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Valores para reformular la democracia

por 29 mayo 2011

En democracia, “ninguno puede decir ser el mejor si no se lo dicen los demás”. Esto, obviamente, tiene que ver con la “cualidad” de la relación entre gobernantes y gobernados, donde el valor de la “capacidad de respuesta” de la sociedad es clave, sea para seleccionar los intereses generales o para evitar el “narcicismo” del poder, cuestión muy pertinente en la gran sociedad telemática que vivimos.

Cuando la globalización es el eje del mundo y por tanto se plantea también el desafío de la “democracia global”, aparece evidente que los confines establecidos, desde la Revolución Francesa en adelante, por el liberalismo procedural democrático y por su léxico, si bien continúan siendo un prerequisito para la existencia de un sistema democrático, no sólo no agotan las potencialidades y las  exigencias de la democracia, sino que  plantean la necesidad de redefinir horizontes teóricos, espirituales y hasta antropológicos adecuados a los desafíos del mundo  de hoy.

Frente a ello, siguiendo las intuiciones del  filósofo italiano Salvatore Veca, cabe identificar un “paquete” de valores para una teoría política de la democracia que puede indicar caminos  descriptivos y normativos nuevos en el carácter de las instituciones y en la relación de ellas con los ciudadanos.

Comencemos hablando del concepto de integración.  Como sabemos,  para Hans Kelsen la democracia es definida como un régimen donde la  “voluntad colectiva” se expresa a través de partidos que representan intereses de corrientes sociales y cuya competencia es en sí misma un conflicto regulado que termina en un compromiso.  Es decir, el equilibrio social reposa en un acuerdo recíproco.  Sin embargo, para que éste se produzca, se requiere, como precondición necesaria, que mayorías y minorías tengan una homogeneidad cultural respecto de las reglas, los valores y las instituciones que caracterizan a una democracia.  Si ello se da coherentemente y todos deciden competir y colaborar en el marco de reglas comunes de la democracia, entonces las líneas alternativas que cada sector legítimamente expresa, pueden consensuarse o diferenciarse, aunque en un ámbito de integración y de integridad que solvente la estabilidad política de la sociedad en su conjunto.

En democracia, “ninguno puede decir ser el mejor si no se lo dicen los  demás”.  Esto, obviamente, tiene que ver con la “cualidad” de la relación entre gobernantes y gobernados, donde el valor de la “capacidad de respuesta” de la sociedad es clave, sea para seleccionar los intereses generales o para evitar el  “narcicismo” del poder, cuestión muy pertinente en la gran sociedad telemática que vivimos.

Por ello, Kelsen delinea filosóficamente como la mejor cohabitación del orden colectivo, un régimen fundado en el valor de la integración social y de la integridad en tanto tejido de principios condivisibles, compartibles, que se transformen en valores comunes para todos.  Si ellos no existen, ese régimen democrático es feble, amorfo, irresistente al debate de ideas, susceptible de quebrarse frente a los conflictos, dado que los consensos son instrumentales y coyunturales justamente porque falta una base común de la cual partir para ejercer los acuerdos y las diferencias en las opciones que se colocan  frente a la sociedad.

La cuestión central para Kelsen continúa siendo  el rescatar el concepto de la autonomía o de la libertad individual en contraposición a la coacción e, incluso, a un orden colectivo rígido.  La democracia es, justamente, aquella construcción política que tiende a maximizar la autonomía y a minimizar la coacción en tanto instituto normativo.

El otro aspecto es el de la eficiencia.  Podemos partir de la  concepción de Schumpeter, quien afirma que el ciudadano, más que asumir el rol de actor autónomo de elecciones racionales, está bajo la influencia de grupos, de actores colectivos, que modelan su información, determinan la interpretación de sus intereses y, por ende, de su capacidad electiva.  Ello le hace decir que “la voluntad popular es el producto, no la fuerza propulsiva del proceso político”.  Por tanto, en la teoría competitiva de la democracia propuesta por Schumpeter, los electores eligen a quienes deciden sobre la base de una oferta política, producida por operadores o partidos políticos en competición entre ellos.

En estas condiciones, la eficiencia del método democrático deriva, según Schumpeter, de la cualidad de la leadership  democrática –es decir, de los procedimientos de selección de quien gobierna o toma las decisiones en nombre de los electores-, de los temas sobre los cuales se debe decidir, o sea, la idea de seleccionar un número de aspectos que restrinjan la arena de la competencia política a asuntos claves concernientes a los intereses generales de largo alcance.  Lo primero se refiere a los criterios de selección sobre quién decide, lo segundo a qué cosa se decide.

