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Hidroaysén: el Estado tramposo

por 29 abril 2011

Hidroaysén: el Estado tramposo
Esta ideología de la trampa ambiental, ya institucionalizada en el país, ha sido montada a través de los años por una tecnocracia que transita sin descanso entre directorios de empresas y cargos públicos. Ella ha tejido los vínculos del poder político expropiatorio de derechos ciudadanos que hoy exhiben las empresas y Estado.

Con legitimidad se puede sostener que las autoridades políticas de Chile han roto el  pacto constitucional con su ciudadanía. No las autoridades de este gobierno, sino las de todos los gobiernos democráticos. La práctica de  incurrir de manera sistemática en manipulaciones de los procedimientos administrativos y de las normas regulatorias en materia ambiental, han dejado a los ciudadanos legal y políticamente indefensos frente a un poder público y el empresarial,  coludidos en contra de derechos que la Constitución declara asegurar.

Tal hecho ya es una característica estructural del funcionamiento de la administración pública chilena. Los propietarios de los proyectos que requieren aprobación saben que pueden obtener de las autoridades ministeriales, cualquier tipo de decisión favorable, contando con la mirada benevolente de la Presidencia de la República. Incluso una decisión que burle una sentencia de un tribunal superior de la República como ocurrió con la central termoléctrica Campiche de la empresa AES Gener a fines del gobierno pasado.

Así ha ocurrido en casos como las represas en Puangue o Ralco, en los desechos que fluyen al Río Cruces, en la contaminación de Puchuncaví, con Pascua Lama, y un largo etcétera que ha demolido los derechos constitucionales de la gente.

Las presiones políticas provenientes del  Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, según se consigna en actas de la Cámara en que se registra la comparecencia del Intendente de la XI Región a la Comisión de Medio Ambiente, Selim Carrasco, obligaron a este a omitir someter a votación la aprobación del EIA en la Corema.

Con Hidroaysén, el más grande proyecto de evaluación ambiental que haya tenido que calificar el Estado de Chile, pasa exactamente igual. La ambigüedad de definiciones técnicas y la falta de información se complementa con  presiones administrativas superiores para acelerar procesos dejando inerme el interés público, o simplemente para omitir la opinión ciudadana y producir “trajes a medida” con las decisiones gubernamentales.

Allí más de 20 servicios públicos emitieron pronunciamientos señalando que el Estudio de Impacto Ambiental EIA, que presentó la empresa, no cumplía con la legislación vigente. Que en muchos aspectos no contenía la  información relevante y esencial para poder efectuar el análisis por parte de las autoridades públicas, lo que era causal más que suficiente para no haberlo siquiera admitido  a tramitación.

La información cartográfica, entre otras, presentaba tal grado de deficiencia que obtuvo observaciones negativas categóricas prácticamente de todos los servicios, en especial del ministerio de Bienes Nacionales. Nadie puede pretender que la información cartográfica no sea un tema relevante en un proyecto de esta naturaleza, sobre todo en un país sísmico y en una zona como la Patagonia.

Por lo mismo, los técnicos de los servicios públicos regionales recomendaron de manera casi unánime el rechazo del EIA. Sin  embargo,  las presiones políticas provenientes del  Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, según se consigna en actas de la Cámara en que se registra la comparecencia del Intendente de la XI Región a la Comisión de Medio Ambiente, Selim Carrasco, obligaron a este a omitir someter a votación la aprobación del EIA en la COREMA, continuando, además, con la evaluación y acelerando todos los procesos administrativos. Por esto último ni siquiera se escuchó ni consideró la opinión de la ciudadanía.

La trampa aquí proviene de que luego de la ronda de observaciones Conama cierra el proceso sin efectuar ninguna pregunta ni consolidar las que llegaron de los servicios, y envía a la empresa un pegoteo de observaciones que generan de parte de la empresa como respuesta, una Adenda de miles de páginas, imposibles de analizar en solo 10 días. Gran labor la del ministro del Interior que también estuvo presente en el caso Campiche.

Esta ideología de la trampa ambiental, ya institucionalizada en el país, ha sido montada a través de los años por una tecnocracia que transita sin descanso entre directorios de  empresas y cargos públicos. Ella ha tejido los vínculos del poder político expropiatorio de derechos ciudadanos que hoy exhiben las empresas y Estado. Siempre muy al margen del control público, de manera muy transversal, y alejada incluso del liberalismo más ultramontano, que al menos cree y respeta la competencia y el mercado.

Aquí todo huele a tráfico de influencias, mientras los partidos políticos brillan por su ausencia.

Lo que están haciendo quienes lo llevan adelante es transformar al país entero en un basurero ecológico donde los primeros intoxicados son la libertad y los derechos ciudadanos, acorralando a los que creen en la democracia y el funcionamiento de las instituciones, hacia  opciones antisistémicas debido a su total indefensión social.

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