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Embajada de EE.UU. ordena a las instituciones chilenas

por 9 junio, 2011

Ya que hemos hablado de áreas verdes y de la Embajada de EE.UU., aunque el lector no lo crea, la sede de esa representación diplomática en la comuna de Las Condes está localizada también en un área verde, tipología ribereña al río Mapocho en donde, según la normativa urbana vigente, no se admite la edificación de ese bunker construido ahí bajo la ocupación militar.
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Todos conocemos el episodio de la carbonífera termoeléctrica Campiche de la empresa norteamericana AES Gener, cuya aprobación ambiental, en la comuna de Puchuncaví, otorgada por la obsecuente Corema de la V Región resultó ser muy fulera. La Contraloría General de la República, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema de Justicia acogieron los reclamos de la comunidad, declarando la nulidad del permiso y quedando, por lo tanto, en evidencia que esa Corema regional había actuado al margen de la ley, lo que no es ninguna novedad porque la institucionalidad ambiental en nuestro país es de tramoya. Recordemos que Puchuncaví es un zona saturada de diversos contaminantes desde hace muchos años, lo que todos los intervinientes sabían.

Desde que se iniciaron los trámites, los ejecutivos de la empresa como las autoridades locales y centrales sectoriales estaban al tanto que el proyecto era inviable porque el terreno en donde se emplazaría era y sigue siendo área verde, según lo estipulado en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, pero todos ellos apostaron a que la ciudadanía no iba a percatarse del engaño ni menos reaccionar ante su detección: despreciaron a los habitantes pero se equivocaron porque el Consejo Ecológico de la zona contrató a un excelente abogado que logró los resultados que conocemos.

Ya que hemos hablado de áreas verdes y de la Embajada de EE.UU., aunque el lector no lo crea, la sede de esa representación diplomática en la comuna de Las Condes está localizada también en un área verde, tipología ribereña al río Mapocho en donde, según la normativa urbana vigente, no se admite la edificación de ese bunker construido ahí bajo la ocupación militar.

Pero, por arte de magia, el 31 de diciembre de 2009, mientras el gobierno de Bachelet hacía los últimos esfuerzos para que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) admitiera a nuestro país como miembro pleno, lo que aconteció en mayo de 2010, el ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 68 referido a un cambio en los usos de suelo de las actividades productivas, una de las cuales son las plantas de energía, como la de Campiche. Como se comprenderá, era un traje a la medida de AES Gener lo que fue denunciado oportunamente por todos aquellos que entienden de estas cosas.

Con esta publicación se le daba luz verde a la termoeléctrica, pasándose por alto el dictamen de la Contraloría y el contundente fallo de la máxima instancia jurisdiccional. El inicuo acto administrativo del Minvu fue redactado el 1º de diciembre de 2009 y lo firmaron Edmundo Pérez Yoma, en su calidad de Vicepresidente de la República y Patricia Poblete, titular de ese ministerio.

Tiempo después, gracias a la labor de bien público que ha estado desarrollando Wikileaks, al difundir documentos secretos y oficiales de las distintas embajadas de EE.UU. en el mundo, conocimos los disimulados pasos de su embajador Paul Simmons para sobrepasar nuestra institucionalidad. Por el contenido de esa documentación diplomática ha quedado en evidencia que varios ministros del gobierno pasado procedieron de acuerdo a las instrucciones de ese embajador para que AES Gener continuara la construcción de su planta, lo que en la actualidad está aconteciendo.

En razón a que esa indebida intervención de una potencia extranjera en las políticas públicas de nuestro país violaba las directrices impartidas por la OCDE a los 34 países que la integran, con ChileSustentable, Acción Ecológica y EcoSistemas, que dirigen Sara Larraín, Luis Mariano Rendón y Juan Pablo Orrego, respectivamente, el 8 de marzo de 2011, por escrito y con acopio de respaldos le representamos esta situación al Secretario General de esa organización internacional, con copia a Sebastián Piñera, en su condición de Presidente de la República y también con copia a Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, poder independiente del Estado que fue tratado insolentemente como “activista” por el embajador norteamericano.

El 14 de abril de 2011, la directora de Asuntos Empresariales y Financieros de la OCDE, por cuenta del secretario general de la misma, nos informó que tomaron conocimiento de nuestra denuncia en contra de las malas prácticas comerciales de los gobiernos de EE.UU. y Chile, indicándonos que sus políticas internas la obligan a abstenerse de pronunciarse, pero que en todo caso trasladaron la documentación al gobierno de Chile.

Nuestras  cuatro organizaciones pedíamos drásticas sanciones en contra de ambos países, uno por abusar de su posición dominante en el orbe y el otro por ser tan servil a los dictados del poderoso. Sosteníamos que las juiciosas directrices impartidas por la OCDE  necesariamente debían ser obedecidas por todos los países que la integran, pero una vez más hemos constatado que en este mundo tan globalizado, una cosa es lo que se dice en los documentos oficiales y otra muy distinta es la forma en como se buscan resquicios formales para no aplicar las normas ante hechos de la máxima gravedad que ponen en entredicho las prácticas en el sistema económico de libre mercado.

En este caso, esa empresa extranjera en los próximos meses introducirá energía al sistema interconectado central (SIC) y por lo tanto hará un muy buen negocio, única y exclusivamente por la presión ejercida por el gobierno de su país, asunto que de una u otra forma ha sido soslayado por los medios de prensa tradicionales. Suponemos que esta mudez periodística casi generalizada se debe a la vergüenza que tienen los dueños y directores de esos diarios por el hecho que se haya descubierto cómo se mueven los hilos en este tipo de inversiones.

Y ya que hemos hablado de áreas verdes y de la Embajada de EE.UU., aunque el lector no lo crea, la sede de esa representación diplomática en la comuna de Las Condes está localizada también en un área verde, tipología ribereña al río Mapocho en donde, según la normativa urbana vigente, no se admite la edificación de ese bunker construido ahí bajo la ocupación militar.

En resumen, observamos que tanto en dictadura como en democracia la Embajada de ese país hace lo que desea en nuestra larga y angosta faja de tierra.

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