Uriarte ha disparado furiosas declaraciones llamando al gobierno de Sebastián Piñera a asumir su responsabilidad por la aprobación de HidroAysén. Sin embargo, ella tiene una responsabilidad fundamental en haber perpetuado un diseño institucional antidemocrático que amparó la continuidad de la intervención política de las decisiones ambientales –como las que probablemente seguirán ocurriendo en el gobierno de Piñera así como ocurrieron en los gobiernos anteriores- y que cerró la posibilidad de espacios reales de participación ciudadana.
Las masivas movilizaciones ciudadanas en rechazo de la aprobación de HidroAysén a lo largo de Chile, y en especial las impresionantes concentraciones ocurridas en Santiago, han sorprendido a los políticos de todas las tendencias. Ni los más sintonizados con los movimientos ciudadanos se esperaban tal respuesta. Superados por la incapacidad de comprender las fuerzas más profundas del descontento ambiental los dirigentes de la Concertación y de la Alianza se recriminan mutuamente apuntando a las responsabilidades de cada cual en el procedimiento que condujo a la aprobación de HidroAysén.
Mezquinamente sacan cuentas para capitalizar el descontento o neutralizar sus costos, y diseñan desesperadas estrategias para sortear la contingencia olvidando sus propias responsabilidades. Figuras como el Diputado Patricio Vallespín, por ejemplo, quien se instaló raudo en la primera línea del reclamo, tuvo un patético desempeño al estallar el conflicto por la contaminación de CELCO-ARAUCO en Valdivia. Siendo Intendente de la Región de Los Lagos y presidente de la respectiva COREMA declaró a la prensa local que “CELCO no podrá cumplir con la exigencia ambiental de no emitir olores”.
Tal era su apego a la institucionalidad que eliminó de un plumazo una exigencia legal establecida en el permiso ambiental entregado a CELCO-ARAUCO sin siquiera investigar las masivas emisiones que estaban causando severos cuadros respiratorios en los alrededores de la planta de celulosa, acreditados por médicos locales. Increíblemente, las emisiones denunciadas por los ciudadanos disminuyeron de forma notable al instalar la empresa filtros que le costaron 7 millones de dólares, y que eran obligatorios pero que CELCO-ARAUCO se había ‘ahorrado’. Vallespín fue ‘rescatado’ de su puesto como Intendente cuando los cisnes comenzaran a caer sobre Valdivia. No es difícil imaginar cual pudo ser su rol de haber permanecido en funciones.
[cita]Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se cuidaron de no respaldar abiertamente proyectos cuestionados. Sin embargo, ambos intervinieron los procesos de evaluación ambiental de inversiones torciendo ilegítima o ilegalmente la institucionalidad a favor de los inversionistas. Este fue, por ejemplo, el caso del cambio ad hoc del Plano Regulador de Valparaíso que la Ministra de Vivienda de Bachelet, Patricia Poblete, cursó para permitir la aprobación de la central termoeléctrica Campiche de AES-Gener.[/cita]
La ola de movilizaciones contra la aprobación de HidroAysén no es la expresión de una misteriosa explosión de la conciencia ambiental en la ciudadanía como ha sido por muchos presentada. Es el resultado de una acumulación histórica de frustración social y daño ambiental expresado en decenas de conflictos ambientales ocurridos en torno a la aprobación ambiental de proyectos. Tales conflictos tienen en gran medida su causa en la propia institucionalidad ambiental que entró en vigencia en 1994 bajo el mandato del ex Presidente Eduardo Frei. En efecto, contraviniendo el espíritu del proyecto de ley enviado al Congreso por Patricio Aylwin en 1992, Frei instauró tempranamente la premisa que ‘ninguna inversión debía detenerse por consideraciones ambientales’. Y fue Frei quien además inauguró la cuestionada práctica de la intervención política del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al entregar su respaldo público a mega-inversiones cuestionadas socialmente y rechazadas por los organismos técnicos.
Es lo que sucedió en casos como Ralco, Trillium y CELCO-ARAUCO en Valdivia, todos proyectos declarados ambientalmente inviables por los Comités Técnicos del SEIA y que ante el respaldo político entregado por Frei debieron ser aprobados por las COREMAs con condiciones que, o no se cumplieron, o simplemente no sirvieron para prevenir los daños que de todas formas ocurrieron. En Valdivia, por ejemplo, la principal medida preventiva de impactos en el Río Cruces propuesta por la COREMA una vez que Frei obligó a aprobar el proyecto –el tratamiento químico de los residuos líquidos de la celulosa– terminó siendo la principal causa del desastre.
