Habida consideración la baja capacidad con la cual el actual gobierno se mueve en materia de crisis, no sería de extrañar que el tema se le escapara de las manos. No tanto por una aversión doctrinaria a indultar o aparecer débil, sino simplemente por falta de capacidad para calibrar la complejidad y trascendencia de las cosas.
La huelga de hambre de 87 días de cuatro comuneros mapuches y la sentencia de la Corte Suprema que no acogió de manera íntegra la nulidad del juicio que se les siguió, abrió un escenario político de extrema complejidad para el Estado de Chile. Tanto por la posibilidad de un desenlace fatal por inanición de uno o más de los huelguistas, como por las reacciones, dentro y fuera del país, que el hecho ha generado.
Lo actuado por la Corte Suprema, que finalmente rebajó las penas relativas a la agresión a un fiscal y personal de la policía, apareció como un acto soberano de un poder del Estado, que devolvió a sede política, es decir a otro Poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, la solución del fondo del problema. El tribunal no tocó la condena por robo con intimidación en contra de los mapuches, y dejó a Hector Llaitul preso por 14 años, y a los otros tres por 8 años cada uno. Tal solución jurídica, independientemente de su precisión o justeza, generó las condiciones perfectas para que el tema termine inflamándose políticamente y dañe profundamente la imagen del país.
El máximo tribunal cerró el camino judicial, dejando al Gobierno con la obligación de determinar si otorga un indulto a los condenados, hecho que como solución ronda ya todas las mesas de negociaciones y consultas abiertas; o si sencillamente dejará correr el calendario, con medidas administrativas y declaraciones sobre protección de la salud de los huelguistas, pero sin tomar ninguna acción concreta.
[cita]El máximo tribunal cerró el camino judicial, dejando al Gobierno con la obligación de determinar si otorga un indulto a los condenados, hecho que como solución ronda ya todas las mesas de negociaciones y consultas abiertas; o si sencillamente dejará correr el calendario, con medidas administrativas y declaraciones sobre protección de la salud de los huelguistas, pero sin tomar ninguna acción concreta.[/cita]
El hecho esencial es que todo lo que hagan las partes tiene la presión del tiempo y de un eventual desenlace dramático, que toca no solo a los presos sino también a su entorno más inmediato. El juego de las emociones está a flor de piel y la posibilidad que alguien se autoinmole frente a La Moneda es tan real como que un grupo reaccione de manera violenta, haciendo más virulento el escenario.
Es muy probable que la sensación de humillación e indefensión que predomina en vastos sectores mapuches luego del resultado del juicio, pueda perfectamente acrisolar en ira, el peor de los consejeros para ponderar la justeza de lo actuado por las partes. En tal circunstancia, el recurso de fuerza policial prevalecería por sobre el de las mediaciones, sobre todo de la iglesia católica, que está empeñada a fondo en el indulto.
No cabe duda que los fundamentos expuestos por la Corte Suprema, tanto en la sentencia de reemplazo como en la parte en que no se modificó lo resuelto en el juicio oral, requieren para su cabal comprensión de un examen acucioso por los complejos matices jurídicos en que incursionan. Ellos, seguramente, permiten, como en todo orden de controversias jurídicas, diferentes interpretaciones.
Lo que no cabe duda es que desde el punto de vista global, lo actuado por el máximo tribunal tiene una fuerte connotación política además de jurídica, hecha desde la soberanía de un Poder del Estado, que se ha esforzado por atender el conjunto de principios involucrados en el tema, entre ellos la intangibilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Desde ese punto de vista, es indudable que, razones más o razones menos, su decisión avaló una política de Estado en el hecho juzgado.
Pero el trasfondo de todo es el tema mapuche y el estatus institucional y político que tiene para el Estado Chileno, con todos sus conflictos de tierra y sus demandas culturales.
Resulta claro que los órganos superiores del Estado han cerrado fila, y que los próximos pasos de las organizaciones mapuches se orienten a una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo tal camino, que seguramente se andará, es de años, y si bien Chile es un cliente perdedor clásico en este tipo de pleitos, la lentitud de los procedimientos los descarta como hecho influyente en la actual coyuntura.
Mucho más lo será la inevitable movilización que se generará, tanto nacional como internacional, por salvar la vida de los comuneros mapuches. Es inevitable que la red internacional de apoyo con que ellos cuentan se active, no solo con manifestaciones, sino también con presentaciones a diferentes organizaciones internacionales, en las cuales el prontuario de transgresiones de nuestro país en materia de trato a sus etnias ancestrales no es bueno.
Habida consideración la baja capacidad con la cual el actual gobierno se mueve en materia de crisis, no sería de extrañar que el tema se le escapara de las manos. No tanto por una aversión doctrinaria a indultar o aparecer débil, sino simplemente por falta de capacidad para calibrar la complejidad y trascendencia de las cosas.
Con todo, la golpeada popularidad actual de La Moneda tiene una buena oportunidad de investirse de un tema humanitario, que dejó inconcluso el año pasado cuando se produjo el retiro de la Ley Antiterrorista en el caso de los mapuches, al no impulsar de manera transparente la iniciación de un nuevo juicio.
En el actual escenario, es la mancha del antiterrorismo lo que golpeará fuertemente la imagen del Estado de Chile, no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, a menos que este entienda que debe actuar rápido y conceda el indulto.
