El crecimiento ofrece mejores oportunidades económicas a la población, pero también plantea nuevos desafíos a la democracia, como es la influencia de los negocios en la política. Ello es de mayor envergadura en países con una alta concentración del ingreso como en Chile, pues quienes tienen grandes recursos económicos pueden influir en el poder político.
El ex presidente Ricardo Lagos ha dado a conocer un documento Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad, en el cual formula una “invitación a pensar, a intercambiar ideas: a construir, entre todos, un país mejor”. Es un documento importante y oportuno y cabe aceptar su invitación a intercambiar ideas.
El texto comienza con una pregunta, que pone en dedo en la llaga del Chile de hoy: “¿Queremos convertirnos realmente en una sociedad más igualitaria?”, partir de indicar que las enormes desigualdades de ingreso existentes en Chile hoy impedirían alcanzar el desarrollo. Y advierte, enseguida, el crecimiento en sí mismo no lleva al desarrollo, una afirmación que implica una cierta autocrítica del ex mandatario, porque los gobiernos de la Concertación enfatizaron el crecimiento.
Uno de los desafíos estratégicos planteados por el presidente Lagos es construir una “democracia 2.0”, que tenga una alta legitimidad y una buena calidad de la política. Para avanzar en esa dirección propone, correctamente, cambiar el sistema binominal, porque “erosiona –en el largo plazo- las bases del sistema democrático”.
No nos dice cuál sería el sistema electoral que le reemplazaría, pero no puede ser otro que el proporcional, que predomina en las democracias avanzadas, con excepción de Gran Bretaña y sus antiguas colonias, y fue el que tuvo Chile hasta 1973. Este es el que permite la expresión del pluralismo de partidos en el sistema de representación. Los partidarios del binominal lo rechazan porque favorecería la fragmentación del sistema de partidos, aunque ahora hay ocho partidos con representación en el Congreso, un número superior al que hubo a fines de los años 60 con un sistema proporcional que ni siquiera tenía barrera legal.
[cita]La experiencia comparada, como lo ha recordado recientemente Paul Krugman, muestra que la disminución de las desigualdades está asociada a dos instituciones: los impuestos y los sindicatos. Los países europeos son un claro ejemplo de ello, como también Japón y hasta los EE.UU.[/cita]
El crecimiento ofrece mejores oportunidades económicas a la población, pero también plantea nuevos desafíos a la democracia, como es la influencia de los negocios en la política. Ello es de mayor envergadura en países con una alta concentración del ingreso como en Chile, pues quienes tienen grandes recursos económicos pueden influir en el poder político.
Tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación, que ayudan a financiar a través del avisaje de sus empresas; pueden contribuir al financiamiento de los partidos y las campañas políticas y disponen de capacidad de cooptación, pudiendo nombrar en los directorios de las empresas, o contratar los servicios, a ex ministros y ex parlamentarios.
Esto plantea un problema no considerado por el presidente Lagos en su reflexión de tener una mejor democracia: la necesidad de regular el financiamiento público de la política, que remite a las relaciones de ésta con los negocios. Siempre ha habido y habrá desigualdad de ingresos. Sin embargo, las democracias establecen recursos institucionales para prevenir que ella sea fuente de abusos en la economía y en el sistema político. Buscan separar los negocios de la política, para que ésta tenga autonomía y capacidad de controlar y regular a aquellos.
Existe el sufragio universal que es igual para todos, superando el censitario que hubo en el siglo XIX. Hay partidos políticos, que movilizan los intereses de la sociedad en las elecciones, para que sus representantes lleven la voz de la mayoría y no de la minoría con poder económico. Existen grupos de interés (también llamados grupos de presión), para que los débiles puedan organizarse para influir ante la autoridad para que atienda sus intereses. En cuarto lugar, establecen un financiamiento público de la política, que abarca desde mantener el sueldo de los ministros por un período después que dejan el gobierno (hasta dos años) para impedir que sean cooptados por las empresas, nacionales o extrajeras, se financias las campañas electorales y también se entregan recursos económicos para el funcionamiento de los partidos.
La experiencia comparada, como lo ha recordado recientemente Paul Krugman, muestra que la disminución de las desigualdades está asociada a dos instituciones: los impuestos y los sindicatos. Los países europeos son un claro ejemplo de ello, como también Japón y hasta los EE.UU.
En Chile ambas instituciones son débiles. La carga tributaria es bajísima y sobre las utilidades retiradas y no las devengadas, como advierte el presidente Lagos. Los sindicatos son muy débiles, una herencia de las reformas neoliberales del régimen militar, que los gobiernos de la Concertación no corrigieron.
Existe un argumento conservador que desconoce esas dos instituciones y propone otro camino para disminuir las desigualdades: las políticas contra la pobreza. Ello no es suficiente, porque benefician a los que están abajo en la escala social, que es ahora menos del 13% de la población, una minoría, sin beneficiar al resto de los chilenos, especialmente los trabajadores, que tienen bajos sueldos y empleo precario en muchas empresas, y deja sin tocar a los que están más arriba.
Este argumento conservador se refuerza con otros dos: el sindicato es una institución del pasado y el aumento de los impuestos pondría en peligro la continuidad del crecimiento. Es una afirmación errada, porque desconoce el hecho que las desigualdades son una barrera al crecimiento, especialmente por los altísimos costos que encuentran las PYME en el mercado.
Hay que avanzar en el fortalecimiento de los sindicatos y plantear el tema tributario para que haya más equidad y para que la pequeña minoría contribuya más al desarrollo del país y esos ingresos permitan financiar los programas del Estado en beneficio del bien común. Ambos temas son tabú en el mundo empresarial y los sectores conservadores. Y se debe enfrentar con urgencia una reforma política que se haga cargo del financiamiento de la política, incluyendo el de los partidos. Ella permitirá que haya una clara autonomía del poder económico, el Estado estará en mejores condiciones de exigir la modernización de los partidos y ayudará a disminuir el peligro de dependencia de la política de los negocios, contribuyendo así a mejorar la calidad de la política y a fortalecer la legitimidad de la democracia.
La disminución de las desigualdades es una tarea política indispensable porque ellas limitan las posibilidades de llegar al desarrollo y dañan la calidad de la política y de la democracia. Con las actuales desigualdades no alcanzaremos una “democracia 2.0”. Y para disminuirlas no bastan las políticas contra la pobreza, sino otras políticas y reformas, que establezcan una clara y sólida separación de los negocios y la política, lo cual requiere, entre otras, el fortalecimiento de los grupos de interés, especialmente los sindicatos, y de los partidos.