Schumpeter agrega otras dos condiciones: la eficacia y la calidad de los aparatos administrativos y el autocontrol democrático de la sociedad.  De esa manera la “eficiencia democrática” comprende una definición de cómo opera la racionalidad del elector sobre quien decide y sobre las cosas que se deben decidir de acuerdo a su criterio autónomo mediado  por los partidos u otros agentes de estructura intersocial.

Se incorpora, también, la idea de la “rispondenza” o capacidad de respuesta, sobre la cual nos habla el politólogo italiano Giovanni Sartori, en su rica elaboración sobre la democracia, donde coloca de relieve el permanente desnivel entre idealidad de la democracia.  Las directrices dentológicas que subraya Sartori dicen relación con tres conceptos claves: igualdad, soberanía popular y autogobierno.  La igualdad democrática implica la existencia de una normatividad que garantiza la indiscriminación por raza, sexo o clase.    En tanto, la soberanía popular se expresa en la decisión electoral, fase de tránsito de los procesos políticos en democracia.

Sartori plantea la necesidad de que este proceso sea considerado globalmente, es decir, que las condiciones del “ex ante” de la decisión electoral y del “ex post” tengan una nítida interacción. La democracia es, según esta visión, la configuración de un poder distinto a la anarquía y a la autocracia.  Debe existir la gobernabilidad pero ella debe tener “rispondenza”, correspondencia, al interés de quienes generan el poder, los ciudadanos, y éstos deben tener “capacidad de respuesta” para controlar y contestar el operado de la autoridad  y, esta última, debe ser efectivamente controlable.  Desde el punto de vista filosófico, la “rispondenza” exige la correspondencia de la autoridad política con la naturaleza social del bien común y con el reconocimiento de los méritos para gobernar.

En democracia, “ninguno puede decir ser el mejor si no se lo dicen los  demás”.  Esto, obviamente, tiene que ver con la “cualidad” de la relación entre gobernantes y gobernados, donde el valor de la “capacidad de respuesta” de la sociedad es clave, sea para seleccionar los intereses generales o para evitar el  “narcicismo” del poder, cuestión muy pertinente en la gran sociedad telemática que vivimos.

Basándose, justamente, en la idea de que vivimos una “evaporación conceptual” de la democracia, Sartori delinea una visión que abarca los temas  de la soberanía, del consenso, de la representatividad y de la igualdad, y busca sustancia la política a través de una confluencia de instancias que son fruto de la elaboración, ya sea de Kelsen o de Schumpeter, y que han marcado el  pensamiento teórico de nuestro siglo.  De Kelsen descienden procedimientos y técnicas de la configuración del Estado.    A partir de Schumpeter surge la reproposición “aggiornata” del vínculo que liga la racionalidad de los mecanismos del mercado a un sistema político cuyas decisiones están entregadas a la élite gobernante.

Para Sartori, uno de los límites de la democracia representativa reside en que los electores no deciden sobre las “cuestiones”, sino sobre quienes deberán, en definitiva, decidirlas.  Esto hace que el elemento técnico de la competencia por el poder absorba enteramente el espesor conceptual de la política y, con ello, que se evaporen valores y principios de la democracia, que deben estar más ligados a la idea de que la voluntad popular tiene, en un Estado de derecho moderno, un permanente y verdadero valor fundacional.  Si este proceso se lleva a cabo desconociendo esta premisa básica, entonces la política se transforma en autorreferencial y, con ello, en una técnica para especialistas despojada, por tanto, de control y de rispondeza para con los verdaderos actores de la representación democrática.

Otro de los aspectos claves de esta escala valórica de la democracia es el gran tema del pluralismo.  Varios analistas han destacado que éste aparece como “extraño”, aunque consustancial a la democracia.  Ello tiene que ver con la tensión filosófica que existe entre elección individual y elección colectiva, entre la tesis de liberalismo democrático-“una cabeza un voto”-, y la representación de todos los intereses plurales de la sociedad.

Es justamente Norberto Bobbio, quien incluye, en la larga lista de promesas incumplidas de la democracia, aquella que dice relación con la dialéctica entre las exigencias individuales y las realidades plurales, entre protagonistas y “cuerpos intermedios” y el riesgo de constituir “sociedades parciales”, que reemplazan y condenan al anonimato a los individuos soberanos y autónomos.

A ello se refiere lo que podríamos sintetizar como el dilema Rousseau –Tocqueville, la representación política que transforma su naturaleza y sus funciones hasta el punto de absorber el conjunto de las voces de la sociedad civil.