Esta práctica de intervención política se convirtió en el factor gatillante de una temprana y creciente pérdida de legitimidad del SEIA. Decenas de comunidades locales que atravesaron por la experiencia de participación ciudadana en el SEIA, esperando de algún modo influir en la decisión final, terminaron frustradas ante lo que experimentaron como el ‘maquillaje’ de decisiones que ya estaban tomadas. Así, la participación ciudadana ambiental, que pudo haberse convertido en un espacio local de debate democrático en torno a las decisiones sobre el desarrollo, fue transformada por los gobiernos de la Concertación en un procedimiento sin sustancia. O, peor aún, en lo que los afectados por daños ambientales describen como una mera instrumentalización. En efecto, para las autoridades a cargo del SEIA la participación de las comunidades era necesaria para ‘legitimar’ la aprobación de los proyectos a través de darle a la evaluación ambiental una apariencia democrática, aún cuando las propuestas y críticas ciudadanas no fueran consideradas o respondidas.
La intervención política del SEIA se fue sofisticando. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se cuidaron de no respaldar abiertamente proyectos cuestionados. Sin embargo, ambos intervinieron los procesos de evaluación ambiental de inversiones torciendo ilegítima o ilegalmente la institucionalidad a favor de los inversionistas. Este fue, por ejemplo, el caso del cambio ad hoc del Plano Regulador de Valparaíso que la Ministra de Vivienda de Bachelet, Patricia Poblete, cursó para permitir la aprobación de la central termoeléctrica Campiche de AES-Gener, respondiendo así a las presiones que la empresa ejerció a través de la Embajada de Estados Unidos y recientemente reveladas por Wikileaks a través de El Mostrador.
Una intervención similar realizó Ricardo Lagos para resolver, en contra de la ley, el conflicto desatado por CELCO-ARAUCO en Valdivia. Una vez conocido el informe científico que culpaba a la empresa Lagos presionó a la COREMA para que le entregara a CELCO-ARAUCO un permiso administrativo que la autorizara a continuar descargando al Río Cruces los mismos compuestos identificados como causantes del desastre y que, no sólo no habían sido ni declarados ni evaluados ambientalmente por la empresa, sino que, por lo mismo, eran hasta ese momento ilegales. Lagos contravino así la institucionalidad ambiental para ‘blanquear’ una grave ilegalidad que había sido considerada, tanto por la Corte de Apelaciones de Valdivia como por los servicios técnicos competentes, como razón para detener la operación de la celulosa y obligarla a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, como demandaban los ciudadanos.
Fue justamente esta crisis estructural de legitimidad del SEIA, gatillada en última instancia por el movimiento valdiviano –pero construida sobre la acumulación histórica de decenas de casos similares, aunque no tan mediáticos– lo que abrió la oportunidad política para que el gobierno de Bachelet asumiera la tarea de reformar la institucionalidad ambiental. Así lo reconocieron los representantes empresariales, para quienes la reforma ambiental –largamente resistida por estos mismos sectores– sólo pudo ser posible por “la pérdida de credibilidad de la institucionalidad ambiental” desatada por la masiva muerte de cisnes de cuello negro en el Río Cruces. Para el gobierno de Bachelet un aspecto central de la reforma era la eliminación de las COREMAs, instancias que personificaban los procedimientos de intervención política del SEIA inaugurados por Frei, en gran medida debido a que todos sus integrantes eran cargos de confianza directa del Presidente/a o de sus Ministros/as, a excepción de dos representantes de los Consejos Regionales (COREs). Es así que, al ingresar el proyecto de la reforma ambiental al Congreso, en julio de 2008, la Ministra de Medio Ambiente de Bachelet, Ana Lya Uriarte, declaró a El Mercurio que las COREMAs habían causado “confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectado la credibilidad del sistema” debido a que “politizan la toma de decisiones” y que, por tal razón, serían eliminadas. La idea era dar paso a un diseño más técnico y menos expuesto a las presiones del gobierno central.
