El escándalo de la Polar ha salpicado a las AFP. Ha comprobado que sus propietarios manipulan los fondos de pensiones para sus propios fines, a veces en perjuicio evidente de los cotizantes. El escándalo es tan grande que hasta El Mercurio ha propuesto una reforma profunda del sistema. ¿Será «capi» el gobierno de Piñera de poner coto a un abuso que se arrastra por tres décadas sin que nadie diga ni haga nada?
Según El Mercurio del 14 de julio del 2011, «en 2009 la multitienda habría pedido al banco un crédito por $53 mil millones. La Polar no habría podido pagar un porcentaje del mismo en agosto de 2010, lo que habría alertado al banco. Ante esto, la colocadora de valores de BBVA habría organizado la emisión de bonos de La Polar por $100 mil millones. En esta colocación, Provida compró papeles (26% del total), al igual que otras dos AFP del mercado y diversas compañías de seguros.»
Es decir, AFP Provida, la más grande y que pertenece al banco español BBVA, invirtió en La Polar 26.000 millones de pesos del fondo de pensiones a su cargo, a sabiendas que era insolvente puesto que no le había pagado un crédito anterior. El bono respectivo fue gestionado por la agencia de valores del propio banco y emitido especificamente para pagar el préstamo adeudado al banco propietario de la AFP.
Si la denuncia se comprueba, sería un delito gravísimo y el regulador debería cancelar de inmediato la autorización de Provida de gestionar fondos de pensiones. El «mercado» reaccionó de inmediato y la misma noticia referida informa que las acciones de Provida cayeron un 7,73 por ciento en un sólo día.
Es de esperar que los reguladores estén investigando el asunto a fondo y que el parlamento haga lo mismo.
Los coletazos rapidamente se han extendido al sistema de AFP. El Mercurio del 16 de julio del 2011 publica un editorial titulado «La Polar y las AFP«, en el cual recuerda que estas últimas mantenían inversiones por más de 600 millones de dólares en bonos y acciones de La Polar, empresa de la cual eran el accionista principal.
Denuncia que «los departamentos de estudios de las AFP, que analizan los mercados, suelen estar formados por profesionales jóvenes, con conocimientos teóricos de finanzas, pero sin experiencia en mercados reales. Gran parte de su labor no se sustrae del seguimiento del líder entre las AFP, sin análisis exhaustivos del mercado.»
Le parece que eso no se corresponde con el hecho que «perciben más del 10 por ciento de la cotización del trabajador como pago por administrar los fondos de pensiones —un monto elevado, dado que los afiliados no pueden evitar ahorrar en ese sistema—. Se esperaría, pues, una administración muy rigurosa y de altísima calidad técnica, y no la simple custodia de una cartera de instrumentos financieros.»
Según El Mercurio, «Los limitados recursos destinados a los departamentos de estudios explican en parte por qué los gastos en personal de las AFP son tan bajos, y por qué la razón de las utilidades sobre los ingresos ordinarios de las AFP es tan elevada, alcanzando a más del 65 por ciento en las tres más importantes.»
Finalmente, el editorial propone una reforma profunda al sistema de AFP: «Una mejor opción sería reconocer que la labor de las AFP tiene dos componentes: la recaudación —que debe ser concentrada en pocas manos, para reducir costos— y la administración financiera de los recursos. Este segmento podría ser más competitivo si se lo separara de la recaudación, como ocurre en los países escandinavos.»
Es interesante recordar que CENDA hizo exactamente esta propuesta a la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma Previsional, el año 2006.
El sistema de AFP constituye uno de los mayores abusos que pesa sobre los chilenos. Como muestra un estudio de CENDA basado en cifras oficiales, las administradoras y sus compañías de seguro relacionadas se han embolsado en forma de primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981 hasta ahora. El grueso de los otros dos pesos se los han prestado a un puñado de grupos económicos – entre ellos a La Polar – en forma de capital accionario y préstamos.
Como muestra otro estudio de CENDA, la supuesta elevada rentabilidad que estos últimos prometen no es sino una gran ilusión, puesto que no se condice con los rendimientos de largo plazo de los mercados financieros. De este modo, lo que cabe esperar en los años venideros es algo parecido a lo que ha ocurrido desde el inicio de la actual crisis, en julio del 2007: como muestra un gráfico actualizado diariamente www.cendachile.cl, las AFP perdieron un tercio del fondo durante la crisis, en los últimos cuatro años no han ganado un peso y en el caso del fondo A, han perdido un 10 por ciento del mismo.
Mientras tanto, el Estado ha venido financiando casi todas las pensiones, incluidas las del 60 por ciento de menores ingresos a quiénes las AFP no les dan nada y más del 60 por ciento de las que pagan las propias AFP y compañías de seguros. Si se terminara hoy con las AFP – como han hecho Argentina, Bolivia, Hungría y Polonia en el último año – y se restituyeran al Estado las cotizaciones previsionales que han venido expropiando, el resultado sería un excedente fiscal superior a los tres billones de pesos anuales (unos seis mil millones de dólares), con lo cual podría financiar con creces, por ejemplo, toda la educación superior, cuyo costo total medido por los ingresos de las instituciones de educación terciaria, es de 2,4 billones de pesos. Todo lo anterior sin tocar un pelo del fondo de pensiones, que podría quedar de reserva para el futuro.
Lo más grave, por cierto, es que la clase media en Chile sencillamente no tiene pensiones. Una médico que ha cotizado sin lagunas y por el tope obtiene poco más de 480.000 pesos mensuales. Una jueza que tampoco tiene lagunas previsionales, logra una pensión de poco más de 330.000 pesos mensuales. Ello se debe en parte a que las AFP discriminan a las mujeres, puesto que los hombres obtienen una pensión al menos un tercio mayor, para igual fondo acumulado. Sin embargo, miles de casos demuestran que para profesionales varones, tanto empleados particulares como públicos, la situación es apenas un poco menos mala. Es decir, sencillamente no pueden jubilar.
¿Será posible que al calor de las movilizaciones ciudadanas un gobierno de centro-derecha enfrente al menos en parte un abuso que se arrastra por décadas sin que hasta ahora nadie diga ni haga nada?
¡Arrópate Willy!
