueron contactados por la Iglesia para asumir su defensa penal. Coincidentemente, se trata de uno de los estudios que hoy representa a Karadima.
Cuando la verdad de lo que ocurría con el cura Tato ya se imponía en los tribunales, la jerarquía de la Iglesia Católica se preocupó principalmente de evitar el pago de una indemnización. Y lo logró, pese a que Aguirre era sacerdote diocesano, es decir, dependía directamente de la Diócesis de Santiago.
La madre de una de las víctimas del cura Tato declaró que una alta autoridad de la Iglesia de Santiago, ya fallecida, le dijo que no llevara el tema a los Tribunales, porque ella era una hormiga y la Iglesia, un elefante.
Lo de Karadima no fue muy diferente hasta hace poco, incluso la defensa ha sido más evidente, considerando que no se trata de un simple sacerdote, sino que de un “prócer” de la Iglesia como lo definiera Ximena Ossandón. La protección ha perdurado, incluso después de que el Vaticano lo condenó como responsable de abusos.
Pero lo diferente han sido las víctimas, personas del mismo sector social del imputado y que han demostrado una decisión y una valentía a toda prueba. Se ha dicho que en este caso, la Iglesia actuó antes que la justicia civil. Si bien es cierto que el caso penal recién reabierto no ha avanzado, es un hecho que los tribunales lo conocieron muchos años después de que las víctimas recurrieran a su propia Iglesia.
Ahora, se ofrece toda la colaboración católica para los tribunales. ¿Irá a ocurrir eso verdaderamente si los jueces más allá de corroborar que algunos delitos están prescritos buscan más información sobre posibles casos nuevos e imputan cargos a cómplices y encubridores del abusador?
Esa historia está por escribirse.
