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El conflicto de la derecha con la educación democrática y equitativa

por 5 agosto, 2011

La pregunta que salta a la vista es cómo un gobierno que desprecia el Estado, y que la democratización de la educación no está en el centro de sus preocupaciones, pretende enfrentar las demandas que hoy se han instalado como verdaderas catedrales, inamovibles. La resolución de esta situación conlleva costos altos, no solo económicos, sino principalmente culturales.
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Si algo podría caracterizar la cultura política de  la derecha es su desafección hacia el Estado y su displicencia por la educación pública. El Estado es visto como la expresión de lo público, y esto asociado a lo mediocre, en contraste con lo privado que para éste sector es donde radica lo substancial e imprescindible.

Cuando se ha tratado de la educación como bien público, no ha sido este sector quien ha impulsado las grandes transformaciones de inclusión en el país.  Fueron los gobiernos radicales los que sostenían  que “educar es gobernar” cuando se dictó la ley de instrucción primaria obligatoria. Luego, en el gobierno de “los gerentes” como se llamó al de Jorge Alessandri, no se implementó ninguna reforma significativa. Hubo que esperar el gobierno de Frei Montalva para la ampliación de la educación obligatoria a ocho años y durante el año 1967, en el proceso de reforma universitaria, frente a la consigna de “Universidad para todos” impulsada por el movimiento universitario, el gremialismo, representación de la derecha en la Universidad, la contrarrestaba  con “Universidad para los más capaces”.

Durante el gobierno de Allende, la educación representó una preocupación central. La controvertida ENU, tenía como principal objetivo la democratización a través de la ampliación de la cobertura, garantizando el derecho a toda la población de acceder a educación más allá de la educación media junto a la creación de un sistema unificado.

La pregunta que salta a la vista es cómo un gobierno que desprecia el Estado, y que la democratización de la educación no está en el centro de sus preocupaciones, pretende enfrentar las demandas que hoy se han instalado como verdaderas catedrales, inamovibles. La resolución de esta situación conlleva costos altos, no solo económicos, sino principalmente culturales.

El régimen autoritario introdujo grandes cambios que buscaban cambiar el paradigma del rol de Estado en la educación, limitándolo a ser un ente regulador  que delega  su responsabilidad en educación a corporaciones privadas las que juega un rol muy importante, como también en los municipios que no siendo privados, reflejan las grandes diferencias socioeconómicas del país.

Durante los gobiernos de la Concertación, se avanzó progresivamente en reformar el sistema educacional con  programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación básica y media,  extendiendo la jornada escolar,  fortaleciendo la labor docente y en infraestructura, pero no se abordó una reforma estructural.

En la actualidad, y después de casi medio siglo que la derecha vuelve al gobierno vía elecciones democráticas, se enfrenta nuevamente a su atávica concepción del Estado, que es visto como ente ineficiente, privilegiando la iniciativa privada y el papel del mercado como regulador de todos los sectores de la economía. Y como lo declara el Presidente, se cree  “en la libertad de enseñanza, en la libertad de los padres de elegir la educación para sus hijos”, libertad así entendida, es la causante que la gran segregación actualmente existente.

En esa lógica se  pensaba que frente a la educación superior, bastaba con levantar una propuesta que contemplara una flexibilización de la gestión y los sistemas de control, que frente al endeudamiento estudiantil bastaba con ofrecer una reprogramación de los morosos y comprometerse con nuevas becas y créditos sin diferenciar por tipo de institución.

Esa idea originaria no les fue posible de implementar, porque a pesar del  debilitamiento y crisis de la oposición, emergió un movimiento social que ha logrado instalar en la sociedad la convicción de que la educación enfrenta de una crisis profunda y es deber del Estado garantizarla como un derecho de todos los ciudadanos.

La pregunta que salta a la vista es cómo un gobierno que desprecia el Estado, y que la democratización de la educación no está en el centro de sus preocupaciones, pretende enfrentar las demandas que hoy se han instalado como verdaderas catedrales, inamovibles. La resolución de esta situación conlleva costos altos, no solo económicos, sino principalmente culturales.

La solución a la demanda de un sistema de educación público, estatal, gratuito de calidad para todos, representa una reforma estructural y entregar al Estado un rol fundamental.

Su sostenido desprecio por el Estado, hoy les juega una mala pasada, se enfrentan a un conflicto en que su efectiva solución, se basa en que el Estado asuma un rol fundamental.

Para la derecha no le va ha ser fácil seguir éste derrotero, porque se va ha enfrentar a una contradicción de fondo que  puede llevarla una y otra vez a tener que renegar de lo han defendido históricamente. Hay que ver hasta donde están dispuestos a llegar, si su objetivo es conservar el poder.

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