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Buena gobernanza energética: ¿hacia donde vamos?

por 6 junio, 2011

Lo que está siendo cuestionado por este conflicto es el cómo se ha venido ejerciendo la autoridad en materia energética, quiénes han venido participando y cómo se han tomado las decisiones, cuáles han sido las relaciones de poder entre los actores e interesados directos, y cómo se han rendido cuentas y a quién.
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Sin duda alguna el debate entorno al proyecto HidroAysén ha demostrado que el sistema para la toma de decisiones energético-eléctricas está pasando por una severa crisis, con una matriz que por desgracia continúa navegando entre repetidas crisis, alzas y volatilidad de precios, riesgos de desabastecimiento, black-out y una escala de conflictos socioambientales asociados al desarrollo de proyectos de generación.

Durante la última semana, la discusión nacional parece a ratos haber perdido su norte, presa de un fuego cruzado entre las distintas fuerzas políticas, asignándose mutuamente sendas cuotas de responsabilidad en el timeline de apoyo/aprobación de HidroAysén. Sin embargo, el país necesita elevar el nivel y calidad de la discusión y poner foco en el tema estructural de esta crisis: la urgente necesidad de una “Buena Gobernanza Energética”.

Desde la era Tokman con sus “Nuevos Lineamientos de Política Energética” (CNE, 2008) hasta la actualidad, la dimensión de un verdadero diálogo multisectorial ha estado ausente.

Lo que está siendo cuestionado por este conflicto es el cómo se ha venido ejerciendo la autoridad en materia energética, quiénes han venido participando y cómo se han tomado las decisiones, cuáles han sido las relaciones de poder entre los actores e interesados directos, y cómo se han rendido cuentas y a quién.

Hoy, la instalación de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico-nombrada por el bi-ministro Golborne- ha generado como reacción natural la conformación de una “Comisión Ciudadana” paralela, integrada por ONGs, representantes de instituciones académicas y parlamentarios de las Comisiones de Medio Ambiente, y Mineria y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado; quienes señalan que  la Comisión Asesora del Gobierno se limita a reproducir la representación de los actores que hoy dominan la "no -políitica" energética;  y su trabajo no contempla procesos de participación ciudadana, ni discusiones territoriales ampliadas; lo cual le resta toda legitimidad para el diseño del futuro energético en un sistema democrático; y  augura la mantención de los lineamientos vigentes del mercado energético nacional”.

No es difícil imaginar entonces la discusión posible para los próximos meses, dominada ahora por una “nueva forma de polarización”. La pregunta abierta es entonces: ¿Seremos capaces de cambiar el nuevo paradigma energético nacional reproduciendo los mismos errores y sesgos que nos condujeron a la crisis donde estamos entrampados hoy? La evidencia parece mostrarnos que la matriz energética no puede seguir siendo una conversación de elites políticas, técnicas y empresariales.

Más allá de las discusiones técnicas y de seguro relevantes propuestas que puedan generarse desde ambas Comisiones cada una con su visión y sus evidentes sesgos, lo que está siendo cuestionado por este conflicto es el cómo se ha venido ejerciendo la autoridad en materia energética, quiénes han venido participando y cómo se han tomado las decisiones, cuáles han sido las relaciones de poder entre los actores e interesados directos, y cómo se han rendido cuentas y a quién.

Lograr un sistema de buena gobernanza energética para Chile, requiere de manera urgente, que el Gobierno sea capaz de diseñar, convocar y facilitar un proceso de diálogo real, en igualdad de condiciones, transparente, sin exclusiones, diverso, representativo y construido sobre la base de consensos mínimos. Un espacio de participación multisectorial que canalice la discusión, hoy preocupantemente fragmentada.

Solo así se podrá caminar hacia una política energética concertada que genere un mejor entorno para la democracia, el desarrollo de Chile y la equidad social.

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