El valor de que se investigue la muerte de Allende, y así lo asume su familia es que se establezca una verdad avalada por el Poder Judicial de la República. No se está buscando necesariamente que se pruebe la actuación de terceros.
La decisión del ministro en visita Mario Carroza de exhumar los restos del Presidente Salvador Allende con el fin de esclarecer las causas de su muerte constituye un hito para la justicia chilena que se hace cargo de una responsabilidad histórica que no cumplió en su momento, hace 37 años.
Hasta ahora, la historia oficial dada a conocer por la dictadura da cuenta del suicidio del Mandatario luego del bombardeo de La Moneda ejecutado por los hawker hunters. Desde la familia de Salvador Allende, la tesis de la auto eliminación también es asumida a partir de los testimonios de personas cercanas al entonces Jefe del Estado. Pese a la aparente coincidencia, entre la versión dada a conocer por la junta militar en 1973 y la familia Allende, hay un matiz que no es menor: la autopsia al gobernante derrocado no se hizo en condiciones que aseguren confiabilidad.
Se debe considerar es que el Poder Judicial de entonces tenía autoridades absolutamente comprometidas con los militares, al punto que fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le puso la banda presidencial a Augusto Pinochet. La muerte de Allende no fue entonces para la Justicia objeto de investigación y su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar entre gallos y medianoche.
[cita]La obsesión de algunos porque se compruebe que las heridas que sufrió Allende fueron provocadas por balas militares no me parece lo más importante. Si así fuera, claramente sería un remezón, pero no cambiaría lo central: Allende muere en el marco de un golpe de Estado particularmente violento y que instaló un régimen dictatorial.[/cita]
Cuando el año pasado la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó 726 querellas de casos de derechos humanos no indagados por la justicia incluyó el caso de Allende. Fue así como el Poder Judicial se hacía cargo de una deuda histórica.
El valor de que se investigue la muerte de Allende, y así lo asume su familia es que se establezca una verdad avalada por el Poder Judicial de la República. No se está buscando necesariamente que se pruebe la actuación de terceros. Es un hecho que hubo terceros: fuerzas militares que atacan el palacio de gobierno, incluso con la aviación. De comprobarse el suicidio de Allende, que sigue siendo la tesis que tiene más verosimilitud hasta ahora, eso no desmiente el contexto de un palacio en llamas y sometido al ataque de las tropas.
La obsesión de algunos porque se compruebe que las heridas que sufrió Allende fueron provocadas por balas militares no me parece lo más importante. Si así fuera, claramente sería un remezón, pero no cambiaría lo central: Allende muere en el marco de un golpe de Estado particularmente violento y que instaló un régimen dictatorial.
Se ha difundido mucho en los medios un análisis pericial del tanatólogo Luis Ravanal, que cuestiona la autopsia realizada a Allende tras el golpe. Su conclusión es que recibió heridas de tipo homicida, es decir, no se suicidó, lo mataron. Ravanal se ha hecho conocido por sus informes audaces. Como testigo de la defensa del ejecutivo bancario Jorge Tocornal, condenado por abusar de sus hijos, aseguró que no había pruebas para condenarlo. También testificó en el caso de María del Pilar Pérez a favor de ella y de José Ruz. Es decir, su testimonio no siempre ha sido la verdad judicialmente establecida.
En el caso Allende, la Justicia ha dado un paso importante. Una nueva revisión pericial de los restos permite que el Poder Judicial asuma su responsabilidad por lo que no hizo en 1973, al permitir que los restos del Mandatario fueran sepultados luego de una autopsia realizada en condiciones impresentables.
Sin embargo, insisto, los nuevos resultados que se consigan, cualquiera que estos sean, no borran algo que ya es verdad histórica: el Presidente Allende muere (ya sea por mano propia o ajena) en el contexto de un Palacio de La Moneda bombardeado y sitiado.
