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La empleabilidad femenina contra el posnatal

por 23 marzo 2011

La pelea entre proyectos colectivos opuestos que se observa en la reforma del postnatal nos muestra que la ciudadanía logra de manera indirecta, bajo el seudónimo de “opinión pública”, que se escriba, aunque con serias faltas de ortografía, una línea más de esa agenda colectiva.

El debate sobre la reforma del postnatal tiene una morfología interesante. En una esquina tenemos a “los economistas, abogados y otros expertos”, citados por los medios de referencia, que defienden al unísono la necesidad de incorporar flexibilidad,  gradualidad y diferenciación por ingresos a la reforma. En la otra esquina, se encuentra el mundo político. En este mundo, claro está, no hay consenso sobre las características específicas del postnatal, pero sí existe acuerdo – y esto es lo que más molesta a nuestros expertos – sobre la necesidad de establecer un mínimo obligatorio de beneficios garantizado por la ley.

¿Qué sucede en la esquina de los expertos? ¿Por qué abogan por la flexibilidad? ¿A qué le temen?  Sin flexibilidad, es decir, sin una ley que se aplique de manera diferenciada a las distintas clases de trabajadoras, corremos el riego – nos explican–  de producir efectos que nadie en su sano juicio podría desear. Uno de éstos concierne a la empleabilidad femenina. Se arguye que si las empresas deben asumir costos superiores a los actuales para contar con un empleado femenino, las empresas se verán incitadas a discriminar a las mujeres –o al menos a todas las mujeres en edad de procrear ¡O, al menos,  a todas aquellas que no hayan tenido el profesionalismo de extirpase el útero! En un país en el que la regulación económica de la salud ha resultado en  la discriminación  sistemática de ancianos, enfermos, niños y mujeres ¡claro está que debemos temer este comportamiento de las empresas!

La pelea entre proyectos colectivos opuestos que se observa en la reforma del postnatal nos muestra que la ciudadanía logra de manera indirecta, bajo el seudónimo de “opinión pública”, que se escriba, aunque con serias faltas de ortografía, una línea más de esa agenda colectiva.

A menos de que se trate de un modelo que promueva y genere esos comportamientos, y no de la realidad social, es decir, en este caso, del sistema de valores y de preferencias de la gran mayoría de empresarios en Chile. Quizá los empresarios de a pie no solo piensan en la productividad de sus empleados en términos de horas trabajadas como nos explican los consejeros, quizá también piensan en su experiencia, su inteligencia, su creatividad o su capacidad de iniciativa. La noción de empleabilidad no considera estos elementos pues supone una cosificación de los trabajadores en capital humano, reemplazables, duplicables, prescindibles. Esta visión materialista de los trabajadores, que supone una adaptación de las personas a las necesidades del “mercado”, confunde los medios con los fines: la productividad económica es la meta, y las personas  son sólo un recurso, entre muchos otros, para llegar a ella. La noción de empleabilidad olvida que el “mercado”, en un régimen no totalitario, necesita de la diversidad y la personalidad de quienes lo construyen para existir. Olvida, por lo demás, que son las capacidades laborales atípicas, únicas, relacionales, tácitas y personalizadas las que construyen la eficacia de un “mercado”, y que esto será cada vez más cierto.

Nuestros expertos nos previenen también sobre el riesgo de disminución de la natalidad. En realidad, este es un efecto no deseado indirecto que deriva de la supuesta pérdida de empleabilidad. Por supuesto, si las mujeres se ven discriminadas, lo pensarán dos o tres veces antes de decidirse a tener un hijo. En el reino del miedo impuesto por empresas que discriminan a las mujeres por tener hijos, efectivamente uno puede suponer que éstas últimas tiendan a descartar la idea de procrear. Sobre todo aquellas sin recursos, sin pareja, sin influencia, sin información sobre sus derechos. No es la natalidad la que bajará, es la discriminación la que, según el modelo de nuestros expertos, aumentará.

Afortunadamente, se trata de un falso argumento, pues Chile se dotará próximamente de una ley contra la discriminación. Nuestros consejeros no tienen nada que temer en este sentido.

¿Y qué sucede en la esquina política? De manera general, considerar una ley con un mínimo obligatorio de beneficios, requiere pensar que el Estado debe velar por el acceso de todos a ciertos recursos. En este caso, el tiempo libre para cuidar a su hijo recién nacido. Desde la perspectiva de un proyecto político, lo que se define es un bien colectivo inalienable, un espacio de derecho que regula la frontera entre el mundo laboral y el mundo familiar. Esto significa que la colectividad entiende que las lógicas de interés y de valor entre estos dos tipos de entidades (las empresas y las familias), no siempre coinciden y que, por lo tanto, se deben acordar los términos mínimos que definen su relación en determinadas circunstancias. No se trata de neutralizar una relación de poder – este sería un proyecto estéril –, ni de desconfiar del uso que las empresas o los individuos dan a ese poder, sino de escribir una línea más del proyecto de sociedad que se construye en Chile, esto es, reforzar la construcción de un bien colectivo creando las condiciones para que todos los recién nacidos accedan a los beneficios en materia de salud, de desarrollo y de seguridad que están asociados a los cuidados maternales en la primera infancia.

Pero el proyecto de reforma no hace esto. La reforma propuesta por el gobierno define un dispositivo mixto. Un sistema que incluye, a la vez, obligación para algunos y desincentivos para otros. Una propuesta que concibe la noción de proyecto colectivo, pero que es incapaz de aplicarla coherentemente. Tratándose de un gobierno repleto de expertos defensores de la ideología económica más darwiniana, vale la pena preguntarse por qué se incluyó siquiera, para algunos, un espacio de derecho obligatorio (los 24 meses de postnatal obligatorio para quienes ganan menos de 30 UF) ¿Por qué la experticia económica en regulación laboral no hizo y deshizo a sus anchas? ¿Por qué las autoridades descartaron, en parte, las conclusiones de la Comisión sobre Mujer, Trabajo y Maternidad? En definitiva ¿por qué la reforma contiene una parte de proyecto político?

Esto se explica en parte por la necesidad de pasar por el parlamento, pero también, como muchos han indicado, por el miedo de las autoridades a hacer una reforma impopular. Esta segunda explicación no es anecdótica pues tras el cálculo interesado, tras la carencia de proyecto político y la gestión obsesiva del oportunismo –que explican sin duda el comportamiento del gobierno–, se esconde una realidad más positiva. Si el gobierno debió adaptarse es porque existe en la ciudadanía una idea del proyecto de país que se quiere construir. El gobierno actúa interesadamente pues frente a él tiene un ideario, desarticulado y huérfano, pero potente, al que debe ajustarse.

La pelea entre proyectos colectivos opuestos que se observa en la reforma del postnatal nos muestra que la ciudadanía logra de manera indirecta, bajo el seudónimo de “opinión pública”, que se escriba, aunque con serias faltas de ortografía, una línea más de esa agenda colectiva, de ese proyecto común subyacente que los actores políticos deberían ser capaces de representar: el postnatal como bien colectivo inalienable.

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