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Crisis universitaria y consultoría sobre los bienes públicos

por 24 mayo 2011

Más allá de las sanciones que le corresponderá aplicar a las instancias competentes en el caso Kodama, deberán implementarse formas de autofinanciación universitaria que no ponga en riesgo ni su solvencia científica ni su solvencia moral.

Las manifestaciones estudiantiles del pasado 12 de mayo, con más de 100.000 personas movilizadas en todo el país, expresan el estallido de la larga crisis universitaria como manifestación superior de la crisis educativa que vive la nación, en esas manifestaciones no tan solo participaron los estudiantes universitarios, además los estudiantes de enseñanza media, los profesores, los docentes de las universidades, y otros como la CUT e, incluso, algunos rectores de las universidades tradicionales.

El contenido de la crisis universitaria bien lo expresó la máxima dirigente estudiantil Camila Vallejo Presidenta de la FECH, al afirmar que el 80% del financiamiento de las universidad lo soportan las familias y solo el 20% el gasto fiscal, de manera simétrica a lo que acontece en los países desarrollados de la OCDE, a la cual pertenecemos, y con los cuales tanto nos gusta compararnos, además destacó que siempre se afirma que gracias la privatización de la enseñanza superior esta a crecido vertiginosamente, hoy hay algo así como un millón de estudiantes universitarios, pero en los años 70  el 30% de los jóvenes en edad universitaria iban a la universidad y hoy solo el 27% de ese grupo de edad lo hace, dice ella. Las universidades no tan solo recaban sus recursos propios cobrando por los servicios de docencia mediante matrículas y aranceles, su principal ingreso,  además realizando diversos servicios privados de consultoría y estudios.

Más allá de las sanciones que le corresponderá aplicar a las instancias competentes en el caso Kodama, deberán implementarse formas de autofinanciación universitaria que no ponga en riesgo ni su solvencia científica ni su solvencia moral.

Aquí la crisis universitaria se entrelaza con una expresión particular de la crisis de la contratación privada de las obras públicas. El viernes 13 de mayo  Contraloría General de la República entregó su informe sobre el llamado caso Kodama, en el cual se establece que el Ministerio de Vivienda le adeuda un poco más de $131 millones a la constructora, en vez de los $17 mil millones que el Serviu se había comprometido a pagar por concepto de gastos extras en que la empresa incurrió durante la construcción de un corredor del Transantiago.

El informe de la Contraloría contradice de manera contundente el estudio elaborado por el Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, a solicitud de la Subsecretaría de Vivienda, que estableció un pago máximo de $ 2.132 millones de indemnización a la empresa Kodama por el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago, también contradice gravemente al estudio que solicitó esa empresa a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (DICTUC), entidad que estimó el pago por el mismo concepto en $ 17 mil millones. En términos comparativos el estudio de la Universidad de Chile contratado por el mandante estaría sobre valuado 16 veces y el estudio de la Universidad Católica de Chile contratado por el ejecutor de la obra estaría sobre valuado 130 veces. Lo que tienen que entrar a aclarar tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica es si estos hechos son errores técnicos o falencias morales, en cualquier caso son hechos gravísimos que deben ser explicados por las máximas autoridades de esas instituciones ante sus respectivas comunidades universitarias y la nación entera.

Más allá de las sanciones que le corresponderá aplicar en lo administrativo y penal a las instancias competentes en el caso Kodama, deberán diseñarse e implementarse formas de financiación y autofinanciación universitaria que no ponga en riesgo ni su solvencia científica ni su solvencia moral. Como recordaremos en el caso MOP GATE y en el caso del contrato entre el Registro Civil y empresa internacional Tata, donde el Estado fue defraudado por algunos funcionarios de reparticiones de la Universidad de Chile y Universidad de Santiago por lo que se vieron implicadas. Todos los que hacen consultorías y estudios bien saben que las conclusiones y recomendaciones la define siempre el mandante del estudio, eso quedó claro en el caso de la quiebra ENRON, empresa de energía –electricidad y gas- de Estados Unidos de América y su compañía auditora Arthur Andersen, los ejecutivos se robaron esa empresa por dentro, incluidas las prestaciones sociales de sus trabajadores, gracias a ser los mandantes efectivos de sus auditores externos.  Esos tipos de acontecimientos son mucho más graves para la sociedad y el estado que la delincuencia común y el crimen organizado, en esas insolvencias científicas y morales están los orígenes de lo terrible que ha acontecido tanto en Chernobil como en Fukushima, cuyas consecuencias para la humanidad durarán miles de años.

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