Así pues, si sólo el buscar una mayor justicia impositiva (tal y como se indicó al principio) ya justifica de por sí una reforma tributaria, la necesidad de obtener los recursos adicionales necesarios para garantizar una educación y salud de calidad para todos los chilenos la hace impostergable. Estando claro que, dados los desequilibrios del actual sistema (familia v/s individuos v/s empresas), esos recursos solo pueden provenir de las empresas, que, por lo demás, es donde está la verdadera acumulación de riqueza, cosa esta última que favorece el mismo sistema impositivo actual, al fijar una tasa marginal para las personas exageradamente superior al de las empresas.
Cuando hablamos de reforma impositiva pensamos habitualmente en términos de si se ha de subir o no la carga impositiva, olvidándonos de otro aspecto básico y tal vez más importante que es el de la equidad en la distribución de esa carga.
En el actual sistema chileno cinco familias (o personas) que a lo largo del año tengan exactamente el mismo ingreso y/o aumento de riqueza pueden llegar a pagar cinco montos distintos por concepto de impuestos en función del origen de ese incremento: venta de acciones, venta de propiedades, alquileres DFL2, rentas del trabajo, honorarios profesionales, etc.
Además, en el caso de las familias, los impuestos a pagar dependerán de si trabajan ambos cónyuges o solo uno, dándose la paradoja de que a igualdad de ingresos familiares siempre el matrimonio en el que trabaje sólo uno pagará más impuestos, con lo cual se penaliza a la familia en la que uno de los cónyuges se sacrifica para así cuidar mejor del hogar y de los hijos. Un matrimonio en el que cada uno gane 600 mil pesos (1.200.000 entre ambos) estará en el tramo impositivo del 5%. Otro matrimonio que también ingrese esos mismos 1.200.000 pero solo trabaje uno entrará en el tramo del 10%. Es más, podría ocurrir que este segundo matrimonio tenga hijos mientras que el primero no y sea precisamente por dedicarse al cuidado de los mismos por lo que uno de los padres haya dejado de trabajar: pues bien, el sistema los «premia» haciéndoles pagar más impuestos.
No hablemos ya del caso cuando se crea e interpone una sociedad limitada o anónima por el medio: cuántas veces se compra tal o cual cosa (el computador de los hijos, por ejemplo) con «factura» y así «pasamos» el IVA por la empresa…, cuántas veces lo que se ingresa «se pasa por la sociedad» y ya lo retiraremos cuando convenga y como convenga (es decir, lo retira el «socio», o sea, el familiar que tenga menor global complementario). Claro que para esto hay que tener los recursos y formación como para formar la empresa y disponer de los contadores y abogados adecuados.
[cita/]En cuanto a los empresarios pueden poner en marcha toda su capacidad de influencia para atemorizar al gobierno vaticinando las mil desgracias si se atreve a «tocar» los impuestos o pueden tomar la iniciativa y proponer un escenario alternativo y constructivo, como podría ser el de mayores impuestos por mayor productividad. Si eligen el primer camino iremos poco a poco hacia un país más inestable, con más manifestaciones, huelgas y violencia, donde -tarde o temprano- y en la medida que se incorpore el nuevo padrón de votantes la amenaza de un giro populista puede reaparecer de la forma más inesperada. [/cita]
La realidad es que el sistema no cumple el principio básico de que a igual ingreso y/o incremento de riqueza igual el monto de impuestos pagados, siendo los más castigados fiscalmente aquellos cuyas rentas vienen del trabajo. Discrimina a las familias por sobre los individuos y a éstos por sobre a las empresas. El diferencial de tasas entre las empresas y los individuos genera toda una «industria de la elusión», claro que solo al alcance de una minoría y, por lo tanto, discrimina hasta en las posibilidades de eludir.
En toda esta maraña hay claramente un afectado que es la familia de clase media trabajadora. Debe pagar la hipoteca del departamento, ahorrar para la vejez, pagar el colegio de los niños, la isapre (si puede), pasar el mes y rezar todos los días para que un accidente, pérdida de trabajo o enfermedad catastrófica no los mande de nuevo 3 o 4 escalones socioeconómicos atrás. Debe pagar proporcionalmente más impuestos, siendo que no recibe prácticamente nada del Estado: ni salud de calidad, ni educación de calidad, ni pensiones suficientes.
Una clase media que recorre un amplísimo espectro socioeconómico y que podríamos definir como todas aquellas familias cuyo bienestar depende de su trabajo. Clase media que la Concertación ayudó a crear en sus 20 años de gobierno, pero que finalmente no comprendió ni atendió. Clase media cuyos hijos están demandando hoy una educación accesible (de verdad) y de calidad para todos, pero que mañana mismo comenzará a demandar una salud también accesible y de calidad para todos. Demandas que no son ni un capricho ni un lujo: son una necesidad impostergable y socialmente justa.
