Una discusión seria sobre el AVC obliga a considerar entonces dos puntos. El primero, si la ley se puede prestar para satisfacer deseos de grupos marginales. El segundo, si la homosexualidad es o no una condición que pueda tener efectos adversos en la crianza de los niños que los inhabilite para la adopción.
Se equivoca usted si piensa que el debate de las últimas semanas a propósito del AVC es una discusión sobre matrimonio homosexual. De lo que en realidad se está hablando es de la naturaleza de la ley y sobre todo, del interés que debe prevalecer en ella. El mismo Simonetti lo reconocía en Tolerancia Cero: lo que los homosexuales quieren es igualdad ante la ley, con todo el reconocimiento social que esa igualdad lleva consigo. El matrimonio gay sería sobre todo un instrumento en vistas a conseguir este otro objetivo.
La discusión se da entonces entre dos grupos: el de quienes aspiran a legitimar su conducta por medio de la ley, y el de quienes creen que la ley está llamada a promover su propia forma de vida y no otras. Ambos se equivocan y por la misma razón. La ley no existe para satisfacer intereses particulares: ni el de quienes quieren ser reconocidos socialmente, ni el de los que aspiran a encontrar en ella el reflejo fiel de sus propias creencias. El debate parece haber tomado la forma, como diría Foucault, de una lucha de poder en la que unos quieren imponerse y otros simplemente resistir.
[cita]Una discusión seria sobre el AVC obliga a considerar entonces dos puntos. El primero, si la ley se puede prestar para satisfacer deseos de grupos marginales. El segundo, si la homosexualidad es o no una condición que pueda tener efectos adversos en la crianza de los niños que los inhabilite para la adopción.[/cita]
El carácter universal de la ley la obliga entonces a tomar distancia de cuestiones subjetivas (a menos, claro está, que pretenda constituirse en un producto hecho a la medida y al gusto del consumidor). Por eso mismo ella no se puede deducir de ejemplos (o de casos) sino de la razón. Cualquier liberal estaría de acuerdo con Kant en que “el derecho es el conjunto de condiciones que permite a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos” y aprobaría la idea de que la ley no puede interferir en asuntos privados salvo que efectivamente sean de interés público.
La universalidad de la ley exige por tanto que ella tampoco toque la cuestión moral como moral. Si la ley prohíbe y sanciona conductas como el robo, el asesinato y la pedofilia no es porque dentro de sus objetivos esté el de hacer ‘buenos’ a ladrones, asesinos y pedófilos, sino simplemente porque busca promover conductas que hagan posible la vida en común y correlativamente, prohibir aquellas que no la permitan. Lo que es determinante desde la perspectiva moral (si el ladrón dejó de robar porque no quiere ser injusto o por miedo a la sanción) es irrelevante desde el punto de vista legal.
Usted se preguntará si realmente es posible la prescindencia de criterios morales en la ley y tiene toda la razón en hacerlo. El sólo hecho de pensar que ella deba supeditarse a ‘hacer posible la vida en común’ presupone que la ‘vida en común’ es algo ‘bueno’. Es decir, moralmente deseable. Pero algo diferente es pensar que ella puede alcanzar el ámbito de lo privado cuando ese ámbito no afecta a terceros. El mismo Tomás de Aquino piensa que la ley está llamada a prohibir y a perseguir “sólo los (vicios) más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir”.
Desde esa perspectiva, la homosexualidad como condición e incluso como conducta no puede ni debe ser sancionada. Promover, en cambio, el matrimonio homosexual es dar un paso más, un paso más hacia la privatización de la ley.
Un paso que no garantiza, como se pretende, la igualdad ante la ley; porque lo que piden los homosexuales no es tener acceso al matrimonio sino hacer del matrimonio una institución a la medida de sus preferencias. ¿Por qué? Simplemente porque con ella se consigue algo que sólo accidentalmente dice relación con el matrimonio: aceptación social. Cabe preguntarse entonces si la ley puede ser un instrumento que esté a merced del capricho de los diferentes y múltiples grupos de interés (dentro de los cuales podría estar, el día de mañana, el de los conservadores).
Un paso más, también, porque el matrimonio está indisolublemente asociado a los hijos. Y cuando digo indisolublemente asociado a los hijos lo digo pensando en la razón por la cual el Estado reconoce en el matrimonio una cuestión de su incumbencia. En asuntos de naturaleza afectiva (relaciones sentimentales hetero u homosexuales), poco y nada tiene que decir el Estado. En lo que se refiere a la familia, en cambio, y sobre todo a los hijos que surgen de una relación, de forma natural o por la vía de la adopción, el Estado no puede dejar de intervenir.
Esa es la razón por la que se prohíbe el matrimonio entre consanguíneos y esa es la razón por la que no debería aprobarse una ley de matrimonio homosexual.
Pensar el AVC como un analgésico emocional para el dolor que experimentan los homosexuales es una ingenuidad o mejor aún, una frivolidad que no atiende a los efectos que esa medida de mitigación puede llegar a tener.
Una discusión seria sobre el AVC obliga a considerar entonces dos puntos. El primero, si la ley se puede prestar para satisfacer deseos de grupos marginales. El segundo, si la homosexualidad es o no una condición que pueda tener efectos adversos en la crianza de los niños que los inhabilite para la adopción.
Juristas y psiquiatras: ustedes tienen la palabra.
