En este nuevo paradigma hay opciones que tomar. A mi juicio, las políticas recientes contienen importantes omisiones y están desbalanceadas hacia el polo “aplicación de incentivos y presión” en desmedro del eje “apoyo a la generación de capacidades”, todo lo cual puede comprometer severamente su efectividad.
Vista en perspectiva, la última media década marca un punto de inflexión en el desarrollo del sistema escolar chileno: el modelo de libre mercado deja de ser su referente institucional. Son muy pocos los que aún siguen esperando que la sola competencia entre escuelas y la privatización vayan a producir la educación de calidad para todos que el país necesita. Ése es, a mi juicio, el principal valor histórico que tienen el “Acuerdo por la Calidad” y el “Protocolo de Acuerdo”, suscritos por la Concertación y la Alianza en 2007 y 2011, respectivamente. Para mayor abundamiento: es extremadamente simbólico que Cristián Larroulet y Joaquín Lavín hayan sido quienes lideraron estos procesos de acuerdo político-técnico. Sacudidos ya del sueño de la auto-regulación, entramos a las turbulentas aguas de la política educacional.
El desafío básico del paradigma que comienza a emerger consiste en configurar un complejo arreglo institucional en que el Estado cumple múltiples roles para garantizar la calidad y la equidad educativas: define estándares de calidad y reglas del juego, evalúa y exige responsabilidades, apoya e implementa políticas, financia y fiscaliza a los proveedores, informa a la comunidad e interviene en situaciones deficitarias, todo para asegurar que escuelas y liceos provean buena educación para todos. En términos sintéticos, se busca combinar lo más sabiamente la “presión” sobre las instituciones educativas para que mejoren su calidad, con el necesario “apoyo” para lograrlo; en otras palabras, disponer los “incentivos” para que los agentes educacionales cumplan con estándares cada vez más exigentes y generar en ellos las “capacidades” para responder productivamente a dichos incentivos. La dificultad mayor radica en encontrar el equilibrio entre estos dos polos, considerando que dicho equilibrio depende críticamente de las condiciones existentes en el sistema educacional del que se trate.
[cita]Hasta aquí no ha habido apertura para implementar en Chile regulaciones que son ampliamente usadas en países de la OECD, como la racionalización de la distribución geográfica de la oferta escolar, la garantía de cierta eficiencia de los establecimientos o la exigencia de demostrar estándares calidad previo a recibir subvención estatal. [/cita]
Desde esta perspectiva, ¿qué tan equilibrada es la agenda legislativa y de políticas educacionales que se ha ido priorizando en Chile? En mi opinión no mucho y mencionaré tres ejemplos para fundamentarla. El primero es la notable postergación de la educación pública: aunque el fracaso de la municipalización y su crisis son ya evidentes, los tomadores de decisión aún no se deciden a actuar agresivamente sobre ella para fortalecerla, como hacen prácticamente todos los países de la OECD. El segundo caso es el de los profesores: es sabido que el estatus de la docencia en Chile es bajo para competir con las demás profesiones, pero no ha habido un abordaje integral para hacer atractiva la carrera docente; más aún, la desregulada explosión de la matrícula de las carreras de pedagogía en la última década se ha hecho sin respetar criterios mínimos de calidad, lo que no augura un buen futuro.
El último ejemplo es el de las escuelas privadas subvencionadas: el desarrollo de este sector no ha seguido ningún criterio estratégico para el mejoramiento del sistema, sino que ha respondido a los intereses de los sostenedores privados, derivando en situaciones de sobreoferta, aumentando la segregación de los alumnos y afectando negativamente a los establecimientos municipales; lamentablemente, la nueva legislación del sector no modifica este panorama en lo sustancial, porque confía completamente en el control ex post basado en el Simce (la amenaza de cerrar escuelas que no logren ciertos puntajes). Hasta aquí no ha habido apertura para implementar en Chile regulaciones que son ampliamente usadas en países de la OECD, como la racionalización de la distribución geográfica de la oferta escolar, la garantía de cierta eficiencia de los establecimientos (e.g. exigiendo un tamaño mínimo para recibir subvención) o la exigencia de demostrar estándares calidad previo a recibir subvención estatal.
En síntesis: la institucionalidad educativa y la política educacional tienen un rol relevante para hacer más competitiva y más justa la educación; recientemente en Chile se ha logrado un amplio acuerdo en que el mercado no logra satisfacer ambos propósitos en educación escolar. Consecuentemente, las reformas institucionales como la LGE y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad están orientadas hacia la configuración de una institucionalidad más adecuada, que reposiciona al Estado como garante y promotor de la calidad y la equidad educativas. Sin embargo, también en este nuevo paradigma hay opciones que tomar. A mi juicio, las políticas recientes contienen importantes omisiones y están desbalanceadas hacia el polo “aplicación de incentivos y presión” en desmedro del eje “apoyo a la generación de capacidades”, todo lo cual puede comprometer severamente su efectividad.