Clase media que por lo general es mayormente silenciosa pero que está dejando de serlo. Ya no cree en la clase política, pues ve a los políticos tan preocupados por acceder y conservar el poder, que se olvidan de las verdaderas prioridades de quien los votó, los ven tan incapaces que dudan de que puedan solucionar sus necesidades sociales. Desconfianza que muy posiblemente haya tenido ya una primera expresión en el cambio de voto que originó la salida de la Concertación del Gobierno, cosa que en poco más de dos años también le puede pasar a la Alianza si no da respuesta con soluciones reales (y no con carabineros golpeando a los ciudadanos) a lo que ahora le plantean las calles.
Por cierto que me pregunto: Una vez implementada la inscripción automática y voto voluntario (cosa que ya está en la mayor parte de los países de la OCDE pero que curiosamente parece de especial dificultad de implementar en Chile), ¿por quién van a votar? ¿Y si no votan a ninguno de los dos conglomerados “oficialistas”?
La cohesión social se está resquebrajando y sin ella jamás se podrá llegar a ser un país completamente desarrollado. A unos les sobra lo que a otros les falta. Los medios de comunicación y la sociedad de la información hacen cada vez más transparentes y patentes estos desequilibrios y ya no se pueden esconder hipócritamente debajo de la alfombra. Las nuevas generaciones no lo van a aceptar. Nos guste o no, es impostergable solucionar al menos los problemas crónicos en cuanto a educación y salud. Efectivamente, hará falta más recursos públicos que, por supuesto, se deberán gastar con eficiencia y eficacia, pero esto no ha de distraer la atención sobre la necesidad de esos recursos adicionales.
Así pues, si sólo el buscar una mayor justicia impositiva (tal y como se indicó al principio) ya justifica de por sí una reforma tributaria, la necesidad de obtener los recursos adicionales necesarios para garantizar una educación y salud de calidad para todos los chilenos la hace impostergable. Estando claro que, dados los desequilibrios del actual sistema (familia v/s individuos v/s empresas), esos recursos solo pueden provenir de las empresas, que, por lo demás, es donde está la verdadera acumulación de riqueza, cosa esta última que favorece el mismo sistema impositivo actual, al fijar una tasa marginal para las personas exageradamente superior al de las empresas.
Ante esta realidad está por ver cómo reaccionan los «otros» dos agentes sociales por excelencia: el gobierno y los empresarios. ¿Tendrá el gobierno de turno la valentía de atreverse a solucionar de verdad estos problemas (es decir, más allá de la demagogia, apariencias y/o la hipocresía política)? Resalto lo de «gobierno de turno», porque lo cierto es que he de reconocer que por más que me considere de centro-izquierda y sea miembro de Océanos Azules, la Concertación tampoco ha sabido solucionarlos en 20 años en el poder.
Por último, en cuanto a los empresarios pueden elegir reaccionar de dos formas: oponiéndose o liderando el proceso. Pueden poner en marcha toda su capacidad de influencia para atemorizar al gobierno vaticinando las mil desgracias si se atreve a «tocar» los impuestos o pueden tomar la iniciativa y proponer un escenario alternativo y constructivo, como podría ser el de mayores impuestos por mayor productividad. Si eligen el primer camino iremos poco a poco hacia un país más inestable, con más manifestaciones, huelgas y violencia, donde -tarde o temprano- y en la medida que se incorpore el nuevo padrón de votantes la amenaza de un giro populista puede reaparecer de la forma más inesperada. En cambio, si eligen el segundo, no me cabe duda de que en 10 años Chile será un país desarrollado y próspero pero lo que es más importante un país cohesionado, estable, en paz y más justo.
En resumen, la sociedad está demandando justa e irrenunciablemente (porque sin excusas el Chile de hoy se lo puede empezar a permitir) Salud y Educación para todos y de calidad. Para esto hacen falta más recursos fiscales que, por supuesto, se han de gastar responsablemente. Estos recursos solo pueden salir de elevar los impuestos a las empresas y para que esto sea viable económicamente es necesario facilitar un entorno más Productivo e Innovador. Todo lo cual tiene un nombre: Acuerdo País. Acuerdo que el Presidente Piñera, precisamente por sus orígenes y logros personales, está en una posición única e histórica de impulsar, sobre todo si sabe convocar y liderar a todas la fuerzas del país: empresarios, trabajadores y políticos de todos los colores.
