No se puede descartar el hecho de que un mal cumplimiento de sus obligaciones, permitiera que inversores de fondos de terceros incurrieran, de manera involuntaria o simulada, en acciones financieras imprudentes o ilegales que lesionen esos fondos.
Desde el inicio de la crisis de La Polar, existió la percepción de que su dimensión y complejidad exceden los temas del retail, y que las apreciaciones iniciales de las autoridades sectoriales sobre el hecho, incluidas las de los ministros de Hacienda y Economía, no reflejaban su real gravedad.
Felizmente la actitud parece haber cambiado, y la Superintendencia de Valores y Seguros SVS ha puesto un alerta preventivo sobre la salud de todo el sistema financiero al señalar, por boca de su Superintendente, que el proceso de investigación está en curso y “podría haber a futuro nuevas formalizaciones a personas o entidades”.
Dadas las circunstancias tales entidades parecen ser, de manera inevitable, las empresas clasificadoras de riesgo.
Estas son sociedades especializadas en evaluar los riesgos de una empresa que opera en el mercado, principalmente de sus instrumentos de deuda, proveyendo a los potenciales inversionistas una opinión técnica, independiente y objetiva, acerca de la solvencia y calidad crediticia de la evaluada y de los instrumentos que ofrece en el mercado.
[cita]Sin ir más lejos, la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA solicitó a la SVS una investigación por divulgación de información tendenciosa o falsa en torno a su inversión en bonos de Empresas La Polar por violar la Ley de Mercado de Valores, tratando de inducir a error al mercado.[/cita]
Su importancia para la certidumbre de los inversionistas y el diseño de sus estrategias financieras es evidente. Le permite medir su riesgo y asociarlo a premios efectivos, en un marco de plausibilidad y planificación financiera, a la vez que facilita la oferta y colocación de valores clasificados. Por lo mismo, un aspecto sustantivo de esta clasificación y la información que implica, es su exactitud, en un marco de buena fe y confianza pública.
En Chile, la actividad es regulada por la Superintendencia de Valores y Seguros, y tienen “como exclusivo objeto clasificar los valores de oferta pública”, dice la Ley, debiendo revisar de manera continúa sus clasificaciones de “acuerdo a la información que el emisor les proporcione”. Esto es lo que para La Polar hacían Feller-Rate y Fitch Chile, desde hace ya varios años.
La eventualidad que no hayan cumplido de manera adecuada su cometido existe, pese a que aún no han sido citadas como responsables por la SVS. Sin embargo, no se puede descartar el hecho de que un mal cumplimiento de sus obligaciones, permitiera que inversores de fondos de terceros incurrieran, de manera involuntaria o simulada, en acciones financieras imprudentes o ilegales que lesionen esos fondos.
Sin ir más lejos, la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA solicitó a la SVS una investigación por divulgación de información tendenciosa o falsa en torno a su inversión en bonos de Empresas La Polar por violar la Ley de Mercado de Valores, tratando de inducir a error al mercado.
El tema, que forma parte de una investigación en curso según la Superintendencia de Pensiones, trascendió a la esfera parlamentaria. Miembros del Congreso consideran que la Comisión de Clasificación de Riesgo, que determina los parámetros de riesgo a las AFP, debiera haber tomado precauciones frente a la clasificación de riesgo que las clasificadoras privadas hicieron de los bonos de la empresa en noviembre del año pasado.
Determinadas transacciones, entre ellas la intermediación y colocación de series de bonos emitidos por las empresas, en este caso La Polar, hechas sin la debida transparencia y en ambientes enervados como el actual, inducen a sospechas y todo tipo de especulaciones, que deben ser controlados por las autoridades regulatorias para evitar un mal a la fe pública.
Por tanto, el tema hace rato salió del ámbito del retail y se proyectó a las prevenciones de salud de todo el sistema financiero. En su comparecencia ante el Congreso Nacional, el presidente subrogante del Banco Central hizo hincapié en que la salud del sistema estaba intacta.
Sin embargo lo cierto es que la crisis, que ya ha escalado a dimensiones institucionales que en principio se quisieron negar, no la vieron venir ni el directorio, los auditores externos, las superintendencias o el mercado, y ni las auditoras ni las calificadoras de riesgo advirtieron de lo que estaba produciendo incluso desde años.
Por lo mismo, el liderazgo de transparencia debe ser asumido también por la Superintendencia de Bancos y la de Pensiones, además de la Superintendencia de Valores y Seguros. Es la institucionalidad pública, además del interés de millones de ciudadanos lo que está en juego, y en su resguardo no pueden existir omisiones.
