Según la Unidad de Curriculum y Evaluación, la revisión de contenidos de los textos se produjo el año 2010. Por lo tanto, es pertinente solicitarle a los responsables de esa Unidad que digan cómo lo hicieron o si, por el contrario, solo han estado reproduciendo prácticas o dejando que el mercado se auto regule en aquellos contenidos que no quedan sujetos a obligatoriedad.
Alguien del Ministerio de Educación tiene que explicar que está pasando con los textos escolares, sus contenidos, la dimensión de la industria que los provee en la parte que involucra dineros fiscales, el eventual abuso que se esté haciendo de los contratos por parte de las firmas editoras, y las medidas de control que se han adoptado para controlarlo.
Debiera ser el propio Ministro de Educación Joaquín Lavín por las dimensiones del tema, o la Jefa de la Unidad de Curriculum y Evaluación, Loreto Fontaine, responsable de los contenidos y aprobación de los textos, o alguien tan idóneo como ellos.
Debería hacerse también en una instancia con majestad de Estado, por ejemplo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que tiene por ley capacidad de fiscalización y control políticos en estas materias. Ello porque se trata de políticas públicas y no puede seguir ocurriendo que la autoridad no de cuenta con números y procedimientos en la mano. Porque eventualmente, además del SERNAC y la Fiscalía Nacional Económica, podría haber otros organismos del Estado que debieran actuar.
[cita]Esas cifras tienen detrás cultura y gente, especialmente niños y jóvenes. Los bienes esenciales de ese negocio no son los libros propiamente tal sino sus contenidos, lo que generan y transmiten como conocimiento y cultura.[/cita]
Hacerlo así se denomina accountability o responsabilidad en lo público, concepto preferido por los buenos administradores formados en Estados Unidos.
En este caso se trata de explicar de manera técnica y coherente la inclusión de marcas publicitarias en el contenido de libros aprobados como obligatorios para la enseñanza básica por el Mineduc, como de transparentar las dimensiones y condiciones contractuales de la industria de los textos escolares con el Estado. Industria que, como se sabe, tiene como principal comprador al Ministerio de Educación y en una posición dominante al Grupo Santillana.
Tal consideración no es arbitraria o discriminatoria. De hecho los textos de este grupo editorial contienen estas menciones publicitarias, que implican el riesgo de un placement publicitario (mención pagada), lo que siendo habitual en otras actividades como la TV, en textos educativos sería intolerable y muy poco ético.
Según las Estadísticas del Mineduc, Santillana ocupa el primer lugar de las compras públicas de textos con un 43% y una cifra de negocios que bordea los 8 mil millones de pesos al año 2010. Muy lejos le siguen Editorial Norma con un 14%, Cal y Canto, también con un 14% y MN con un 12%, o sea un 36% del total entre las tres y una cifra de negocios que supera levemente los 7.200 millones de pesos en el mismo período.
Esas cifras tienen detrás cultura y gente, especialmente niños y jóvenes. Los bienes esenciales de ese negocio no son los libros propiamente tal sino sus contenidos, lo que generan y transmiten como conocimiento y cultura.
Por lo mismo, junto con excluir la mención de marcas concretas, el Mineduc debiera explicar que ha estado haciendo para transformar los libros en simbolizadores de conocimiento y no en fidelizadores de mercado.
Según la Unidad de Curriculum y Evaluación, la revisión de contenidos de los textos se produjo el año 2010. Por lo tanto, es pertinente solicitarle a los responsables de esa Unidad que digan cómo lo hicieron o si, por el contrario, solo han estado reproduciendo prácticas o dejando que el mercado se auto regule en aquellos contenidos que no quedan sujetos a obligatoriedad.
Ello sin perjuicio de investigar e informar desde cuándo se aplica esta práctica y quienes son los responsables.
