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Ley reservada del cobre: El proyecto Piñera-Allamand

por 24 mayo 2011

Los recursos destinados y manejados por las Fuerzas Armadas requieren un escrutinio permanente. Es urgente continuar disminuyendo la autonomía corporativa de las instituciones armadas respecto del poder civil democrático.

El proyecto Piñera-Allamand –muy parecido al proyecto Bachelet-Vidal de 2009- que deroga y reemplaza la Ley Reservada del Cobre por un financiamiento plurianual de las fuerzas armadas, ha continuado la profunda transformación que los gobiernos de la Concertación comenzaron en el sector y que ha ido más allá de una mera modernización institucional.

Este proceso, que podría compararse con el ocurrido a fines del siglo XIX liderado por el general Jorge Boonen Rivera, ha sido reconocido por el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, cuando afirmaba que “las FFAA han logrado una capacidad militar inédita en su historia. El desafío es traspasar el umbral de la teoría a una fuerza armada totalmente conjunta, que requiere implementar complejos sistemas de interacción estratégicos, operativos, logísticos y de gestión”.

La nueva ley del ministerio de Defensa, la constitución del Estado Mayor Conjunto, la reforma a la justicia militar, la propuesta de tropa profesional, la institucionalización de las operaciones de paz y nuevas responsabilidades internacionales del país, son cambios institucionales que sin el correspondiente financiamiento a la permanente modernización de los sistemas de armas dejarían incompleto este proceso de transformación.

Los recursos destinados y manejados por las Fuerzas Armadas requieren un escrutinio permanente. Es urgente continuar disminuyendo la autonomía corporativa de las instituciones armadas respecto del poder civil democrático.

Sin embargo, un financiamiento plurianual de la defensa requiere tomar en consideración una variedad significativa de otros elementos. Por una parte, tal como los estudios de actitudes frente a las instituciones castrenses lo indican, la legitimidad de las fuerzas armadas y de su financiamiento en democracia exige un alto grado de  transparencia, de manera de lograr su aceptación y comprensión entre la ciudadanía. En particular, dados los volúmenes involucrados es necesario un análisis permanente de su manejo, una evaluación permanente de su ejecución y una estimación de posibles ahorros.

Considerando que el presupuesto en defensa se empina en los US$2.740 millones, que el aporte estatal a su previsión es de US$1.500 millones y el de Codelco el último año alcanzó a los US$$1.311 millones, que existe un fondo de contingencia sobre los US$4.000 millones (en manos de Hacienda), que no hay información sobre deudas, y que las industrias militares (ASMAR; FAMAE y ENAER) no tiene claro su destino, el orden de magnitud de los recursos destinados y manejados por las fuerzas armadas requieren un escrutinio permanente no solo de las instituciones estatales correspondientes –incluido el Congreso- sino que también por parte de la ciudadanía.

En este contexto, en segundo término, es urgente continuar disminuyendo la autonomía corporativa de las instituciones armadas respecto del poder civil democrático, de manera que estas sean funcionales a la estrategia de proyección internacional del país. Para ello, las iniciativas existentes se deberían vincular a las transformaciones anteriormente implementadas y en vías de implementación constituyéndose en ser parte de una reforma sistémica del sector. De esta forma se deberían enfrentar y avanzar soluciones en torno a la reforma de la previsión militar y a la salud; al bienestar social; así como a los montos y tratamiento a los gastos reservados del ministerio y de las instituciones armadas.

En la medida que en la toma de decisiones en materias de defensa prima lo corporativo y toda vez que este conjunto de cambios solo pueden ser estables si existe un sistema de toma de decisiones que se le corresponda, en tercer lugar, es necesario que la autoridad del Congreso no siga tan lejana a estos centros neurálgicos y que los criterios políticos y técnicos civiles se integren en ellos. Por ejemplo, el Consejo de Inversiones en Defensa (CID) -al que se suma a este proceso la División de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa-, recientemente creado por el ministro Allamand, integrado por los subsecretarios de Defensa y de Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto (en un rol disminuido) y los comandantes en jefe de cada rama de la defensa, mantiene un negativo cierre corporativo que requiere modificación. En este marco dado la sesgada apreciación estratégico-política que lo caracteriza es necesario que de alguna forma se incluya institucionalmente el criterio de Cancillería.

De acuerdo a lo anterior, el proyecto que reemplaza la Ley Reservada del Cobre por una de carácter plurianual tiene importantes dimensiones políticas. Por una parte, no se debe volver a caer en la histórica despreocupación civil por la modernización y mantención de los sistemas de armas y desatención de los temas castrenses, y se debe continuar con el proceso de transformación global del sector. Pero, al mismo tiempo, es preciso aprovechar la oportunidad para un significativo incremento en la transparencia de los fondos destinados a defensa y ampliación de las instancias de toma de decisiones incorporando perspectivas políticas y estratégicas civiles.

Con todo, dada la necesaria adecuación final de las fuerzas armadas a la democracia existente, la plurianualidad -con aprobación anual de desembolsos en la ley de presupuesto- debe quedar reducida exclusivamente a la provisión y mantención de los sistemas de armas adquiridos con estos fondos, sin extender abusivamente el concepto de mantención a gastos en personal u otros no directamente relacionados.

La seguridad por parte de las fuerzas armadas de contar en estas materias con un horizonte presupuestario de cuatro años -un privilegio adicional a los existentes- las obliga a un gran esfuerzo de incremento de eficiencia y eficacia en la gestión de estos fondos los que no solo se justifican en función de la capacidad disuasiva nacional sino también en función de las responsabilidades regionales e internacionales que el país ha logrado por el prestigio internacional alcanzado en esto veinte años. Es en estas materias que el Congreso deberá poner especial atención para lograr así una verdadera política de estado respecto a al defensa nacional.

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