Señor Director:
Una vez más, la cara más frágil de la democracia chilena se ve evidenciada en los recientes acontecimientos que involucran dos emblemáticos proyectos energéticos.
Los casos de Castilla y Campiche —cambio de calificación de contaminante a molesta y la redacción de una ley específica con el objeto de revertir los efectos de una sentencia judicial de la Corte Suprema, respectivamente— ponen de manifiesto que, a pesar de lo avanzado con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia en abril de 2009, sigue predominando en Chile la cultura del secretismo y del tráfico de influencias.
En un país en el que prime una institucionalidad transparente y estable, las calificaciones ambientales no deben ser dictadas de manera discrecional ni tampoco deben dictarse leyes ad hoc para satisfacer intereses particulares.
Si las decisiones se toman sin considerar la opinión ciudadana, especialmente de las comunidades directamente afectadas, se quebranta la confianza entre los ciudadanos y el Estado. Y, en este caso, no sólo pierde la institucionalidad política, sino la sociedad entera.
J. Manuel de Ferrari F.
Coordinador Proyecto Incide, Corporación Participa
www.incide.cl
