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La institucionalidad al servicio del poderoso

por 6 abril 2011

Hoy en día quedan 19 de esas casas porque las 30 restantes, emplazadas en 2 manzanas colindantes, fueron compradas hace 4 años y demolidas recientemente por los inversionistas dueños de la empresa Safinco S.A. quienes después de mucho bregar, con la activa colaboración de la constructora Armas, lograron que la Dirección de Obras de Las Condes les otorgara dos permisos de edificación.

Por cierto, la continuación del título de esta columna es “perjudicando invariablemente al más débil”, situación que en este medio estamos denunciando desde hace mucho tiempo, razón por la cual, con ocasión del luctuoso episodio de AES Gener-Campiche y la Embajada de EEUU, difundido por WikiLeaks, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la OCDE, para que esta organización internacional trate de enrielar a nuestras dóciles instituciones.

Después del preámbulo, relataremos una situación semejante a la anterior, aunque no tan grave, pero que se debe conocer.

En el año 1986 se originó la comunidad del Loteo Cerro Colorado, sobre la vía local del mismo nombre, localizada al costado oriente del mall Parque Arauco e inmediatamente al sur del elevado Hotel Marriott, enfrente del Parque Araucano, comuna de Las Condes. Estaba conformada por 49 viviendas unifamiliares de 2 pisos, ocupadas por propietarios de clase media, acogidas a los beneficios tributarios que otorga la figura del DFL2 por estar catalogadas como viviendas económicas. La mayoría de los inmuebles enfrentaban tres angostos pasajes de uso público.

Hoy en día quedan 19 de esas casas porque las 30 restantes, emplazadas en 2 manzanas colindantes, fueron compradas hace 4 años y demolidas recientemente por los inversionistas dueños de la empresa Safinco S.A. quienes después de mucho bregar, con la activa colaboración de la constructora Armas, lograron que la Dirección de Obras de Las Condes les otorgara 2 permisos de edificación.

Hoy en día quedan 19 de esas casas porque las 30 restantes, emplazadas en 2 manzanas colindantes, fueron compradas hace 4 años y demolidas recientemente por los inversionistas dueños de la empresa Safinco S.A. quienes después de mucho bregar, con la activa colaboración de la constructora Armas, lograron que la Dirección de Obras de Las Condes les otorgara 2 permisos de edificación (noviembre y diciembre de 2010) para un proyecto inmobiliario consistente en sendas torres con destino residencial, oficinas y locales comerciales.

Por las características y volumen de este tipo de proyecto de construcción, debe ser evaluado ambientalmente como “Estudio” por las muchísimas externalidades negativas que genera y también ser sometido a un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), gestiones pendientes que impiden el inicio de faenas, pero como estamos en Chile éstas ya se iniciaron por la ausencia total de fiscalización. Hacemos hincapié que primeramente esa Dirección de Obras había rechazado el proyecto porque para desarrollarlo, acorde a la reglamentación local, Safinco S.A. tenía la necesidad de considerar todos los terrenos del Loteo que enfrentaran los pasajes, lo que no hizo.

En efecto, respecto a lo anterior, las casas de la urbanización, justamente por enfrentar pasajes, están protegidas por la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC), instrumento urbanístico que en su artículo 37º precisó una salvaguardia normativa con el propósito de evitar que tales viviendas quedaran encerradas por construcciones en altura. En esencia este artículo dice ”………..solo se podrán desarrollar proyectos de densificación si se conforma un solo lote mediante la fusión de la totalidad de los lotes que tengan algún frente al pasaje o de los que mantengan su uso residencial……..”.

En el segundo semestre del 2007 los capitalistas habían solicitado en la Dirección de Obras un anteproyecto sobre algunos lotes, el cual fue rechazado por la razón antes mencionada y por esta circunstancia, con la asistencia de un arquitecto ex funcionario de esa oficina municipal, Safinco S.A. recurrió donde el Seremi de Vivienda y Urbanismo para que éste le resolviera el impasse y, cumpliéndose con los ostentosos rituales burocráticos, así fue. A través de una rebuscada interpretación leguleya el funcionario del gobierno central estableció que el artículo 37º, en el caso que nos preocupa, no aplicaba, curioso razonamiento corroborado posteriormente por la Contraloría, ante una reclamación de los vecinos afectados.

