En un país que debate el hecho regresivo de que miles de familias chilenas han traspasado el umbral de pobreza hacia abajo debido al alza significativa de precios de los alimentos, una comunicación política como la gubernamental, basada en las tasas de crecimiento sin gente, es un indicativo acerca de los problemas de popularidad y confianza que frente al gobierno expresa la ciudadanía.
Un viejo fantasma que acosa a los gobiernos de derecha se le apareció a Sebastián Piñera: el alza en los precios del pan, el aceite, el azúcar y el transporte colectivo. Casi como un estigma, esos precios suben cuando gobierna la derecha, y reciben una respuesta de estos que omite su importancia política. Indefectiblemente las autoridades remiten las alzas a los automatismos del mercado y a las leyes de la economía, pasando por alto el hecho de que lesionan fuertemente la economía popular.
Así reaccionó el gobierno la semana pasada, ante la noticia de que el precio del pan subiría unos 300 pesos el kilo, es decir sobre un 30 por ciento. El ministro de Economía señaló que «así opera el mercado». «El mismo libre mercado es el que ha permitido que el precio del pan durante muchos años no suba mayormente, y que en determinadas localidades suba de precio es algo que se compensa con otros precios que no suben.”
En concepto del gobierno, lo importante no es el precio del pan, uno de los principales alimentos en la mesa de los chilenos, sino que los mercados funcionen bien y sin distorsiones.
[cita]Las alzas referidas no constituyen un imprevisto en un contexto internacional de alza de precios de los alimentos y de aceleración inflacionaria. Ello ha sido advertido en numerosas oportunidades durante este año por agencias internacionales e incluso por autoridades de nuestro país.[/cita]
Tal conclusión se desprende de los dichos del ministro de Economía quién remató que “si hubiera comportamientos de carácter monopólico, eso sería objeto de una investigación de las autoridades competentes”. Acto seguido, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, durante una visita a la Vega Central, señaló que “se encargó a la Fiscalía Nacional Económica indagar la posibilidad de un acto de colusión” entre empresarios panaderos.
Lo que llama la atención es la baja sensibilidad política del gobierno para percibir la importancia de ciertos temas y darles un tratamiento comunicacional adecuado.
En primer lugar las alzas referidas no constituyen un imprevisto en un contexto internacional de alza de precios de los alimentos y de aceleración inflacionaria. Ello ha sido advertido en numerosas oportunidades durante este año por agencias internacionales e incluso por autoridades de nuestro país.
Hace poco menos de un mes un Informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, indicó que el aumento en los precios internacionales de los alimentos podría desencadenar este año una aceleración de la inflación en algunos países de América Latina y el Caribe, la que podría aumentar hasta más de cinco puntos porcentuales en algunos países, siendo el azúcar, trigo, soya, arroz, y maíz los rubros que experimentaron mayores alzas.
En Chile, donde el pan es un componente muy alto en la dieta cotidiana de la gente, se requería al menos una sintonía más fina en la respuesta.
Chile es considerado uno de los mayores consumidores de pan en el mundo, con un promedio de 100 kilos por habitante al año. Comparado el precio del pan con el de los países de la región, puede resultar hasta cinco veces más alto. En Argentina el kilo cuesta entre 600 y 800 pesos, en Perú, donde se vende por unidad comparativamente un kilo cuesta entre 300 y 400 pesos, y en Brasil, país que es un gran importador de trigo, tiene un valor cercano a los $700 pesos. La dupla económica no pareció considerarlo en sus declaraciones.
Las diferencias de precios se basan en que el trigo solo incide en un 40% del precio del pan, y el resto depende de otros factores como el valor de los combustibles, materias grasas y mano de obra. Si a ello se agrega que la industria del pan en Chile es mayoritariamente de medianos y pequeños empresarios, sin mucha capacidad de absorber alzas que alcanzan hasta un 67% en sus insumos como es el caso de los combustibles y la electricidad, la situación es compleja.
Según datos de de la Federación Chilena de Panificadores, FECHIPAN, se trata de una industria de gran atomización, conformada a nivel nacional, por unas 5.500 panaderías que generan más de 100 mil puestos de trabajo, y donde el 95% de los actores son PYMES.
En tales circunstancias, desde el punto de vista técnico, enfrentar el tema es un poco más complejo que remitirlo a un simple problema de automatismo de mercado o colusión de productores, que claramente también puede haberlo.
Pero lo sustancial, desde el punto de vista político, es que el alza del pan viene a sumarse a otras sostenidas de otros alimentos y de los pasajes del transporte público, lo que en opinión de Joseph Ramos académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, generaría una escalada que “provocaría efectos en la inflación y perjudicaría mayoritariamente a la población de bajos recursos”.
En un país que debate el hecho regresivo de que miles de familias chilenas han traspasado el umbral de pobreza hacia abajo debido al alza significativa de precios de los alimentos, una comunicación política como la gubernamental, basada en las tasas de crecimiento sin gente, es un indicativo acerca de los problemas de popularidad y confianza que frente al gobierno expresa la ciudadanía. Cada vez que la familia se siente a la mesa a comer se acordará del precio del pan y del gobierno, como lo hace cada vez que se sube al transporte público.
