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HidroAysén: no basta la legitimidad legal

por 27 mayo 2011

HidroAysén: no basta la legitimidad legal
Esta es una columna de opinión escrita a invitación de La Tercera para comentar el editorial que apoyaba la decisión ambiental que aprobó HidroAysén. No fue publicada por mis referencias al grupo Matte. He escrito decenas de columnas en ese diario con cierta regularidad desde el 2004, la mayoría de ellas por invitación. Es la primera que ha sido censurada.

La siguiente columna de opinión fue escrita a invitación de  La Tercera para comentar el editorial que apoyaba la decisión ambiental que aprobó HidroAysén. No fue publicada por mis referencias al grupo Matte. He  escrito decenas de columnas en ese diario con cierta regularidad  desde el 2004, la mayoría de ellas por invitación. Es la primera que ha sido censurada. En muchas individualicé a instituciones políticas o sociales  y a  personas por su responsabilidad en problemas o conflictos, incluso presidentes de la República. Nunca  el diario me censuró como lo hace ahora por mi comentario sobre  este importante grupo económico, que tiene un rol clave en HidroAysén. La decisión de La Tercera confirma  mi argumentación.  Juzgue el lector los fundamentos de esta censura.

El editorial del sábado 14 defiende la decisión de la autoridad que aprobó el proyecto Hidroaysén por su legitimidad legal, pues se habrían cumplido las exigencias legales.

No basta la legitimidad legal para concluir que una decisión de gobierno es  legítima. Es necesaria, pero no es suficiente, especialmente ante un proyecto con enormes intereses económicos y con altísimos costos medioambientales, que dependen de consideraciones políticas y valóricas. Un cristiano protege la naturaleza porque es obra de Dios.

Las empresas del proyecto -Colbún y Endesa- despiertan desconfianza en la población. Colbún es controlada por el grupo Matte, propietaria de la Papelera (CMPC) y tiene  el Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980, un influyente think tank que reúne a los principales accionistas controladores y altos ejecutivos de las mayores empresas chilenas, a través del cual influye en la agenda pública, con propuestas favorables al sector.

La legitimidad legal de la resolución de HidroAysén tiene insuficiencias. Históricamente la legislación medioambiental fue dictada a contrapelo de la autoridad económica y en el marco de políticas que beneficiaron a los grandes empresarios, favorecieron la concentración económica y descuidaron los derechos de los trabajadores. En un gobierno de derecha y un presidente y un gabinete formado por empresarios las decisiones a favor de grandes empresas despiertan comprensibles suspicacias en la población  de que hubo subordinación a los intereses empresariales.

El crecimiento económico ha influido en la ciudadanía, disminuyendo su preocupación por los bienes materiales, porque dispone de muchos de ellos, y se interesa por bienes inmateriales, “postmaterialistas”, entre los cuales se encuentra la protección de la naturaleza. Ocurrió en Europa a fines de los años 60 después de la reconstrucción de la II Guerra Mundial.

Las empresas del proyecto -Colbún y Endesa- despiertan desconfianza en la población. Colbún es controlada por el grupo Matte, propietaria de la Papelera (CMPC),  una empresa líder mundial en la producción de papel, y tiene  el Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980, un influyente think tank que reúne a los principales accionistas controladores y altos ejecutivos de las mayores empresas chilenas, a través del cual influye en la agenda pública, con propuestas favorables al sector. El presidente Lagos recurrió al CEP para relacionarse con el mundo empresarial y superar las desconfianzas que él creía tener ahí por la traumática experiencia del gobierno de Allende. La cercanía del grupo Matte con el poder político explica la simpatía con el proyecto que recibió de autoridades del gobierno Bachelet.

Endesa, la poderosa empresa de generación eléctrica, también tiene una historia de cercanía con el poder político desde su fundación por la Corfo en los años 40. Privatizada al final del régimen militar y adquirida por sus ejecutivos, bajo el liderazgo de José Yuraszeck, se expandió a la distribución con el control de Chilectra, formando el grupo Enersis. La vendieron en 1997 a Endesa España (“el escándalo del siglo” como se conoció ese hecho), siendo sancionados por la autoridad porque atendieron primero sus intereses y no los de los accionistas.

No es fácil la legitimidad del proyecto de HidroAysén por la superposición de intereses económicos, políticos y valóricos en su contra. La ciudadanía tiene mayor conciencia de sus derechos y está cansada que la autoridad sea complaciente con el poder económico.  La alternancia de gobierno produce cambios en la opinión pública y la percepción de ser un gobierno de los empresarios se refuerza con la decisión de HidroAysén.

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