Nuestros partidos tienen estructuras rígidas, déficit de mecanismos de transparencia, ausencia de una regulación que permita mejorar la selección de candidatos (primarias), etc. Todo ello, no cabe duda, profundiza aún más la distancia con la ciudadanía.
En los últimos días, a propósito del rechazo al proyecto de ley de voto de chilenos en el extranjero, se ha suscitado un fuego cruzado entre el oficialismo y la Concertación. Los primeros acusan a la oposición de hacer fracasar una reforma importante, los segundos señalan que las condiciones (llamadas “vínculo”) en el proyecto, son francamente inaceptables y establecen una especie de “voto censitario”.
Este debate, que está en el marco de la llamada “agenda democrática” del Gobierno, cuyo propósito es impulsar una serie de reformas políticas para fortalecer nuestra democracia y que fuera anunciada por el Presidente de la República el pasado 21 de mayo, ha tenido escasos avances en un año y ha carecido de un debate serio, comprensivo y que se haga cargo de un diagnóstico real de los problemas que enfrenta actualmente nuestro sistema político.
[cita]Nuestros partidos tienen estructuras rígidas, déficit de mecanismos de transparencia, ausencia de una regulación que permita mejorar la selección de candidatos (primarias), etc. Todo ello, no cabe duda, profundiza aún más la distancia con la ciudadanía.[/cita]
En efecto, no cabe duda que desde la recuperación de la democracia en los años ’90 Chile ha logrado consolidar su régimen, no obstante, tras dos décadas, hoy enfrenta desafíos de otro tipo, que tienen que ver tanto con la participación como con la representación. No sólo tenemos niveles de participación electoral decrecientes, con una fuerte desafección particularmente relevante en el segmento joven de la población, sino que también, un distanciamiento enorme de los ciudadanos respecto a la política, con la peor evaluación de los partidos políticos de toda América Latina (encuesta LAPOP 2010) y altos niveles de desconfianza respecto a la actividad política (LATINOBAROMETRO 2010). Nos solazamos de ser una de las democracias más estables e institucionalizadas de la región, pero no nos hacemos cargo de los síntomas que amenazan con enfermarla gravemente.
Desde esta perspectiva y volviendo a la “agenda democrática” del Gobierno es posible afirmar no sólo que los avances son escasos, sino que también abandonan una real preocupación por los signos de agotamiento y déficit de nuestra democracia. Esto implica que, a la fecha, los resultados sean simplemente maquillaje y que omitan aspectos sustantivos para mejorar la calidad de la política.
Por ejemplo, una de las iniciativas que tiene un carácter prioritario para la actual administración es la que establece la inscripción automática y el voto voluntario (aprobado por una reforma constitucional el año 2009), cuyo proyecto de ley entró a discusión recién en diciembre de 2010 y aún no ha pasado del primer trámite, además de haber sido separado, como estaba originalmente, de la iniciativa que consagra el voto de los chilenos en el exterior. No obstante, siendo una férrea partidaria del voto como un derecho adquirido y por tanto de su voluntariedad, comprendo perfectamente que es una ilusión pensar que por el sólo hecho de aprobar esta iniciativa, habrá hordas de jóvenes concurriendo a las urnas motivados a participar. Es probable que la participación electoral baje de manera notable y esto implicará necesariamente un doble esfuerzo desde los partidos y los candidatos para movilizar al electorado.
Por eso no basta con el voto voluntario, hay que generar iniciativas adicionales que mejoren la calidad de nuestra democracia. Es en este cuadro donde las promesas de Gobierno se empiezan a diluir. Si los problemas son tanto de participación como representación, es incomprensible que a la fecha no haya avances ni en la anunciada simplificación de los plebiscitos comunales, ni en la Iniciativa Popular de Ley (sin proyecto del Ejecutivo), ni menos se sabe como se hará realidad la promesa de “fortalecer la democracia regional y comunal”. En materia de probidad y transparencia, el Gobierno recién acaba de anunciar el envío de una iniciativa que refunde varios proyectos en el marco de la “Probidad Pública”, pero se desconoce su alcance.
A ello se agrega la ausencia de un proyecto para una de las iniciativas que, probablemente, sería la más relevante para la calidad de nuestra democracia y que dice relación con la reforma de los partidos políticos. En efecto, nuestros partidos tienen estructuras rígidas, déficit de mecanismos de transparencia, ausencia de una regulación que permita mejorar la selección de candidatos (primarias), etc. Todo ello, no cabe duda, profundiza aún más la distancia con la ciudadanía. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia anunció la creación de una comisión de expertos para llevar adelante esta iniciativa, sin embargo, a la fecha se desconoce si el estudio de esta materia ha avanzado o no.
En suma, a la luz de los escasos avances y de la falta de novedad, al menos para la calidad de nuestra democracia, de la actual administración pareciera que no podemos esperar más que maquillaje.
