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21 de Mayo: El fin del combate de la educación pública chilena

por 19 mayo 2011

10 de marzo de 1990, 14 horas en algún lugar de Santiago. Abrimos el Diario Oficial a un día de la llegada de Patricio Aylwin a la Presidencia. Podríamos habernos tomado un café para enfrentar el espanto que vendría segundos más tarde. En medio de un desfile de sociedades en constitución figuraba el armisticio que imponía la lógica mercantil de la educación en Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

Habían pasado 6.020 días bajo dictadura, con muchos días bajo estado de sitio, con escuelas y universidades intervenidas por militares, con asesinatos, persecuciones, desaparecimientos y exilios. Mientras durante la década de los 80 la Armada Privada se había preparado para este día, se sitió a la educación pública como en aquellos pasajes dantescos del Mío Cid, asfixiando salarios e infraestructura.

El nuevo trato significó el final de una guerra… o tal vez el comienzo de otra. Se extinguió con el surgimiento de la LOCE la ambición por una educación pública orientadora, integradora y democrática. Con esto no estamos diciendo que esta fue una batalla ganada hacia comienzos de los 70, pero claramente el grado de conciencia sobre la relevancia de una educación pública fuerte, de calidad, laica y democrática en su gestión había ganado posiciones de avanzada.

Con la LOCE se terminó de marginar “legalmente” nuestra posibilidad de reconstruir el desmantelamiento de lo “público”. La Alianza y la Concertación de entonces acordaron pactar el silencio, y aceptar las reglas del juego dictatorial. Nos ilusionamos con que la democracia traería al menos la discusión acerca de la legitimidad de la Carta Constitucional, como de tantos decretos forzosos disfrazados de Ley. Entonces se abrió la Comisión Brunner, y la cohorte de altos representantes de los poderes políticos, eclesiásticos, empresariales, militares y sindicales analizaron la educación chilena como si no hubiese existido la dictadura –sospechoso olvido.

La Concertación intentó organizar una ofensiva. Se realizó una Reforma Curricular, se implementó la Jornada Escolar Completa –¡regalando con dinero estatal el 90% de la ampliación de las escuelas privadas subvencionadas!-, se crearon programas de mejoramiento en diversos niveles, y se aumentaron los recursos para salarios docentes y subvención escolar en general. Pero el ataque no consideró aproximarse a la madre de las batallas… enfrentar la LOCE, la Constitución Política –que omitió el derecho a la educación-, y el haber convertido la educación en un bien de mercado.

Es mayo de 2006. Ya han pasado 16 años desde aquel fatídico Diario Oficial. La educación privada supera a la pública en número de escuelas y de matrícula, y las instituciones de educación privada aumentan exponencialmente su oferta. Luego de que miles de estudiantes secundarios abrieran sus pancartas para levantar la educación pública y enfrentar la andanada de golpes, chorros de agua y bombas lacrimógenas en las calles, la clase política se encerró nuevamente en el Congreso. La Alianza y la Concertación celebraron con sus manitas alzadas al acuerdo por una nueva Ley General de Educación –LGE-, que después de algunos forcejeos logró ser publicada el 12 de septiembre de 2009.

Como diría Mauricio Redolés el “Liceo XZZ2” probablemente prefería el caos antes que esta sospechosa realidad tan pulcra en sus estándares.

2011 y dos armisticios después, la exclusión es la misma. Se eligió una vez más el modelo de la represión de los actores escolares a través de un mar de reglamentos a cumplir, se ha aumentado enormemente la carga de tareas docentes, sin suponer mayores horas laborales, lo que en una lectura marxista se llamaría derechamente “súper explotación”. Mientras nuestros niños y niñas son entrenados en un currículo de habilidades “básicas”, dejando de lado cualquier formación crítica que permita conocer la realidad chilena y latinoamericana en su complejidad económica, social, cultural, política y ecológica.

Fin del combate. La clase política parece haber llegado a sus límites con los aumentos de la regulación estandarizadora, control a través de estímulos económicos, autonomía para los dueños o sostenedores de las escuelas/universidades, énfasis en los resultados y desestimación de las condiciones de entrada y de los procesos, desaparición de la democracia y ciudadanía como objetivo manifiesto. La excelencia y el emprendimiento individual se proponen como la piedra angular de un sistema que perfecciona la construcción limitada de elites educacionales, donde no hay pronunciamientos explícitos sobre el devenir de la educación pública.

Pero afuera, en altamar, una serie de esperanzas se movilizan. Son las mismas de siempre, las de quienes no tienen los recursos para endeudarse para pagar por su educación o lo que ya entraron en esta perversa relación con los bancos comerciales, las de que finalmente creen en que en Chile podemos refundar la Educación Pública justa y para todos y todas. El Estado de Chile no ha recuperado aún su retraso en la protección de derechos educacionales –lo que confunde en el mejor de los casos con derechos del consumidor- ni ha sido capaz de poner límites al lucro.

No será en las pizarras digitales ni en un discurso en inglés donde encontremos la verdadera pregunta a responder. Porque los combates no son sólo narraciones de triunfos y derrotas de tipo militar, sino que también ocurren en el campo simbólico de la cultura, la educación y la política. Quizás nos encontremos en alguna calle con una flor de madera con una inscripción que diga: ¿Cuál es el fin del combate?.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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