A pocos días de la cuenta anual del Presidente, el ex titular de Transportes Felipe Morandé asegura que el gobierno necesita desempantanar la agenda con la oposición y aconseja a Sebastián Piñera: “La disposición al dialogo no constituye un hecho espontáneo, sino también se debe crear a partir de la construcción de confianza entre las partes. Lo que pasó con el Transantiago es un ejemplo de ello. No sería una mala idea trazar rutas parecidas para la agenda social”.
El debate político actual está anclado en la controversia sobre el trámite de tres proyectos de ley que son esenciales en la agenda social del gobierno: la extensión del post natal, la eliminación del 7% de cotización de salud para los jubilados, y un bono a las familias de menores ingresos, que sería la antesala del «ingreso ético familiar».
Al presidente Piñera le apura un trámite urgente, al menos de la idea de legislar. Se trata de compromisos de programa de gobierno que apuntan al vértice de la triada «oportunidades, seguridades y valores» de su relato: el de las seguridades. Le apura también por razones de ventaja política: querría mostrarlo como éxito y relevancia de su agenda social en el discurso del 21 de mayo próximo.
La oposición, por su parte, parece inclinada a rechazar la idea de legislar en por lo menos dos de los tres casos. Reclama que no desea ser puesta por el gobierno entre la espada y la pared en temas que le son muy sensibles, y manifiesta querer mejorar, en su opinión, los proyectos presentados por el Ejecutivo. Este último, denuncia un afán obstruccionista de la oposición que perjudica a mujeres, ancianos y sectores vulnerables. ¿Un pantano?
[cita]“La disposición al dialogo no constituye un hecho espontáneo, sino también se debe crear a partir de la construcción de confianza entre las partes. Lo que pasó con el Transantiago es un ejemplo de ello” [/cita]
Más allá de los aspectos técnicos de cada proyecto existe una dimensión política que es necesario reflexionar.
Mi experiencia como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, aunque breve, demuestra que la propensión al diálogo entre gobierno y oposición es fundamental en un sistema de mayorías parlamentarias precarias como el chileno. En nuestro caso, y con el apoyo en equipo de los subsecretarios Atton y Hutt, logramos con esta actitud la aprobación de ocho proyectos de ley en seis meses, algunos de ellos muy emblemáticos, como la portabilidad numérica para celulares y telefonía fija, y el nuevo marco regulatorio del transporte público licitado.
Todos los proyectos fueron aprobados por abrumadoras mayorías o, incluso, unanimidad, en ambas cámaras, evidenciando un apoyo transversal de todos los sectores políticos. Tal logro no es trivial puesto que, en varios de los proyectos, se trataba de temas políticamente muy sensibles, como el Transantiago.
La disposición al dialogo no constituye un hecho espontáneo, sino también se debe crear a partir de la construcción de confianza entre las partes.
Lo que pasó con el Transantiago es un ejemplo de ello. Se debía aprobar tres proyectos, entre los cuales el primero y más urgente, era suplementar el subsidio transitorio entre el 2010 y el 2014 con el fin de mitigar el aumento de tarifas para la población. El segundo era establecer un marco regulatorio para el transporte público licitado que le diera a la autoridad atribuciones suficientes y razonables para garantizar un buen servicio, proteger a los usuarios y brindar seguridad jurídica a las empresas operadoras. El tercero era el proyecto que aumentaba las multas a los usuarios que evaden el pago de la tarifa. El Ministerio convino con parlamentarios de la oposición y del gobierno la confección de un Protocolo de Acuerdo Político que sirviera de marco para la discusión y aprobación de los tres proyectos. Luego de mes y medio de arduas conversaciones, y partiendo del propósito común de las partes de mejorar el transporte publico frente a la pésima experiencia anterior, se consensuó el mencionado protocolo en septiembre de ese año.
El conjunto de diputados y senadores de oposición y gobierno junto al equipo de mi cartera y el Subsecretario de la Segpres, construyeron un acuerdo para el transporte publico que excedía el Transantiago, a partir de recoger propuestas amplias que hicieron del Protocolo una orientación compartida sobre el transporte público de todo el país. El mes siguiente fue despachada la ley de suplemento financiero (hay que considerar la estrechez financiera fiscal post terremoto), en diciembre la del aumento de penas por la evasión y, finalmente, en enero del 2011, la más compleja de todas: el nuevo marco regulatorio.
En esta última el Ejecutivo recogió y perfeccionó una serie de indicaciones planteadas por senadores de la oposición que apuntaban a que se diera una adecuada protección a los trabajadores del transporte licitado, en vista de la precariedad laboral en que ellos operaban derivada de los contratos de concesión suscritos el año 2006.
Nadie descubrió la pólvora con esta forma de actuar. Simplemente nos aplicamos de manera realista a reeditar formas probadas de trabajo en el país, como la llamada “democracia de los acuerdos” que brindó mucha estabilidad en momentos difíciles, aunque en una versión 2.0, acorde con la normalidad democrática actual.
No sería una mala idea trazar rutas parecidas para la agenda social y los proyectos mencionados al comienzo de esta columna. Al final del día, la ciudadanía valora los entendimientos en torno a cosas o hechos que la favorecen y penaliza electoralmente los conflictos. Nuestro sistema político no tiene demasiadas holguras para cosas muy diversas del diálogo y el entendimiento, que son los que traen, en definitiva, el progreso de los pueblos.