Sería fácil, desde el punto de vista filosófico, entregar una larga lista de razones sobre la prevalencia del individualismo que supone también aquellas a favor de la igualdad política de la ciudadanía y una forma de liberarse del peso, a veces asfixiante, de las  corporaciones que organizan los intereses.  Sin embargo, como por lo demás lo ha demostrado ampliamente Dalh, el problema no puede ser visto sólo para “alivianar” el peso de la estructura social.

Sin embargo, en una democracia de ciudadanos autónomos, es necesario tener presente también los costos del pluralismo.  Rokkan lo expresa gráficamente: “los votos cuentan, pero las organizaciones deciden”.  Muchas veces las organizaciones bloquean el “status quo”, estabilizan y refuerzan las desigualdades al defender unilateralmente sólo los derechos de sus asociados, fragmentan los intereses de largo tiempo, establecen prioridades de acuerdo al poder de dichas organizaciones en la sociedad y, esencialmente, en los medios de comunicación, colocan intereses parciales inmediatos por sobre los intereses más generales y más inclusivos de la sociedad, y distorsionan los tiempos limitando las acciones de futuro.

Si se consolida una forma de hacer política que interviene sólo en aspectos singulares, que reivindica sólo intereses parciales, que parte de la fragmentación y de la disolución de las formas de sociabilidad, entonces se corre el riesgo de que todo sea reducido a micro solidaridades corporativas y al intento de agregar sólo intereses egocéntricos, y que se renuncie a dotar la democracia de un “sentido” general, razón de fondo de la gran política.

Por tanto, sólo el pluralismo de las “organizaciones”, de los “partidos” acrecienta la impotencia institucional, crea vínculos de colusión entre gobernantes, erosiona las bases de la igualdad política de los gobernados, y genera una extendida apatía, indiferencia y egoísmo social.  Por ello, el problema consiste en encontrar un punto de equilibrio, de “rispondenza”, entre los beneficios inestimables del  pluralismo y sus costos, y, tal vez, el tema debe expresarse en términos que  atingen, más que a la irrenunciable democracia pluralista, a la necesidad de  articular un verdadero pluralismo democrático que no sólo sofoque, sino que, por el contrario, exalte el tema de las opciones, de las libertades, de la autonomía de los ciudadanos.

La crisis crecientes de las instancias de representación tienen que ver, a mi juicio, con este tema de fondo.

El otro gran valor que se incorpora como parámetro de la democracia moderna es el de la igualdad.  Ciertamente, existen diversas aproximaciones filosóficas al tema y que tienen que ver, entre otros aspectos, precisamente con la relación entre individualismo y pluralismo, ahora referido a los valores, a la variedad de opciones, no sólo institucionales, sino, también de vida, dentro de una sociedad democrática.

Una de las respuestas es la teoría sobre la justicia de Rawls, entendida como equidad, y donde esta visión del pluralismo se coloca en el centro de la concepción de la equidad social.  Según Rawls, la concepción de justicia requiere de un espacio mínimo condivisible, de un consenso que se exprese y  se sostenga de manera estable entre quienes tienen concepciones completamente diferentes.  Es decir, la teoría de vivir conjuntamente contiene valoraciones respecto de aquello que es bueno para la vida de todos.  En el subconjunto están incorporadas aquellas nociones de lo que es justo para el diseño de las instituciones fundamentales en relación a las perspectivas de los ciudadanos.

La idea de igualdad, y particularmente  de la igualdad  de status y de respeto –aquello que Sartori, invocando a los atenienses, llama “isotomía”-,  supone principios de justicia distributiva que están destinados a modelar una justa colocación de los ciudadanos en los beneficios económicos de la sociedad.

Esto implica también una profunda visión ética pública, que  es una sección de la teoría moral que identifica los criterios para valorar de la forma como las instituciones establecen equidad en el proceso de desarrollo pensando en todos los ciudadanos y no sólo en los “ciudadanos propietarios”.

Otro tipo de respuesta es la que nos entrega Michael Walzer, para quien a partir del sentido de pertenencia a una sociedad, hombres y mujeres deben proyectarse en el terreno de una “igualdad compleja” que, de acuerdo con el mapa de pluralismo existente en la sociedad, supone grados de diferenciación en la distribución de los bienes.  Una democracia, según Walzer, supone la diferenciación, el arte de la separación, para que sea efectivamente pluralista, en tanto el monopolio de la política se expresa en el factor liberal de  “estar juntos en la electividad de opciones”.

De esta forma, la democracia, aún cuando permanece en su esencia como una forma política, capaz de estructurar sistemas de ejercicio del poder social, se dilata hasta comprender las relaciones generales del ejercicio de toda libertad humana: ella se transforma, logra ser, de esta manera, el verdadero paradigma y juez de todo modelo de organización social, de todo proceso en el cual el hombre decide con otros hombres.

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