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HidroAysén v/s Rapel: lecciones para La Moneda

por 16 mayo 2011

Estos muestran la ceguera situacional de los análisis tecnocráticos desarrollados en La Moneda que ignoran la complejidad de los factores, actores y acción presentes en los problemas públicos y el proceso de formación de las políticas.

Varios de los errores no forzados del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tienen que ver con estilos y prácticas de gestión caracterizados por la creciente despolitización de las decisiones. Para esta visión –predominante en el Gobierno– el problema radicaría en el carácter “político” del Estado que sesga y dificulta la toma de decisiones eficientes y técnicamente correctas. Los hechos recientes parecen contradecir esta visión. Estos muestran la ceguera situacional de los análisis tecnocráticos desarrollados en La Moneda que ignoran la complejidad de los factores, actores y acción presentes en los problemas públicos y el proceso de formación de las políticas.

La ofensiva del Gobierno para defender la aprobación de HidroAysén –pero también pasó con el alza del gas en Magallanes o con la “letra chica” de la agenda social del Ejecutivo–  dan cuenta de lo anterior. En el caso de HidroAysén junto a las cuestionables declaraciones del Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter sobre la conveniencia de la aprobación del proyecto antes de que los actores institucionales se pronunciaran sobre la viabilidad del mismo, ahora otro presidenciable del gabinete, Laurence Golborne, despliega una fuerte estrategia comunicacional, destinada a defender la institucionalidad del proceso de evaluación del proyecto. Además, busca blindar la decisión a través de la conformación de un panel de expertos para dotarla de legitimidad.

Estos muestran la ceguera situacional de los análisis tecnocráticos desarrollados en La Moneda que ignoran la complejidad de los factores, actores y acción presentes en los problemas públicos y el proceso de formación de las políticas.

Lo que observamos en este accionar es una visión excesivamente lineal de los problemas públicos. Se parte del supuesto de que sólo bastaría con un buen conocimiento de la realidad, decisión y recursos para que la realidad se amolde a la intención de quienes deciden las políticas. Como lo señala el informe del PNUD (2009) esta representación es expresión y soporte de la imagen fuertemente arraigada en Chile de que son las elites, estatales y empresariales, las que definen por vía de autoridad y de manera relativamente autónoma y voluntarista las dinámicas de la sociedad.

Durante muchos años se creyó que construir una central hidroeléctrica era un asunto exclusivamente técnico, que podía ser definido unilateralmente por los gobernantes, y legitimado por cálculos científicos, económicos y por los marcos legales. Este fue el caso de la central Rapel en los años 70. Que Chile es distinto no cabe duda. No se entiende entonces la ceguera situacional del Gobierno que ignora el proceso de complejización de sociedades posmateriales –como la nuestra–  resultado no solo de la dimensión cuantitativa –aumento de factores– sino que también cualitativa  –nuevas formas de acción de los actores sociales– que requieren de nuevos enfoques.

Lo que hoy tenemos es una mayor cantidad de factores y cada uno son crecientemente autónomos en sus propias lógicas. Ninguno de los factores en juego puede imponerse por sobre el resto.

Lo anterior ha dado lugar a escenarios complejos de disputas sociales, donde un número importante de actores diversos posee competencias y poderes para cuestionar las decisiones políticas, técnicas o legales, como lo han mostrado los casos de Ralco antes e HidroAysén hoy.

Para construir soluciones en el tema energético parece necesario partir construyendo relaciones sociales, sin que exista un solo actor, un solo lugar o un solo instrumento que pueda lograrlo y donde las soluciones siguen vías que no son precisamente lineales. Aquí parece radicar la gran lección para La Moneda. Es imprescindible no cerrar el espacio de la gestión pública a la política. De lo que se trata, es de lograr que el Estado y sus instituciones sean capaces de “hacer bien la política”.

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