En nuestro país hay una confrontación de ideas y de conceptos que esclarece enormemente el momento actual. Es la fuerza de las ideas de los jóvenes y de la sociedad civil, versus los criterios de un gobierno conceptualmente anclado en el pasado y sin imaginación ni creatividad frente al momento que se vive en Chile.
Jóvenes pertenecientes a un mundo que se valora distinto, que desafía desde la ética social e individual la estructura política, social y económica del país. Jóvenes que se revelan ante un modelo gastado, que comienza a ser de suyo antidemocrático, cuyas demandas obtienen respuestas, no sólo insuficientes, sino que claramente tienden a consolidar el modelo existente y, en el mejor de los casos, sólo serán un maquillaje con buena voluntad en el rostro de una realidad estructural injusta, ineficiente y caduca.
La emergencia de valores democráticos irrenunciables pretende ser controlada con disposiciones autoritarias de quienes son incapaces de entender ciertas simbologías, y por lo tanto, la fuerza de los derechos. No es preciso haber sido de la Unidad Popular para entender el valor que tiene para el país abrir las grandes alamedas después de la oscuridad de la dictadura. Ni se puede decir cuándo, por decreto, o por voluntad de una autoridad de turno, se acaban las manifestaciones y las marchas. Es como pretender, por decreto, frenar el descontento y la marcha de la historia.
Eso pretendió la dictadura y ahí están ahora los jóvenes tratando de construir una nueva historia democrática para el país. No están partiendo de cero. Arrancan de una transición difícil, con muchos logros, pero también con muchas dificultades y frustraciones por los pactos previamente establecidos. Se parte de la percepción de que esa transición ya llegó a su fin y que es necesario dar el salto cualitativo a una nueva y mejor democracia.
No puede el gobierno entregar una respuesta sin aceptar que las transformaciones profundas al sistema educacional y a las estructuras globales del país, pasan por cambios constitucionales que verdaderamente hagan posible un nuevo proyecto. Con la actual constitución, en su forma y en el fondo, muy poco y nada se puede cambiar.
Seamos más precisos: se necesita una nueva Constitución. Es un momento clave de nuestra historia que sólo puede ser resuelto con generosidad y auténtico espíritu democrático. Se dan señales equívocas a la magnitud de estas exigencias, cuando un ministro de Hacienda asegura que no habrá modificaciones al sistema de impuestos (negando un financiamiento real a un nuevo proyecto de educación), o cuando un presidente de partido, frente a la preocupante baja en la popularidad del presidente de su gobierno y de la clase política en general, sostiene por los canales de televisión que ha oído decir que hay interesados en botar al gobierno.
Horrible reaparición de la campaña del terror, implementada por la peor derecha, en su peor momento antes del golpe militar. Esto hace recordar, frente a los intensos debates, en otros momentos de nuestra historia, las aseveraciones de distinguidos políticos: si en este país hay un golpe de Estado, este vendrá desde la derecha, sostuvo Radomiro Tomic en una entrevista al Mercurio y el mismo Bernardo Leighton en otro momento. Ninguno de ellos era de la Unidad Popular, pero sí profundamente demócratas.
Vale decirlo: por el terror que siempre que hay a las demandas legítimas, que exigen transformaciones radicales, aparecen grupos del Tea Party criollo con sus amenazas veladas.
La mayor dificultad para los grandes cambios gira en torno a la ética del dinero, de la ganancia intocable, de un concepto de empresa privada que no está sometida a deberes sino en un irrestricto concepto de propiedad privada, que no tiene una función social, sino que producir riquezas que hasta el día de hoy y a través de la historia, nunca hubo como redistribuir con justicia.
Estamos presenciando un enfrentamiento que nunca debió ser: entre el concepto de gobernabilidad sistémica, que permite mantener el funcionamiento de las instituciones y el de gobernabilidad democrática, que obliga permanentemente a perfeccionar el sistema y a profundizar la democracia. Sin la segunda dimensión, la gobernabilidad sistémica se transforma necesariamente en autoritarismo.
Tal es el sentido de la confrontación actual: defender la institucionalidad sin transformaciones profundas, o democratizar profundamente la institucionalidad, para perfeccionarla constantemente, como un mecanismo natural de la defensa de los valores democráticos. No más autoridad para defender la democracia, sino más democracia para fundamentar la autoridad.
El gobierno no puede seguir cayendo en las encuestas. Estamos llegando a un punto de crisis de difícil manejo. No parece posible, comprender la obcecación de un gobierno y de una dirigencia política que no sean capaces de una autocrítica profunda, que les permita reconocer la realidad del país y la suya propia.
No es sólo ceguera política, es algo más grave. Es no concebir otra alternativa democrática; es no entender que se va por el camino equivocado, sin retorno de la crisis. Es probar a través de su propia certeza que la derecha no es capaz de generar gobiernos democráticos y que después de cincuenta años, en que solo pudo ser gobierno en dictadura, no es capaz ahora de plantear un nuevo proyecto.
Sin duda se necesita algo más que una cápsula para rescatar a este gobierno de las profundidades.
