No permitamos que la influencia desmedida sobre los reguladores de las empresas establecidas siga siendo el factor que determine el desarrollo de un sector tan importante para la economía del conocimiento.
El último informe de la economía digital de la OCDE informa que Chile tiene precios de banda ancha un 41% más caras que el promedio de los países miembros y una velocidad promedio cuatro veces menor. Es decir el precio efectivo por Mbps es en Chile por lo menos cinco veces el del promedio de la OCDE.
Esta información coincide con un informe de la Cepal que señala que Chile perdió el liderazgo en banda ancha y que Argentina y Uruguay nos superan. Chile fue líder en telecomunicaciones en la década de los 90 gracias a las políticas de los primeros Gobiernos de la Concertación, en que enfatizó la competencia como objetivo central de política. En los 2000 nos fuimos rezagando y las políticas cada vez más respondían a los intereses de las empresas establecidas. Ello incluso contraviniendo los dictámenes del tribunal de la libra competencia. Esta tendencia, se acentúa en la actual administración, llegándose a proponer un subsidio a la demanda de cientos de millones de dólares que solo transferiría rentas monopólicas a los establecidos.
El tema de fondo es que el marco regulatorio no ha sido capaz de adaptarse a la convergencia tecnológica, en que diferentes redes pueden dar diversos servicios, no obstante la preeminencia de la fibra óptica como medio para transmisión masiva de datos, torna absurdo el paradigma de la competencia entre redes y los obstáculos a compartir infraestructura que predomina en la política pública actual. La reciente visita a Chile del Ministro de Telecomunicaciones de Australia, muestra el camino que diversos países de la OCDE han seguido y que debemos imitar. Australia una economía de recursos naturales, que enfrenta similares problemas de apreciación cambiaria por efectos de los elevados precios de los minerales, ha decidido hacer del desarrollo de la banda ancha una política clave para enfrentar los desafíos de competitividad y dar un paso decisivo en la economía del conocimiento.
[cita]Chile debe desarrollar decididamente los servicios de banda ancha a precios razonables y con elevada calidad, accesibles a amplios sectores de la población. Se requiere avanzar en la dirección propuesta por la OCDE a sus países miembros.[/cita]
Para hacerlo, tomaron una decisión fundamental en materia de banda ancha: modificaron el modelo de regulación, de competencia entre redes como el chileno, por uno en que se segmenta funcionalmente la infraestructura y se regula como monopolio natural, fomentando la competencia en los servicios de valor agregado. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad planteó el año 2009 que el desarrollo de operadores de telecomunicaciones integrados verticalmente que compiten en los servicios de infraestructura y de valor agregado combinados, no generan un desarrollo eficiente de la infraestructura. Se produce una enorme redundancia de infraestructura de telecomunicaciones en zonas de alta densidad de población, de ingresos medios y altos, y comercial, y falta de cobertura en los sectores de ingresos medio bajo y bajo. Alto riesgo para el desarrollo en nuevas áreas por el descreme potencial del mercado. Esto se ha producido en nuestro país. Los esfuerzos de inversión se han concentrado principalmente en zonas comerciales y residenciales de ingresos medios y altos. No se ha invertido en ampliar significativamente la cobertura de redes fijas, más allá de estas zonas de alta disposición a pagar.
Por otra parte, los servicios inalámbricos no pueden competir en costo y calidad cuando planteamos objetivos de mayor ancho de banda. Lo inalámbrico es más bien un servicio complementario que competitivo al de redes fijas. El enfoque regulatorio vigente no permitirá la expansión de banda ancha con alta velocidad a amplios sectores de la población. El enfoque
que el gobierno está aplicando en conectividad internacional también es válido a nivel local. Así como Australia diversos países OCDE han resuelto modificar el modelo de regulación y competencia para poder aumentar la calidad y cobertura de banda ancha a precios razonables. En breve, consideran que la infraestructura física de cables de fibra óptica, necesaria para avanzar con servicios de mejor calidad, tiene características de monopolio natural, es decir altas economías de escala y costos hundidos, especialmente en zonas de menores densidades.
Es por ello que han separado los servicios de infraestructura de fibra óptica, como un servicio de infraestructura que debe quedar disponible para todos los operadores de los servicios competitivos de valor agregado. Para resolver la provisión del servicio se han generado esquemas de concesión de infraestructura de fibra óptica, licitadas y con tarifas reguladas o definidas en el proceso de licitación. De esta forma el que invierte en esta infraestructura incurre en un riesgo bajo, y por lo tanto está dispuesto a hacerlo a rentabilidades más bajas que los servicios competitivos de valor agregado. En este contexto, los reguladores de estos países han optado por modelos que permitan separar el servicio de infraestructura con participación de operadores puros de infraestructura a nivel urbano.
Chile debe desarrollar decididamente los servicios de banda ancha a precios razonables y con elevada calidad, accesibles a amplios sectores de la población. Se requiere avanzar en la dirección propuesta por la OCDE a sus países miembros. Una opción es establecer en las ciudades un “backbone de fibra óptica” que sea desplegada de modo que se puedan establecer puntos de presencia que permitan entregar los servicios de última milla a diferentes proveedores, desarrollando un esquema regulatorio que se base en lo señalado previamente, en el sentido de estimular la entrada de nuevos actores al mercado de la infraestructura, dedicados exclusivamente a ofrecer servicios de transporte a nivel mayorista. Estos puntos de presencia, interconectados sobre una red de transporte de alta capacidad, serían los puntos de acceso hacia los clientes finales, ya sea usando redes fijas o sistemas inalámbricos, además de la posibilidad de establecer en estos puntos antenas de telefonía celular, lo cual bajaría las barreras de entrada al mercado. Para generar este desarrollo se podría concesionar estos servicios de infraestructura a una empresa que no
pueda integrarse a los servicios de valor agregado para evitar la discriminación, mediante una figura concesional legal de tipo operador de infraestructura, que faculte al licenciatario solamente a ofrecer servicios a nivel mayorista.
El objetivo de esta propuesta es aumentar la cobertura de banda ancha de 12 por cada cien habitantes que tenemos hoy a 30 en cinco años, y multiplicar por diez la velocidad promedio. Esta es una de las pocas herramientas que tiene Chile para aumentar la productividad y avanzar en equidad reduciendo decididamente la brecha digital. No permitamos que la influencia desmedida sobre los reguladores de las empresas establecidas siga siendo el factor que determine el desarrollo de un sector tan importante para la economía del conocimiento.
