Los ministerios de Infraestructura en América Latina constituyen habitualmente un botín político. Digo esto en el sentido que las obras de infraestructura terminan siendo usadas para la captación de votos, lo cual crea una presión desmedida para licitar proyectos, muchas veces incluso mal preparados. Adicionalmente, el bloqueo al financiamiento estatal a los partidos políticos crea una vinculación perversa entre proyectos y financiamiento político.
El análisis del caso Kodama se ha enfocado a las responsabilidades de la ex Ministra Matte al firmar la autorización del pago de $ 17 mil millones, un sobre costo de 68% sobre el costo original, cuando los informes independientes indican que en el peor de los caso se justificaba una compensación de algo más de un 10% del monto original.
La negligencia evidente de no estudiar el caso antes de firmar el pago, incluida la solicitud de una opinión de un tercero independiente calificado, le costó el cargo a la Ministra y su renuncia inmediata era lo menos que los ciudadanos de este país podían pedir. La verdad sea dicha, no fue competente para ocupar un cargo de dicha complejidad técnica y política, sobre todo en el contexto de un sistema de construcción de infraestructura que deja mucho que desear en términos de eficiencia y transparencia.
En nuestro país, estos graves problemas se ven exacerbados por el casi total desmantelamiento del sistema de alta dirección pública que avanzaba en la dirección de profesionalizar los servicios y hacerlos menos permeables a las presiones políticas y de otro tipo. Si había alguna esperanza de seguir avanzando hacia el desarrollo de un servicio público idóneo, responsable y transparente a través de fortalecer la alta dirección pública, en este último año, el gobierno se ha encargado de dar la señal contraria. Incluso un Senador de gobierno señaló, que se trata de tener un sistema que genere un requisito mínimo para escoger los partidarios que deben entrar a ocupar cargos de responsabilidad en la administración pública.
Creo que el gobierno y la oposición deben, al igual que lo hizo el ex presidente Lagos, luego de la Crisis MOP-Gate, aprovechar la oportunidad de hacer una reforma del Estado que permita mejorar la eficiencia y la transparencia del sector de infraestructura.
Primero, perfeccionar la Alta dirección Pública, en los términos propuestos por los think tanks, incluidos Libertad y Desarrollo cuando el Ministro Larroulet era su director. El gobierno debe predicar con el ejemplo, aplicando esas normas desde ahora por la vía administrativa. Aspectos mínimos a incorporar incluyen el que no se puede dejar con subrogación un cargo por más de cuatro meses. Y no se puede declarar desierta una terna propuesta sólo para ganar tiempo. La propuesta más atractiva del Consorcio para la Reforma del Estado es transformar la Alta Dirección Pública en un servicio que selecciona y supervisa el proceso de desarrollo de carrera de los altos directivos públicos, en vez de ser solo una entidad asesora del Presidente de la Republica.
[cita]De la crisis de Kodama deben surgir oportunidades de mirar más allá de la refriega política de corto plazo y de pensar el país que intentamos construir. Gobierno y oposición se debieran comprometer hoy a realizar una reforma profunda del sistema de administración de la infraestructura pública en Chile.[/cita]
Segundo, he señalado en otro medio que los Ministerios de Infraestructura en América Latina constituyen habitualmente un botín político. Digo esto en el sentido que las obras de infraestructura terminan siendo usadas para la captación de votos, lo cual crea una presión desmedida para licitar proyectos, muchas veces incluso mal preparados. Adicionalmente, el bloqueo al financiamiento estatal a los partidos políticos crea una vinculación perversa entre proyectos y financiamiento político.
¿Qué hacer para corregir estos problemas? Se debe comenzar creando una ley de financiamiento de partidos políticos y perfeccionar la ley de financiamiento electoral. La derecha ha bloqueado siempre esta iniciativa con argumentos populistas. No obstante, nunca es tarde para cambiar de opinión. Por otra parte, la ex Presidente Bachelet propuso al Congreso la creación de una Superintendencia de infraestructura que generaría un contrapeso técnico en el sistema de obras públicas. Esta ley duerme el sueño de los justos en el Congreso, como consecuencia de la oposición de intereses económicos y políticos que se benefician por el estatus quo. Los países más desarrollados eliminaron los ministerios de Infraestructura, en parte porque la construcción de infraestructura no es un ámbito ministerial. A los Ministerios les corresponde definir políticas, normativas, visión estratégica, no construir obras. Por otra parte, para sacar la construcción de obras del reparto político de cargos.
Un ejemplo interesante de mencionar es el de Francia que transformó el Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Transportes y transfirió la construcción de obras a servicios descentralizados del Estado en el año 1870. En el año 2000 creó el Ministerio de Transporte y Desarrollo Territorial. El ex presidente Lagos trató de integrar Transporte y Obras Públicas, pero los problemas del día a día impidieron hacer una transformación irreversible. En Chile, se podría mantener un Ministerio pequeño que definiera las políticas de vivienda. Sería deseable crear un Ministerio de Transporte, Aguas y Desarrollo Territorial, que absorbiera al de obras públicas y de transportes y asumiera parte de las responsabilidades de desarrollo territorial y urbano, hoy lamentablemente dispersas. También hace sentido fusionar la actual dirección de vialidad con la función de construcción vial del SERVIU y generar un Servicio Nacional de Vialidad desconcentrado, es decir con capacidades en todas las regiones del país.
De la crisis de Kodama deben surgir oportunidades de mirar más allá de la refriega política de corto plazo y de pensar el país que intentamos construir. Gobierno y oposición se debieran comprometer hoy a realizar una reforma profunda del sistema de administración de la infraestructura pública en Chile.
