En Chile este tipo de situaciones parece acomodar a la clase política, que ha recurrido a ex comandantes en jefe para cargos parlamentarios o de gobierno o que no ha puesto límites a los personeros que pasan del ámbito de la fiscalización a las empresas fiscalizadas o viceversa.
La renuncia del fiscal regional metropolitano sur, Alejandro Peña Ceballos, y su incorporación al equipo de seguridad pública del Ministerio del Interior abre de nuevo el debate acerca de la independencia del Ministerio Público (Fiscalía), entidad que fue creada para ejercer la persecución penal con autonomía.
En junio del año pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, planteó su molestia con el Ministerio Público, debido a que en cinco años de investigación de las bombas instaladas en diversos puntos de Santiago no había resultados. Horas después, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, sacó del caso a Xavier Armendáriz, el fiscal que había logrado encarcelar al senador Jorge Lavandero, y puso en su lugar a Alejandro Peña Ceballos, reconocido por sus éxitos en desbaratar bandas de narcotraficantes.
Ya entonces se debatió acerca de la señal que daba el fiscal Chahuán, al responder con tal celeridad a un reclamo del Ejecutivo. En diez meses, Peña ha cumplido uno de los deseos de Hinzpeter y tiene resultados. Ha acusado a quince presuntos anarquistas. Y no sólo eso, ya cerró la investigación y pidió altas penas, entre ellas presidio perpetuo para dos imputados en calidad de presuntos jefes de una asociación ilícita terrorista.
[cita]En diez meses, Peña ha cumplido uno de los deseos de Hinzpeter y tiene resultados. Ha acusado a quince presuntos anarquistas. Y no sólo eso, ya cerró la investigación y pidió altas penas, entre ellas presidio perpetuo para dos imputados en calidad de presuntos jefes de una asociación ilícita terrorista.[/cita]
Peña fue fiscal regional de la zona sur de Santiago desde octubre de 2003, razón por la cual debía dejar el cargo en el mismo mes de 2011, al cumplir los ocho años que estipula la ley. Por eso, no es casualidad que buscara nuevos rumbos y la alternativa de trabajar en el área de seguridad del gobierno parece atractiva y lógica si se considera que ha sido un fiscal que se ha caracterizado por un perfil operativo y audaz.
Sin embargo, el paso que ha dado Peña plantea la duda acerca de la real independencia de los fiscales. Cuando se creó el Ministerio Público, como entidad central de la Reforma Procesal Penal, se le definió como un organismo autónomo, que actuara independientemente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ese modelo que se reconoce exitoso por los organismos internacionales que han evaluado la nueva justicia penal chilena, tiene sin embargo algunas cojeras. Esta es una de ellas, puesto que la legislación no tiene impedimento a que una autoridad de la Fiscalía se incorpore al gobierno.
El paso de un fiscal regional al Ejecutivo ya tenía un par de precedentes. En abril de 2008, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, designó al entonces fiscal regional del Maule, Fernando Coloma, como intendente de la misma zona geográfica. Es decir, el “levantar” fiscales fue una práctica inaugurada por la administración anterior, lo que podría ser, desde ya, un argumento novedoso para la ministra Von Baer.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera se produjo también el caso del Fiscal Regional de Tarapacá, Claudio Roe, que renunció al Ministerio Público para irse a trabajar en seguridad ciudadana al gobierno regional, aunque duró muy pocas semanas en sus nuevas funciones.
El particular perfil de Alejandro Peña, que gusta a algunos y disgusta a otros, va a estar en el centro de la atención en estos días. Se recordará la investigación en su contra por violencia intrafamiliar que fue archivada, sus éxitos en la persecución de organizaciones criminales y sus apariciones en televisión encabezando exitosos operativos policiales.
Pero más allá de la persona de Peña, sería positivo que se legislara en torno a la materia para evitar suspicacias y sobre todo para garantizar la independencia del Ministerio Público. Aunque en Chile este tipo de situaciones parece acomodar a la clase política, que ha recurrido a ex comandantes en jefe para cargos parlamentarios o de gobierno o que no ha puesto límites a los personeros que pasan del ámbito de la fiscalización a las empresas fiscalizadas o viceversa.
