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El 7% para salud de los jubilados

por 16 abril 2011

Alegrándonos de todas formas de los beneficios que se allegarán para mejorar las condiciones de vida de nuestros jubilados –beneficios que, por lo demás, en este caso no son muchos-, quizás, por el camino que todos hemos elegido para materializarlo estemos parados justo sobre la delgada línea que separa lo popular de lo populista.

Plantear dudas acerca de la necesidad de suprimir la cotización del 7% para la salud de los jubilados podría ser muy impopular, tanto como popular es la medida propuesta. De hecho, gobierno y oposición se disputan la autoría intelectual de esta política pública de apariencia sensata. Mientras tanto la Tabla de Riesgos de las Isapre, que establece para los más viejos primas varias veces superiores a las de los más jóvenes, tiene muy preocupados a autoridades, expertos y los representantes de los seguros privados (se ha remitido una “ley corta”).

Reducir las cotizaciones para quienes no hacen uso del seguro de licencias médicas parece una medida cuerda, independientemente del grado de pobreza en que se encuentren. Es decir, aquí no hay foco, ni solidaridad alguna en juego. Bastaría con aplicar a todos una proporción basada en lo observado históricamente en cuanto al gasto en licencias sobre cotizaciones ¿unos 2 puntos porcentuales o algo más del total de 7? Y listo.

Pero, por otro lado, la necesidad de incrementar el poder adquisitivo de los jubilados tiene que ver con las exiguas pensiones que se les pagan, más que con el uso de un 7% de éstas para la salud. Es evidente que nuestro moderno régimen de pensiones, recientemente reformado por lo demás, continúa poniendo a buena parte de los jubilados en la pobreza. Valoramos, por cierto, la formalización y mejoramiento de las pensiones asistenciales para quienes han envejecido sin ahorros y nos parece que la protección social moderna debe ir tras el empleo informal y sus consecuencias, como nos parece entender que también se intentará en el caso del subsidio maternal.

Alegrándonos de todas formas de los beneficios que se allegarán para mejorar las condiciones de vida de nuestros jubilados –beneficios que, por lo demás, en este caso no son muchos-, quizás, por el camino que todos hemos elegido para materializarlo estemos parados justo sobre la delgada línea que separa lo popular de lo populista.

En el caso del 7% de los jubilados no hay, sin embargo, tal perspectiva universalista y tendremos que devolver al sector de la salud un aporte fiscal equivalente a la merma de ingresos por menor cotización que se produzca. Entonces –a propósito de aquello de que para cada objetivo de política pública, un instrumento y ojalá el más apropiado- ¿no habría sido más directo –“a la vena”, como dicen ahora los políticos- y con menos efectos colaterales un subsidio del Estado orientado a mejorar las pensiones y a saldar deudas pendientes con este grupo de la sociedad al que tarde o temprano perteneceremos?

Siempre es bueno que en materia de políticas públicas los problemas y las soluciones sean atribuidas a quién corresponde: así, todo es más claro y transparente para los ciudadanos. ¿Con una política pública de esta naturaleza, no estamos frente a un nuevo y enredoso caso de “subsidios cruzados” entre sectores? ¿No estamos completando la docena de peras con algunas manzanas?

Permítasenos agregar un elemento central en esta discusión: la potencial “indigentización” de nuestros pensionados que surge de esta medida. Y no se trata de no reconocer la evidente pobreza de este segmento, sino de reconocer también su dignidad. Son ex trabajadores que aportaron toda su energía al desarrollo del país cuando estuvieron activos y hoy son nada más que víctimas de un esquema que les retribuye de manera insuficiente –lo sabemos desde siempre-, pero no son indigentes. ¿Ha pensado alguien que a estos pensionados, dignos usuarios de la modalidad de Libre Elección de FONASA por múltiples razones –citamos al economista Rony Lenz a proveer la evidencia-, les podría ser vedada esa posibilidad cuando dejen de cotizar su 7%?

Por último y derivado de lo anterior, no resulta difícil predecir los continuos dolores de cabeza que traerá al Ministro de Salud cuadrar con Hacienda la matemática de este asunto en la discusión presupuestaria de cada año, para conseguir que le devuelvan al sector esas platas.

En realidad, alegrándonos de todas formas de los beneficios que se allegarán para mejorar las condiciones de vida de nuestros jubilados –beneficios que, por lo demás, en este caso no son muchos-, quizás, por el camino que todos hemos elegido para materializarlo estemos parados justo sobre la delgada línea que separa lo popular de lo populista.

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