La ministra Magdalena Matte tiene el beneficio del nuevo procedimiento penal, que supone que nadie usará su libertad como forma de escarmiento político contra el gobierno como ocurrió con el ex ministro Carlos Cruz en el caso MOP Gate por parte de la oposición.
La ciudadanía se ha acostumbrado a los escándalos administrativos de los gobiernos y la elite política a juzgarlos buscando por lo menos el empate frente al adversario. No importa si las cosas son diferentes por su esencia o resultados. Lo importante es el mensaje político de que siempre los nuestros lo hacen bien y los adversarios mal. Tal manipulación sólo es posible en un país sin memoria y Chile lo es. Por ello vale la pena comparar, datos en mano, si los casos Minvu-Kodama y Mop Gate tienen algo en común.
Desde el punto de vista de las platas hay una diferencia importante. El monto de lo disputado en el caso Kodama fluctúa entre los 2.800 y los 17 mil millones de pesos para un contrato que inicialmente valía 25 mil millones. Es decir anda volando entre un 10% y un 65% de mayor precio sobre el costo original.
El Mop Gate, luego de 8 años de investigación judicial, en su conjunto no supera los mil cien millones de pesos como daño que los actuales condenados deben o deberían devolver al Estado. O sea unos 2,5 millones de dólares, en un contexto de contratos de concesiones vigentes a la época investigada de más de 5 mil millones de dólares, es decir menos del 0,01%. Gran diferencia entre un caso y otro.
En el caso Kodama no está claro el destino de los dineros, cuya totalidad o parte de ella, bien puede ser un fraude de empresas privadas al Fisco como piensa la renunciada ministra Magdalena Matte.
[cita]Desde el punto de vista de las platas hay una diferencia importante. El monto de lo disputado en el caso Kodama fluctúa entre los 2.800 y los 17 mil millones de pesos para un contrato que inicialmente valía 25 mil millones. Es decir anda volando entre un 10% y un 65% de mayor precio sobre el costo original.[/cita]
En el MOP Gate la inmensa mayoría de los recursos que se investigó fueron a parar a sobresueldo de miles de funcionarios públicos del área de Concesiones del MOP y no a empresas privadas. Luego de años de investigaciones, la trama ideológica del financiamiento político (de empresas a campañas oficialistas) terminó derrumbándose, pese al empeño de la ministra investigadora hasta de citar a declarar dos veces al Presidente de la República de la época. Los casos de malversación de fondos públicos han resultado insignificantes al final, si se considera el volumen de las actividades controladas y el desorden administrativo, eso sí, existente.
El MOP Gate fue una forma, ilegal por cierto, de suplementar sueldos de profesionales en el sector público mediante un sistema de honorarios que se justificaba como labores de apoyo a programas, fuera de sus obligaciones de contrato, y que en estricto rigor, según la Contraloría, no se podía hacer. Se hizo para acelerar la ejecución del Programa de Concesiones (años 1996-2001), y con pleno conocimiento del propio Ministerio de Hacienda de la época.
Tanto es así que cuando a raíz del escándalo se dictó la Ley de Funciones Críticas, el año 2003, el ítem remuneraciones de Concesiones del MOP pasó de mil millones a cuatro mil millones de pesos anuales sin que mediara ningún aumento de funcionarios.
Minvu Kodama nace de un programa mal diseñado por el Estado y de su precariedad técnica para corregirlo. Las deficiencias de ingeniería de diseño y detalle, y de tiempos estimados de las obras contenidas en las bases de licitación con que se contrató el corredor vial para el Transantiago, originó la controversia entre el Estado y el contratista por mayores costos involucrados. Ahí está el embrollo.
Tal como se actuó con MOP Gate y los sueldos de miles de funcionarios, la justicia criminal debe indagar minuciosamente las cuentas que presenta Kodama, y determinar que no son fraudulentas ni que sus gerentes – en complicidad con funcionarios públicos- tratan de defraudar al Fisco con cuentas brujas.
No es raro que haya disputas de precios entre el Estado y las empresas contratistas. Algo así ocurrió antes con las cárceles concesionadas, donde el MOP, luego de litigar en los tribunales y no convenir una solución pactada, debió pagar cerca de 100 millones de dólares en compensación. Por lo mismo, tampoco se puede descartar que el mayor costo sea cercano a la verdad. Esa es la incompetencia del Estado en que siempre termina pagando…Moya.
Luego de años de investigación en el caso MOP Gate nadie de los que recibieron sobresueldo fue condenado por ello. La investigación determinó que los dineros fueron bien pagados y los trabajos fueron efectivos. Como sagazmente determinó la ministra Chevesich el problema no era el destino de los dineros sino su origen, en este caso privado, que la hacía suponer triangulación o financiamientos ilegales con fines distintos a la administración. Y para ello, mucha falta administrativa y casos de malversación.
En el caso Kodama, donde se desconoce todavía el destino final de los recursos disputados y que son muy cuantiosos en relación a la magnitud de la obra, es al revés, pues involucraría eventuales flujos ilegales desde el Estado a privados.
Otro resultado importante que los diferencia es la reacción del establishment político. El oficialismo actual ha presentado el caso Kodama y la acción de la ex ministra de Vivienda como un ejemplo de responsabilidad y transparencia propio de una nueva era, obviando que su gestión le puede costar al Estado una suma ingente de dinero y que es su entorno político más íntimo el que está sujeto a sospechas.
En el caso MOP Gate, el desorden administrativo y la cicatería de Hacienda institucionalizaron una mala práctica en pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado. Luego se hicieron las lesas, dejando a cientos de funcionarios inocentes, solos y expuestos a largas y estériles investigaciones criminales, que han terminado prácticamente en nada.
Juntando los casos de Matías de la Fuente (100 millones de pesos); MOP Gate (800 millones) que dio nombre al hecho; MOP-CIADE (40 millones de pesos) y Sergio Cortés (270 millones), todos en apelación; y MOP-GESYS (40 millones); Guillermo Díaz (2.5 millones); MOP-Prograph (36 millones) ya terminados, el caso no justifica en nada la trascendencia política que en su momento se le atribuyó.
La única semejanza posible proviene de su impacto político, que en el caso Kodama, por sus características, es dable suponer pero aún no llega. Pero incluso aquí también hay una diferencia fundamental. La ministra Magdalena Matte tiene el beneficio del nuevo procedimiento penal, que supone que nadie usará su libertad como forma de escarmiento político contra el gobierno como ocurrió con el ex ministro Carlos Cruz en el caso MOP Gate por parte de la oposición.