Sin embargo, la reforma aprobada por el gobierno de Bachelet fue incapaz de superar los factores que habían llevado a la crisis de legitimidad del SEIA como lo demuestra la aprobación de HidroAysén ocurrida en el marco del recién creado Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Más aún, dicha aprobación reveló que, en los hechos, la flamante nueva institucionalidad ambiental opera con las mismas prácticas de intervención política de la evaluación ambiental –como la declaración del Ministro Hinzpeter a favor del proyecto a tan solo horas de que la COREMA sesionara para resolver– y la misma instrumentalización de la participación ciudadana que impulsaron a Bachelet a proponer la reforma. ¿Cómo es esto posible si la nueva institucionalidad fue supuestamente creada para superar este tipo de prácticas? La respuesta es simple.
Fue la propia Ministra Uriarte, una de las más destempladas vociferadoras concertacionistas en contra de la aprobación de HidroAysén, quien en Noviembre de 2009, cerca del fin del mandato de Bachelet, lideró un acuerdo político con la Concertación y la Alianza para lograr la aprobación de la reforma ambiental a cambio de, entre varias otras negociaciones, reflotar las COREMAs que ella misma había propuesto eliminar. Más aún, dicho acuerdo, suscrito por la Ministra y los senadores Pablo Longueira (UDI), Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Soledad Alvear (DC), eliminó de las nuevas COREMAs a los dos COREs que pronto serían elegidos democráticamente por primera vez en la historia.
Con ello la Ministra demostró, una vez más, la esquizofrénica praxis antidemocrática de los gobiernos de la Concertación. Pero lo que es más grave, dicha negociación conducida por Uriarte ocurrió de forma express y entre cuatro paredes justo cuando en el Senado comenzaba la discusión de más de mil 350 indicaciones, muchas de ellas propuestas por movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y ONGs, que apuntaban a la democratización de las decisiones ambientales. En efecto, el acuerdo al que Uriarte llegó con senadores de todas las bancadas para obtener el apoyo fast track de la reforma, eliminó, por ejemplo, la participación ciudadana resolutiva que la Cámara de Diputados había históricamente aprobado en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y políticas públicas.
Sólo unos cuantos senadores, como José Antonio Gómez, Nelson Ávila y Guido Girardi, se opusieron al acuerdo que le puso lápida en el Senado a las demandas por democratización local de las decisiones ambientales y por las que ciudadanos a lo largo de todo Chile se habían movilizado durante casi una década y media. El gobierno de Bachelet no sólo traicionó tales demandas, que habían madurado y escalado en intensidad bajo los gobiernos de la Concertación. Lo que es más grave, desaprovechó el enorme apoyo popular que ellas tenían, y que queda nuevamente demostrado con las masivas movilizaciones que ha desatado la aprobación de HidroAysén. En efecto, el gobierno de Bachelet condujo una discusión parlamentaria de la reforma ambiental que no consideró a los actores locales y ciudadanos cuyas movilizaciones y demandas habían sido el impulso fundamental que la posibilitó, terminando por imponer un acuerdo cupular que perpetuó la crisis de legitimidad de las instituciones ambientales. Todo ello sin más justificación, al parecer, que lograr la aprobación de la reforma ambiental a cualquier costo, a fin de poder exhibirla como su parte de su legado.
Uriarte ha disparado furiosas declaraciones llamando al gobierno de Sebastián Piñera a asumir su responsabilidad por la aprobación de HidroAysén. Sin embargo, ella tiene una responsabilidad fundamental en haber perpetuado un diseño institucional antidemocrático que amparó la continuidad de la intervención política de las decisiones ambientales –como las que probablemente seguirán ocurriendo en el gobierno de Piñera así como ocurrieron en los gobiernos anteriores- y que cerró la posibilidad de espacios reales de participación ciudadana en el SEIA. Aunque la reforma ambiental tiene por cierto aspectos muy positivos que podrían, bien utilizados, prevenir la degradación de ecosistemas y de formas de vida –lo que es un gran mérito de la ex Ministra– nació con un vicio fundamental de exclusión y visión antidemocrática del que la Concertación y sus representantes deben hacerse cargo si esperan recuperar en parte la credibilidad perdida. Algunos medios, dirigentes políticos y ambientalistas de último minuto puedan tal vez impresionarse con oratorias como la de la ex Ministra Uriarte, pero las comunidades y los movimientos ciudadanos tienen buena memoria. Las protestas contra la aprobación de HidroAysén así lo demuestran.
