¿Es la educación superior chilena un enclave autoritario de la dictadura de Pinochet?; ¿es su lógica, su inspiración, su modelo, su fundamentación, herencia –una más- del totalitarismo pinochetista de los 80?
Bastante de violencia han hablado las autoridades de gobierno la última semana, y esto a propósito de las movilizaciones de los estudiantes universitarios.
La retórica equilibrista del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, hablando no desde el ministerio de Educación, sino desde el mismísimo Palacio de La Moneda, el centro del poder, mezcló la palabra “energía” con “violencia” para desacreditar a esos miles de jóvenes que caminaron pacíficamente por la Alameda.
¿Es la educación superior chilena un enclave autoritario de la dictadura de Pinochet?; ¿es su lógica, su inspiración, su modelo, su fundamentación, herencia –una más- del totalitarismo pinochetista de los 80?
No es porque el Ministro y La Moneda estén ad portas de nuevas encuestas de opinión, el motivo por el cual calificamos su retórica de equilibrista. Es así, más bien, porque la respuesta a la pregunta de si la educación superior es o no un “enclave autoritario” está llena de un vértigo abismal, para quien pretende ser, como Joaquín Lavín, el nuevo Presidente de Chile, o para quien desea pasar a la historia como un gran Ministro de Educación.
Nadie está más cercano al vacío que Joaquín Lavín. Gran opus-deista chileno; fundador de una universidad privada; ilustrísimo Chicago boy y UDI hasta el tuétano: heredero, hijo putativo predilecto de Jaime Guzmán y Augusto Pinochet Ugarte. Creador -ghost writer- como dice el mito urbano, de la famosa frase “de cada siete chilenos, uno tendrá automóvil; de cada cinco, uno tendrá televisor, y de cada siete, uno dispondrá de teléfono”, dicha por el Capitán General un 11 de Septiembre de 1980. Los ochenta… la década de las más profundas transformaciones en la educación chilena, particularmente, en la educación superior ¡Qué años!
No es una tesis del todo descabellada afirmar que “Marzo del 81” es EL momentum de toda la revolución de la educación superior en Chile, resistida hoy en las calles y en crisis, por cierto, como lo reconocen todos los actores.
Marzo del 81. Chile disputaba la Copa Davis sufriendo contra Colombia; los cines tenían en su cartelera a “Belle de jour” y se estrenaba “El huevo de la Serpiente” de Bergman; Héctor Soto, el cura Valente del cine, ya repetía su ironía (copiada o no) de que Hollywood era una gigantesca fábrica de salchichas; uno de los autos del año, traído directamente desde Francia, era el más ofertado por los diarios, el Renault 5, a toda página; y canal 7 transmitía la serie de 12 capítulos que contaba la vida del “héroe” de la 2ª Guerra Mundial, “Lord Mountbatten”. Todo superficialmente estaba bien y transcurría con normalidad. Pero en el fondo, se estaba gestando la gran transformación de la educación superior que transformaría la lógica universitaria, y también, no está de más decirlo, la lógica del tejido social en Chile.
[cita]la revolución universitaria del año 81 de Augusto Pinochet, que encuentra a Jaime Guzmán como uno de sus defensores más radicales, no hace sino retrotraernos a un momento difícil de nuestra historia nacional y a un momento donde se produjeron profundos cambios que terminaron por configurar otra sociedad y otra cultura. Para ello, la Universidad fue central.[/cita]
Fue en Marzo del 81 cuando se dio inicio al llamado “Periodo Constitucional” de Augusto Pinochet. El 11 de Marzo juró ante la nueva Constitución de la República de Chile y el oficialismo declaraba que el país “recuperaba la confianza en sí mismo.”
Con ese tono tan característico que poseía, Augusto Pinochet enfatizaba en su discurso del 11 de Marzo del 81: “No podría dejar de mencionar, entre los progresos sociales que se han materializado en estos años, las recientes reformas a las normas sobre educación superior[…]El Gobierno ha sentado las bases para que su acción educacional, con el aporte primordial de la iniciativa particular de los chilenos, permita una capacitación amplia y de calidad a vastos sectores que hasta ayer se veían privados de ella […] el dictar estas normas legales obedece a nuestra profunda convicción de que la autonomía de cada persona y la igualdad de oportunidades para todos, son bases esenciales de la Gran Nación que aspiramos a construir e integrar.”