Es decir, 2 servicios públicos que habían validado ese artículo 37º al darle curso legal al PRC de Las Condes, ahora lo desestiman únicamente para no contrariar a un actor relevante del mercado oferente inmobiliario que desea levantar 2 torres en la calle Cerro Colorado 5858 y 5874. Nos molesta sobremanera esta ausencia de rigor público porque así se impide que opere normalmente el sistema económico de libre mercado, cuya condición de funcionamiento es la igualdad de oportunidades, apego a la ley y reglas parejas para todos.

Según nos han informado los vecinos lesionados con este comportamiento discrecional de las autoridades administrativas, el alcalde Francisco de la Maza en un principio los apoyó en sus demandas,  pero en la actualidad se ha desentendido por razones que ellos mismos deberían investigar y el recientemente designado senador Carlos Larraín, ex concejal de esa comuna, brilla por su ausencia a pesar de su característica locuacidad. También sabemos que el diputado Cristián Monckeberg recibió a los vecinos y les ofreció su apoyo.

Ahora bien, desde el 5 de diciembre de 2003 está vigente en el PRC de Las Condes el artículo 37º en los términos señalados con anterioridad. En la Memoria Explicativa que originó este instrumento local de planificación urbana se reconocía la ausencia de una norma clara para la incorporación de los pasajes en los procesos de densificación. Al interior del municipio había una preocupación ante el riesgo de desintegración de las unidades espaciales en altura producida por la fusión parcial de los sitios que conforman cada pasaje al generar innumerables predios remanentes.

Por ello se incorporó en el PRC Las Condes tal artículo que obligaba a que esas unidades, en caso de ser incluidas en un proceso de densificación, consideraran la totalidad de los lotes que conforman el pasaje, ello con el objeto de evitar remanencia de predios como soluciones urbanísticas de efectos negativos tanto para el proyecto en altura como para las propiedades que se mantienen en baja altura (viviendas unifamiliares). Es más, se expresó en esa Memoria Explicativa que, tratándose de pasajes públicos, ese municipio iba a informar favorablemente la desafectación de esas vías para que fueran compradas por el titular del proyecto de densificación.

Debemos suponer que ni el Seremi de Vivienda y Urbanismo ni la Contraloría conocieron esta Memoria, que es parte integrante del PRC de Las Condes, al manifestar ambas tan olímpicamente la inaplicabilidad de ese artículo vigente en tal instrumento  normativo. Su existencia se justifica en plenitud ya que así se protegen los derechos de los “sobrantes” en cada negocio inmobiliario de densificación.

En la actualidad y si el Estado no asume su rol en resguardo de la normativa local de Las Condes, los dueños de las 19 casas  remanentes quedarán atrapados por esas invasivas moles de cemento, con el agravante de que sus propiedades no podrán venderlas jamás porque no habrán interesados en vivir en esas condiciones y si se llegaran a fusionar los 19 sitios, la especialísima geometría del predio resultante impide la construcción de edificios. Por otro lado todos los terrenos circundantes ajenos a este Loteo ya están densificados, lo que significa que el daño económico, social y ambiental ocasionado a esos vecinos, por la lenidad estatal, es irreversible y perpetuo.

En términos concretos, el Estado chileno, con tal de apuntalar un millonario negocio inmobiliario privado, le está produciendo una minusvalía patrimonial de proporciones a 19 familias que no tienen llegada a aquellos que ejercen el poder político. Pero si esta confabulación pública-privada se mantiene, obviamente esos compatriotas estarán obligados a iniciar acciones judiciales en contra de todos aquellos investidos de autoridad por haber consentido la violación flagrante del marco regulatorio urbanístico de Las Condes y no tenemos ninguna duda de que los tribunales fallarán a favor de esas 19 familias.

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