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Desprivatizar las decisiones sobre nuestra energía

por 19 julio, 2011

Tenemos una situación en la que el mercado de la generación eléctrica se encuentra dominado por unos pocos grandes jugadores. Es finalmente en esas manos en las que está la definición de las fuentes energéticas que el país usará. En el ámbito hidroeléctrico, son esas empresas las que disponen del acervo de estudios sobre las cuencas hidrográficas de Chile que se generaron en los tiempos en que Endesa era una empresa de CORFO.
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Consultado en algún momento sobre el proyecto HidroAysén el ex ministro de la cartera Laurence Golborne, señaló con toda candidez que era poco lo que el gobierno podía hacer al respecto, pues se trataba de un proyecto impulsado por el sector privado. La actitud del ministro y sus palabras revelan una de las mayores carencias de nuestro sistema en materia energética.

Los gobiernos sí tienen algo que hacer ante los proyectos energéticos. Pueden hacerles observaciones y pueden rechazarlos o aprobarlos. En este caso, se optó por aprobar sin observaciones, renunciando a las limitadas posibilidades que el gobierno tiene de intervenir en la definición de un proyecto como HidroAysén, de condicionar su puesta en marcha o de impedirla. Mal puede quejarse el Ministro por las pocas atribuciones que el gobierno tiene si no hizo el más mínimo intento de utilizar las que sí tiene. Como país, sin embargo, es válido que nos preguntemos si queremos que en el sector energético el papel del Estado se limite a ponerle luz verde, roja o amarilla a los proyectos del sector privado, o si esperamos que tenga un rol más activo.

A nadie se le ocurriría que la decisión sobre qué carreteras construir y cuándo hacerlo dependiera de la voluntad de la empresa privada. Existe la posibilidad de que privados construyan y operen vías camineras e incluso que presenten al sistema de concesiones proyectos de inversión, pero las decisiones sobre qué caminos construir y cuándo hacerlo están radicadas en el Estado. Se entiende que se trata de una materia demasiado relevante para dejarla a merced de decisiones que no se inspiran en la búsqueda del bien común, sino que en el afán de obtener la mayor rentabilidad posible para el inversionista. Claramente nuestro sentido común indica que ese no es el criterio para definir la infraestructura caminera de nuestro país, sin embargo, es así como funciona el sector energético.

enemos una situación en la que el mercado de la generación eléctrica se encuentra dominado por unos pocos grandes jugadores. Es finalmente en esas manos en las que está la definición de las fuentes energéticas que el país usará. En el ámbito hidroeléctrico, son esas empresas las que disponen del acervo de estudios sobre las cuencas hidrográficas de Chile que se generaron en los tiempos en que Endesa era una empresa de CORFO.

En el sector de la energía, son empresas privadas las que tienen la iniciativa sobre qué proyectos promover. Ellas definen qué fuente energética usar, en qué momento realizar la inversión y en qué territorio. A través de diversas regulaciones, más o menos estrictas, mejor o peor concebidas e implementadas, el Estado chileno toma posición sobre las propuestas que presentan los privados, pero no dispone de la iniciativa de definir los proyectos a impulsar.

Peor aún. Tenemos una situación en la que el mercado de la generación eléctrica se encuentra dominado por unos pocos grandes jugadores. Es finalmente en esas manos en las que está la definición de las fuentes energéticas que el país usará. En el ámbito hidroeléctrico, son esas empresas las que disponen del acervo de estudios sobre las cuencas hidrográficas de Chile que se generaron en los tiempos en que Endesa era una empresa de CORFO. Y son esas empresas las que tienen en su poder prácticamente todos los derechos de agua de los ríos con potencial de generación eléctrica del país, particularmente en la zona central.

Con un Estado pasivo y un sector privado sin competencia nada bueno puede esperarse del sector energético. Necesitamos cambiar radicalmente la manera en que se están tomando las decisiones en Chile en el ámbito de la energía y redefinir los papeles del sector público y el sector privado.

Cada vez que un proyecto energético es cuestionado, el principal argumento en su defensa es que el país necesita energía y si se rechazan las inversiones que están en cartera, nos espera un alza en las tarifas, un riesgo de racionamiento y un freno al crecimiento económico. En el trasfondo de ese argumento está asumido que el país tiene que elegir entre los proyectos que están presentados o nada. O HidroAysén, o nada. O Castilla, o nada. La verdad, sin embargo, es otra. Hay muchos otros proyectos que el país podría impulsar, con otras tecnologías o en otras locaciones, pero no están en cartera porque no son los que tienen una mayor rentabilidad privada. Pueden ser buenos para el país, pueden ser incluso convenientes desde el punto de vista económico, pero si hay otro proyecto que promete más utilidades el inversionista optará por éste último.

Por eso es tan importante invertir la forma en que tomamos las decisiones y permitir que se impulsen los proyectos que integralmente son mejores para el país, lo cual requiere el involucramiento del sector público en la formulación de los proyectos y en la definición de políticas que promuevan en forma mucho más activa un modelo de desarrollo energético más consistente con el interés general. Todo ello debe ser resultado de la deliberación democrática, no del cálculo de rentabilidad de unas pocas empresas dominantes. Su implementación requiere definiciones adoptadas en un proceso abierto y transparente que tenga presente los objetivos de desarrollo de largo plazo del país. Los proyectos podrán ser construidos por privados o entregados en concesión para su operación, pero lo clave es disponer de la capacidad de tomar las decisiones estratégicas que definan la matriz energética nacional. Ciertamente, también debiéramos permitir que el Estado sea socio o titular de proyectos energéticos, como lo es en gran parte de los países desarrollados.

Al desprivatizar las decisiones sobre energía se nos abrirán muchas más posibilidades de las que hoy vislumbramos. Podremos hacer consideraciones de corto y largo plazo, evaluar distintas alternativas tecnológicas, tomar en cuenta los usos alternativos del territorio y las vocaciones productivas de las localidades, aportar a la innovación y la especialización en fuentes energéticas en que tenemos fortalezas potenciales, combinar diversos modelos de negocios, involucrar a las comunidades en la explotación energética de sus riquezas, como el agua, la energía solar, eólica o geotérmica. Podremos equilibrar y compensar de una forma más justa las externalidades negativas que los proyectos provocan en su entorno con los beneficios económicos gigantescos que de ahí obtienen los grandes consumidores de energía, especialmente en el sector minero. También tendremos la posibilidad de articular de forma más decidida las políticas de generación y de eficiencia energética.

Hay una infinidad de combinaciones para resolver nuestras necesidades energéticas que hoy no están dentro de las alternativas que el país está evaluando simplemente porque no coinciden con los intereses de las poderosas grandes empresas que la llevan en Chile en materia energética. Vislumbrar esas posibilidades, tomar la iniciativa de impulsarlas y desarrollar políticas para darles viabilidad es una función indelegable del Estado, equivalente a las que asume en todos los ámbitos relevantes de las política pública, como educación, salud o vivienda y no hay ninguna razón para que siga renunciando a hacerlo en el ámbito de la energía. Dar ese salto requiere enfrentar poderosos e influyentes intereses y voluntad de actuar a favor del bien común. No se me ocurre una mejor definición de la buena política.

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