Las dos cosas que primero hizo Pinochet, tras jurar, fue anunciar un nuevo presupuesto para las universidades (lógica presupuestaria que se mantiene hasta hoy más menos) y declarar al país en “Estado de Peligro de Perturbación de Paz Interior”, recurriendo a las facultades que le confería la disposición 24ª transitoria de la nueva Carta Fundamental.
¿Alguien en su sano juicio, dada las condiciones, iba a alzar la voz como correspondiese ante tamañas transformaciones revolucionarias en la universidad?
Pues sí; Jaime Guzmán tomó partido. Entregó uno de los apoyos más fundamentales a esa transformación revolucionaria a la educación superior llevada adelante por el Capitán General Augusto Pinochet y el aparato totalitario de instalación de políticas públicas de cada sector gubernamental.
Un documento verdaderamente histórico de 14 páginas –“histórico” dada la revolución y dada la actual crisis universitaria- resulta ser la fundamentación que Jaime Guzmán hiciera en la Revista Realidad de Marzo del año 1981. Se trata de un escrito formidable, por su densidad ideológica y filosófica, que muestra no sólo la genialidad del fundador del gremialismo y la UDI, sino también, la profundidad social que una revolución universitaria puede crear.
Este documento fue escrito en co-autoría con Hernán Larraín, actual senador UDI, y se titula “Debate sobre nueva legislación universitaria”.
Como se sabe (ver los textos de Renato Cristi o Verónica Valdivia) Jaime Guzmán mutó de una concepción “gremial-corporativa” a una “neoliberal”. Y fue en los 80 donde defendió esta nueva concepción. Su principal “brazo armado” teórico fue la Revista Realidad, fundada por él mismo el año 1979. Nada de mitos –dice su escrito fundacional- ni de utopías destructoras, la verdadera fe debe estar puesta en aceptar con realismo la verdadera naturaleza del hombre y las cosas, debemos ajustarnos a la realidad, afirma.
Pues bien, en Marzo del año 1981, en una especie de debate imaginario se afirma que “la sola publicación de los primeros cuatro DFL sobre la nueva institucionalidad universitaria, ha desatado una variada crítica de ciertos sectores muy determinados, cuyas principales objeciones hemos creído conveniente recoger y refutar en este artículo.” Entrega este “artículo” 15 refutaciones a 15 objeciones críticas.
Señala que la pretendida Reforma Universitaria de los años 1967-1973 estaba completamente equivocada en su orientación. Tenía fundamentalmente “una visión académica irreal […] una masificación artificial de la educación superior, que iba mucho más lejos de la exigida por la natural evolución social antes mencionada, y que por el contrario se fundaba en una inspiración demagógica , cuyo extremo fue el lema marxista de “universidad para todos”, una desviación de su origen universitario hacia un claro predominio político, que pretendió instrumentalizar las Universidades al servicio de dos sucesivos experimentos ideológicos (democratacristiano primero y marxista después), y en fin, una pérdida de las jerarquías universitarias, ejemplificada en el cogobierno estudiantil y del personal administrativo […] la frustración actual de miles de académicos y estudiantes universitarios, representa la mejor demostración de que el sistema universitario chileno se había deteriorado hasta languidecer en la mediocridad, cuando no a descender a niveles vergonzosos e indignos del nombre de universitario”.
Respecto al eje competitividad, que será crucial en todo el sistema hasta el día de hoy, señala que a la sazón ninguna de las 8 Universidades existentes se encuentra sujetas a desafíos competitivos entre ellas, al tener su financiamiento asegurado por el presupuesto estatal. En este sentido “la nueva legislación universitaria busca una suerte de control indirecto de la calidad académica, que se obtiene básicamente estimulando la competencia entre las universidades. Eso se procura a través de cuatro instrumentos principales, a los que luego haremos sucesiva referencia: la facilidad para crear nuevas Universidades, el surgimiento de institutos de educación superior no universitarios, el cambio en el sistema de financiamiento estatal a ala educación superior, y la racionalización de las actuales Universidades”. Ahí están los ejes del desarrollo universitario que marcarán el futuro del sistema.
En efecto, “la competencia constituye un poderoso estímulo de superación personal en el ser humano […] la llamada solidaridad, al margen de estímulos competitivos, siempre ha redundado en mediocridad y fracaso […] para superar la baja calidad de muchas escuelas o sedes universitarias actuales, se hace por tanto indispensable someterlas a un desafío competitivo que las obligue a elevar sus niveles docentes si desean salir airosas. Y nada mejor para ello que entregarle la decisión al usuario, en este caso al postulante universitario, el cual sólo podrá ser atraído por medio de la calidad académica.” En este sentido, no se puede tildar a esta reforma de economicista, pues representa “un simple slogan para intentar el descrédito de un camino eficaz de mejoramiento académico de nuestras Universidades, sin que exista de parte de los detractores ninguna sugerencia alternativa que pudiera considerarse preferible e igualmente idónea para el fin perseguido.”
