Sabido es que esta ley responde primero que nada al interés de las propias Isapres, quienes, como industria, se encuentran operando hoy en un terreno de grandes incertidumbres, en particular cuando la propia Corte Suprema en sus fallos ha interpretado el conocido fallo el Tribunal Constitucional en la dirección de abolir la tarificación por riesgo.
Las isapres tienen doble militancia: militan en el mercado, vendiendo seguros de salud cuyas primas se establecen en función de los riesgos de los asegurados. Pero, mal que les pese, militan también en la seguridad social, pues los planes se financian principalmente con parte de la renta de las personas que por mandato estatal debe destinarse a la compra de un seguro de salud. Esto es lo que garantiza los flujos del negocio. Por eso, el aparato que las regula es especial y la frondosa malla reguladora que se ha ido desarrollando para hacerlo es precisamente parte del disconfort de estas aseguradoras.
Esta evidente doble militancia y la incapacidad de las instituciones políticas para resolverla en todos estos años es la que ha llevado a los ciudadanos a recurrir a los Tribunales de Justicia para evitar los incrementos de precios asociados a la tarificación por riesgos. Y es por eso mismo que los tribunales han venido calificando de arbitrarias esas tarifas –que en la práctica no lo son, pues responden a sus costos reales y a reglas del juego conocidas y explícitas de los contratos de salud-. Y ello es así porque se está mirando el asunto desde la perspectiva de la seguridad social. Y en la seguridad social lo que se intenta resolver es precisamente los diferenciales de riesgo e ingresos, para que no se transformen en una limitación a las personas en el acceso a una adecuada protección frente a los eventos de enfermedad.
[cita]Sabido es que esta ley responde primero que nada al interés de las propias Isapres, quienes, como industria, se encuentran operando hoy en un terreno de grandes incertidumbres, en particular cuando la propia Corte Suprema en sus fallos ha interpretado el conocido fallo el Tribunal Constitucional en la dirección de abolir la tarificación por riesgo.[/cita]
Entonces, ¿de qué se trata la “ley corta” que el Gobierno ha remitido al parlamento? ¿pone esta ley, finalmente, las cosas en su lugar?
Sabido es que esta ley responde primero que nada al interés de las propias Isapres, quienes, como industria, se encuentran operando hoy en un terreno de grandes incertidumbres, en particular cuando la propia Corte Suprema en sus fallos ha interpretado el conocido fallo el Tribunal Constitucional en la dirección de abolir la tarificación por riesgo. Tampoco es difícil reconocer detrás de esta ley la posición minoritaria de la Comisión de Expertos que entregó sus recomendaciones al Presidente de la República en el mes de noviembre. La ley corta es precisamente lo que desde esa posición minoritaria se recomendaba, posición que interpretaba muy bien la sensibilidad de las propias ISAPRE.
Pero por otro lado, el Superintendente de Salud hace referencia a este proyecto como una transición a una reforma mayor, para lo cual se recurriría a la experiencia internacional a través de una licitación, a la que ya había aludido el Ministro Mañalich por la prensa. Esta reforma estaría en el marco de lo propuesto por la Comisión de Expertos en su posición de mayoría. ¿Será posible?
El gobierno ha actuado con astucia, pues el paquete cae como un misil en la mesa de la Concertación, donde se tejen y destejen por estos días delicados acuerdos para la recomposición. Si bien logró mantenerse públicamente al margen de las propuestas que se hicieron a fines del año pasado, la Concertación ahora tendrá que resolver este problema que golpea a la clase media: darle estabilidad a la industria que le vende sus seguros previsionales de salud manteniendo en la práctica sus reglas del juego, con todos sus bemoles o promover el cambio de fondo que la ciudadanía ha empezado a reclamar a través de la justicia.
Personalmente, no creo que la “ley corta” sea del gusto de la Justicia, pues no resuelve lo que los tribunales han planteado a través de sus dictámenes. Al menos, pienso, no debería serlo. Pero si fuese satisfactoria para los tribunales una solución que aplana la gradiente de tarifas en función de los riesgos, acercando las diferencias entre sexos y entre tramos de edad –ahora con menos escalones-, aún cuando no elimine el fenómeno discriminatorio implícito, habremos logrado estabilizar este mercado por otro largo tiempo, pues en ese escenario la “ley larga” podrá sentarse a esperar.
Y a esperar también la seguridad social, pues seguiremos mostrando al mundo nuestra descabellada manera de hacer protección en salud.
