En un Estado de Derecho las instituciones cambian cuando la legislación lo establece. Pero la democracia agrega otro factor: cuando la ciudadanía ya no soporta el Estado de Derecho que la propia legislación ha impuesto. Es lo que ocurre en Chile con normas vigentes de la época de la dictadura. Después de innumerables intentos frustrados por parte de los gobiernos de la Concertación de reformar la constitución y la ley para terminar con el sistema electoral binominal mayoritario e incorporar formas modernas de participación institucional de la ciudadanía y la tenaz oposición de la derecha que nunca las aceptó, la ciudadanía simplemente se aleja. A través del rechazo y de la desafección, castiga a las coaliciones políticas incapaces de concordar un cambio institucional que iguale a Chile a los estándares democráticos internacionales.
La situación es preocupante. Un gobierno que ganó las elecciones presidenciales, hace poco más de un año, con un 53% hoy gobierna con un apoyo de solo el 31% y con un rechazo del 60% de la población. Y tanto la Alianza gobernante como la Concertación tienen altísimos niveles de rechazo y una aprobación que disminuye crecientemente, tal como ocurre con el prestigio del parlamento y de otras instituciones.
Para la ciudadanía, la Republica Binominal – como la ha llamado el cientista político Ernesto Águila – ha llegado a su fin y los únicos que parecen no haberse dado cuenta son los partidos políticos, especialmente los de derecha, que han defendido con tanta intransigencia un modelo electoral y político que es herencia del pasado de facto.
Chile representa una de las pocas transiciones políticas que en el mundo, después de 20 años de democracia, no ha logrado modificar la esencia de la Constitución heredada de la dictadura. Vivimos bajo una Constitución que nació sin legitimidad, impuesta por Pinochet, los militares, y los ideólogos civiles que los acompañaron, para mantener atada la democracia a formas excluyentes y neoautoritarias que han limitado en lo político, en lo económico y en lo social, los derechos de los ciudadanos. Ello paraliza el sistema político, otorga al mercado un peso incontrolable en la vida de la sociedad y de las personas y transforma en letra muerta muchas de las modificaciones que en estos años se lograron concretar por parte de los gobiernos democráticos.
El sistema político, basado en el sistema electoral binominal, crea un parlamento excluyente, sin competencia y pluralismo real, donde la soberanía popular es arbitrariamente modificada por los equilibrios de poder y de estabilidad que diseñó la dictadura. A ello se agrega un sistema de reemplazo de los parlamentarios que permite que personas que nunca compitieron ante los electores y que tienen una baja representatividad, sean hoy senadores y diputados.
El sustento mínimo de una democracia liberal, que es elegir a los representantes, en Chile es burlado de manera ignominiosa y, con ello, se arrebata al ciudadano, la única cuota de decisión política que una democracia electiva debe consagrar para ser considerada como tal. Podemos decir, parafraseando a Bobbio, que en Chile no siempre se cuentan las cabezas.
Pero ello no solo ocurre en el plano político. En educación, una ley que impide el lucro en la Educación Superior es burlada de mil maneras por los empresarios que han transformado a la educación en un gigantesco negocio e incluso el propio Ministro de Educación del actual gobierno – y claramente no es el único caso – ha recibido cuantiosas utilidades al abandonar la Universidad que creó. La ley es letra muerta y lo que tenemos es un sistema donde la educación pública agoniza y las empresas de educación superior lucran sin control alguno.
En lo financiero, el caso de La Polar es la expresión más grotesca de un sistema económico donde un grupo empresarial se colude para perpetrar un enorme fraude a los ciudadanos más modestos. Más allá de La Polar, en todo el sistema financiero creado por las casas comerciales, desde hace mucho se ha transformado el fraude, la letra chica, las repactaciones con tasas de interés abusivas, en algo más rentable que el comercio mismo.
Detrás de todo ello hay una sensación de enorme pérdida de ciudadanía, de desprotección, de complicidad o ineficiencia de las instituciones; una pérdida de interés por la política y de credibilidad en los políticos.
Hacer frente a este fenómeno pasa por introducir urgentes reformas de fondo en el sistema político chileno. Hay que terminar con la ley binominal mayoritaria, que está consignada como autoritaria, y reemplazarla por un sistema proporcional en alguna de sus diversas acepciones o combinaciones. Hay que crear plebiscitos vinculantes para preguntar a la población sobre grandes reformas, como el modelo educacional o las decisiones de política energética y promover mecanismos de participación cada vez más directa de la población. Hay que legislar para dar derecho a voto a todos los chilenos en el exterior sin las indignantes condiciones que el gobierno ha querido imponer. Hay que garantizar la inscripción automática y el voto voluntario. Legislar para disponer de una nueva ley de partidos políticos que imponga primarias para la designación de candidatos a cargos de elección popular, mecanismos de control ciudadano y revocación de mandatos, financiamiento de la política, mayor transparencia y calidad de ella. Terminar con el actual centralismo y fortalecer el poder regional. Hay que reflexionar incluso sobre un cambio de régimen político que genere una república menos presidencialista, más participativa y con un peso mayor de las instancias parlamentarias y ciudadanas.
En estos días, bajo la presión de los desastrosos resultados de las encuestas, diversos personeros de la derecha han hablado de la urgencia de estas reformas. Ha llegado la hora de concretarlas antes de que la ruptura entre sistema político y ciudadanía sea definitiva.
Vivimos en un mundo donde las Nuevas Tecnologías de la Información hacen posible una comunicación horizontal de muchos a muchos y que el viejo sistema político está conectado a un sistema donde las decisiones las toman unos pocos y las trasmiten a las élites que gobiernan en diversos ámbitos. Hay un choque frontal entre esas realidades en un momento en que la política misma es cada vez más comunicación. La ciudadanía tiene un poder que antes no tenía, se puede comunicar, fijar encuentros, movilizar y trasmitir ideas en segundos por la red, instalar agendas y, para todo ello, no necesita ni a los partidos ni a los políticos.
O la política se adecua a esta nueva realidad de participación ciudadana y se fortalecen los derechos de las personas y los mecanismos de fiscalización y regulación de la economía o dicha política y dichas instituciones quedarán completamente obsoletas, desacreditadas. Por el momento el movimiento estudiantil ha irrumpido con tal fuerza que ha sido capaz de congregar a la ciudadanía en general detrás de sus demandas y, lo más importante, ha corrido el cerco, ha logrado imponer su agenda y cambiar la postura de todos. El rechazo al lucro y el colocar en el centro la preocupación del Estado por la Educación Pública es ya un triunfo de esos cuatrocientos mil que remecieron las calles de Chile.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
