Los hechos expresan una falta de perspectiva política y una inexperiencia de los nuevos gobernantes para hacer frente a las complejidades técnicas de un Estado que tiene un PIB per cápita de 15 mil dólares y una institucionalidad propia de mediados del siglo XX.
La decisión de la ministra de Vivienda Magdalena Matte de entregar al escrutinio de la justicia penal un contrato del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, de la Región Metropolitana, con un privado, abre una nueva crisis administrativa y de confianza al interior del gobierno de Sebastián Piñera.
En lo grueso, los hechos expresan una falta de perspectiva política y una inexperiencia de los nuevos gobernantes para hacer frente a las complejidades técnicas de un Estado que tiene un PIB per cápita de 15 mil dólares y una institucionalidad propia de mediados del siglo XX.
El ministro Secretario General de la Presidencia ha dicho en los últimos días que el gobierno ha descuidado expresar “su relato” ante la ciudadanía, la que no alcanza a captar las innovaciones que trae la nueva forma de gobernar.
Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que no falta un relato, -que por lo demás es evidente que el Presidente nunca ha querido tener-, sino un pulso firme y seguro para instalarse en una dimensión administrativa bastante más compleja que las de una empresa privada.
[cita]Transformado el problema, de la noche a la mañana, no solo en prioridad técnica sino urgencia política por los costos de imagen que el Plan de Transporte tenía para el gobierno de la época, se transmitió la presión de eficiencia al aparato público encargado de actuar, entre ellos el SERVIU que es el gran gerente del manejo de los espacios viales urbanos en Chile.[/cita]
Las autoridades parecen mareadas con la dimensión de las tareas y se advierte la inexistencia de una verdadera coordinación intersectorial entre los diferentes servicios y ministerios, tema de la competencia del propio ministro Cristián Larroulet, quien plantea el tema del relato.
Es esa inseguridad la que ha desatado el caso SERVIU con las características que se conocen, esto es una ministra que firma un decreto y luego se arrepiente y envía los antecedentes a la justicia criminal.
De más está decir que la crisis de confianza que tal decisión generará en su entorno inmediato inevitablemente tendrá repercusiones políticas, cuyo alcance puede ser más profundo de lo que es posible prever hoy. Principalmente por la vastedad de temas que abre la denuncia de la ministra, algo equivalente del MOP Gate de la época de Ricardo Lagos.
Detrás de la crisis política y de confianza, el tema SERVIU/ Kodama tiene aristas técnicas que, lamentablemente, pueden pasar desapercibidas pero que están en la raíz de todo el problema y que pueden volver a producirse, si es que ya no están duplicadas en todo el sistema.
La principal es que al iniciarse el funcionamiento del Transantiago el año 2007, quedó en evidencia que una de las fallas estructurales del sistema era precisamente la carencia de infraestructura vial, razón por la cual se aceleraron todos los procesos de construcción de corredores.
Transformado el problema, de la noche a la mañana, no solo en prioridad técnica sino urgencia política por los costos de imagen que el Plan de Transporte tenía para el gobierno de la época, se transmitió la presión de eficiencia al aparato público encargado de actuar, entre ellos el SERVIU que es el gran gerente del manejo de los espacios viales urbanos en Chile.
Y en esa tarea, poner de acuerdo y coordinar a los Ministerios de Obras Públicas, de Transporte, de Vivienda y Urbanismo, la Intendencia de la Región Metropolitana, la Comisión de Medio Ambiente, la Secretaria Interministerial de Planificación de Transporte (SECTRA) y todos los servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, con las respectivas Superintendencias, amén de las expropiaciones a privados, puso los corredores viales cuesta arriba. Sobre todo porque precisan de una ingeniería de detalle que no se puede improvisar y que tiene costos de diseño e implementación significativos.
El lema de que había que “sacar la pega” a como diera lugar, generó en la superficie de la ciudad desordenes de tránsito y “tacos” por años (que aún no terminan) y que la ciudadanía ha debido sufrir y pagar pacientemente. Pero lo peor se produjo bajo la superficie, con un conjunto muy amplio de imperfecciones jurídicas y de procedimiento que podrían, eventualmente, comprometer hasta responsabilidades penales de la mayoría de las autoridades involucradas, simplemente por razones de su competencia administrativa. Y ello no solo en el corredor de Pedro Aguirre Cerda, sino prácticamente en todos los corredores viales de Santiago.
Cuando estén en funcionamiento sincronizado los corredores viales de Las Industrias, Anillo Interior, Pedro Aguirre Cerda, Grecia, Vicuña Mackenna, Pajaritos Norte, Santa Rosa Norte, Blanco Encalada-Arica, Suiza-Las Rejas, Santa Rosa Sur, Departamental Poniente, Dorsal (anillo intermedio), Carmen y Sierra Bella, habrá más de 200 kms de vías expresas, ciclovías e inmobiliario urbano, y Santiago será otra ciudad. Hasta entonces, allá por el 2018, el Transantiago habrá devorado unos cuantos ministros más, y posiblemente a la actual ministra de Vivienda.
Mientras tanto, que haya pagos indebidos, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos, como parece insinuar la denuncia hecha por la ministra Matte, debe ser determinado por las investigaciones respectivas.
Lo que si es claro, es que su denuncia ha abierto la puerta a un vasto territorio donde la primera lección es que otra cosa es con guitarra.