Cuando se hace referencia a la gratuidad, el texto de Guzmán es muy clarificador, pues señala que “la llamada “educación universitaria gratuita” que prevaleció tradicionalmente en Chile, no pasaba de constituir un eufemismo para ocultar la verdadera realidad, ya que todos saben que ningún servicio social –ni mucho menos el de brindar educación superior- puede ser realmente gratuito. Su costo lo paga alguien, y ese alguien es el Estado.” Es decir, lo pagaban los millones de chilenos a través del pago de impuestos y contribuciones. El punto es que “implicó que muchos chilenos de menores recursos financiaban la formación profesional de personas de ingresos más elevados, que en numerosos casos estaban en condiciones de pagar sus estudios. La injusticia se agudizaba por el hecho de que el título profesional así obtenido facultaba a su poseedor para percibir ingresos periódicos superiores al promedio de los contribuyentes chilenos. La decisión de terminar con esta injusticia social, y que cada persona pague el valor de su educación superior, alcanza la mayor importancia ética dentro del camino hacia una sociedad más justa”.
Como se advierte en la Editorial de este número de la Revista Realidad de Marzo de 1981, titulada ¿Qué hacer ahora en las Universidades?, “la ley es categórica: las actuales Universidades estarán abiertas a la competencia por la captación de alumnos, frente a nuevas Universidades o a otros institutos de educación superior no universitarios que se puedan formar […] la racionalidad económica impuesta, junto con evidenciar la principalísima importancia del profesor, hace exigible su calidad diseñando mecanismos para su eficaz logro”.
Y para el estudiante universitario, la Editorial afirma que “lo que antes recibía gratuitamente (o casi) por su sola aptitud, ahora le significará una mayor responsabilidad debido a las consecuencias económicas que puede tener –para él o su familia- su eventual negligencia. Esto se traduce en un mayor compromiso del alumno con sus estudios y, al mismo tiempo, lo hace un elemento que demanda y urge más y mejor servicio docente”.
No obstante, cabe recordar, como lo hace Verónica Valdivia en sus “Lecciones de una Revolución: Jaime Guzmán y los gremialistas, 1973-1980” que “a Guzmán nunca le interesó de manera especial el área económica o de políticas sociales, sino lo social y político en tanto dominación, pues creía en una sociedad constituida por seres desiguales y naturalmente jerárquica. Su supuesta “neoliberalización” no afectaba ese núcleo central, sino lo reforzaba al debilitar celularmente a los partidos con la hegemonía del mercado.” En este sentido, Guzmán no es un pensador político simple; su complejidad y aguda visión de la historia de la derecha chilena, sumado a su inconfundible pragmatismo portaliano, lo hacen extremadamente difícil de aprehender conceptualmente.
En todo caso, la revolución universitaria del año 81 de Augusto Pinochet, que encuentra a Jaime Guzmán como uno de sus defensores más radicales, no hace sino retrotraernos a un momento difícil de nuestra historia nacional y a un momento donde se produjeron profundos cambios que terminaron por configurar otra sociedad y otra cultura. Para ello, la Universidad fue central.
Durante las últimas semanas dirigentes estudiantiles, rectores, académicos, líderes de opinión y hasta políticos, han insistido y recordado que la actual crisis de la educación superior tiene un determinado año de inicio con un contexto y actores políticos aún vigentes.
Sin embargo, otros no ven en ninguna parte una crisis. Y no está demás decirlo. Como se sabe, el mercado de la educación superior mueve al año más de 3.300 millones de dólares. Así, nadie duda que el mercado se proyecta, en el corto plazo, extremadamente sustancioso. Más de 1 millón de clientes en la educación superior (universitaria y técnica) nos habla de un muy atractivo negocio si lo multiplicamos por los 3 mil dólares que es el mínimo de nuestro arancel, uno de los más altos del mundo en relación al PIB, según el FMI.
Sólo un realismo cínico en política, a la Maquiavelo, haría decir que la revolución universitaria de Marzo del 81 ha sido exitosa, dada su eficacia y dado su actual dinamismo de mercado.
Ya nadie puede seguir siendo Maquiavelo. Menos el ministro Joaquín Lavín. En todo caso, ¿qué hacía el ministro de educación en Marzo del 81?
