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Editorial

Editorial: Es el orgullo, Señor Presidente

por 19 agosto, 2011

Editorial: Es el orgullo, Señor Presidente
Es esencial que el gobierno sintonice de manera fina con las emociones de los estudiantes y entender que son víctimas de un sistema calificado por el ministro de Educación como perverso. No son victimarios de ninguna democracia, son cívicos y demócratas movilizados. Que han demostrado estar dispuestos a perder un año de estudio para que el país no siga perdiendo generaciones de jóvenes por la mala educación. Esa es una cuenta que los ministros de Hacienda y los que inventaron el sistema nunca han sacado.
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Este miércoles el ministro de Educación Felipe Bulnes llamó a las partes involucradas en el conflicto por la educación a no dejarse llevar por el orgullo al momento de decidir sobre su propuesta de solución. La apelación resulta plenamente aplicable al propio gobierno. En este se percibe irritabilidad en sus juicios y manera de actuar, dando la impresión que lo único que aspira es a no aparecer derrotado.

El gobierno debe convencerse que lo actual no es una pulseada típica de la política tradicional ni un problema de imagen, que por cierto no es buena en su caso. Y si alguien de la política lo está entendiendo así, peor para ellos.

Lo que ocurre está fuera de lo cánones tradicionales de la política nacional, carente de movilizaciones estruendosas.  Y si estas se producen con tal fuerza significa que, desde el punto de vista del buen gobierno, el país está en un momento crítico, pues la mantención de la normalidad se hace gastando el ahorro cívico de confianza y autoridad que permite la paz social y la estabilidad.

Pero sobre todo el gobierno debe entender que su actuar, ambiguo y errático en muchos aspectos, y de mal negociador en una situación de crisis, ha contribuido de manera sustancial a lo que está ocurriendo.

No fue feliz la frase presidencial que comparó la actual situación con el quiebre institucional de 1973, ni las reiteradas referencias que personeros del oficialismo han hecho a tal situación. Ello implica una degradación del lenguaje y de las actitudes que permiten solucionar dentro de la racionalidad y la cultura cívica los conflictos. Nada de lo actual tiene que ver con el año 1973, y eso lo sabe perfectamente toda la oposición. Toda referencia en ese sentido suena a chantaje doctrinario.

Lo que ha descolocado definitivamente al gobierno, y a la política en general, quienes  apostaron a un hecho más bien episódico, es la fuerza y convicción doctrinaria del movimiento por la educación, inmediatamente de uno masivo por un tema ambiental, también inesperado,  que se producen en el peor momento de adhesión ciudadana para aquel.

Ya hemos señalado que  la situación actual es extraordinaria y amerita soluciones que posiblemente están fuera de lo común.  Con niños en huelga de hambre por un derecho a la educación – como quiera que ellos lo entiendan-  debiera requerirse muy poco esfuerzo para entender el significado emotivo profundo que el tema tiene para ellos.

El oficialismo debiera convenir, en todo caso, que ello se debe en gran medida a los  errores del propio gobierno. En todas sus actuaciones en que ha habido un conflicto de por medio, la previsión de los escenarios no ha existido o ha tenido errores gruesos, y la finura política nunca ha aparecido. Desde hace tiempo, además, los mediadores extra estatales –iglesias, comisiones especiales, etc.- vienen mostrando la cruda realidad de la impotencia y crisis de legitimidad de las instituciones de nuestro sistema político como mecanismos idóneos o que generen confianzas amplias. Eso ya desde el gobierno anterior.

De ahí que la primera tarea sea bajar los decibeles y volver a una actitud y lenguaje cuidadosos, que no enerve las atmósferas y las vuelva pasionales o irracionales.

En segundo lugar, hay que atender lo más finamente posible a las formas y al escenario en que  los intereses se manifiestan. Sobre lo primero, baste decir que la historia nacional del maltrato verbal es abundante. Sobre lo segundo, en un sistema presidencialista como el de Chile, gobernando por la coalición que inventó el modelo, la responsabilidad del primer mandatario no se puede omitir. Aunque esta se ejerza hoy en una democracia, en la cual manda el diálogo y no el talante autoritario.

En ese contexto, no es apropiada – ni existe- una negociación a través de comunicados de prensa. Tampoco la hay si nadie elabora propuestas escritas que se intercambian, la formalidad de una mesa, las actas de reuniones, las consultas, que van perfilando el clima de acuerdo.  Se debe considerar, además, que el anfitrión debe ser el interpelado que tiene los medios y la responsabilidad de la iniciativa de solución en sus manos. En nuestro sistema y en este caso es el gobierno y si este actúa como lo está haciendo, la percepción es que apuesta a vencer, no a negociar.

Ya hemos señalado que  la situación actual es extraordinaria y amerita soluciones que posiblemente están fuera de lo común.  Con niños en huelga de hambre por un derecho a la educación – como quiera que ellos lo entiendan-  debiera requerirse muy poco esfuerzo para entender el significado emotivo profundo que el tema tiene para ellos.

Más aún si sus familias los apoyan o, al menos, comprenden. Por ello no parece ni justo ni razonable que el ministro de Salud les ofrezca trasladarlos a un lugar en que tengan mejores condiciones de atención en su huelga. O que el  ministro de Educación borre en cada entrevista radial que da, los significados de sus propuestas previamente dichas.

En cada caso es decirles abiertamente a los jóvenes que no importan las razones, que serán bien atendidos si desean morirse por ellas o que nada pueden frente al Estado y su poder. Ello solo exacerba las movilizaciones y demuestra que el gobierno no comprende la fuerza deconstructiva que este conflicto tiene sobre la imagen de desarrollo y equidad del país y del tan predicado modelo chileno.

¿Como entiende el gobierno su responsabilidad en estas circunstancias? ¿Lo mueve simplemente el orgullo y la percepción de que tiene la autoridad legal para imponer su criterio a cualquier costo o, por el contrario, tiene de verdad voluntad de soluciones pero carece de la pericia política y la eficiencia técnica para producirlas? Más parece lo primero que lo segundo.

Señala Montesquieu en uno de sus ensayos que “No peligra tanto un Estado por la tiranía de un príncipe, como una república por la indiferencia ante el bien común”.

El gobierno se encuentra enfrentado a una movilización sostenida por una idea de bien común ampliamente mayoritaria en torno a la educación. Por lo tanto, dejando de lado su orgullo, debiera tomar consciencia de esa demanda y sentarse de manera formal a negociar con quienes la representan. Debe evitar el talante autoritario y cuidar las formas y los excesos verbales, no notificar cuasi judicialmente sus decisiones, tratar a los voceros con respeto y, por supuesto, no amenazar a los movilizados ni tratar de dividirlos. Debe construir confianza y no degradarla.

Para ello es esencial que sintonice de manera fina con las emociones de los estudiantes y entender que son victimas de un sistema calificado por el ministro de Educación como perverso. No son victimarios de ninguna democracia, son cívicos y demócratas movilizados. Que han demostrado estar dispuestos a perder un año de estudio para que el país no siga perdiendo generaciones de jóvenes por la mala educación. Esa es una cuenta que los ministros de Hacienda y los que inventaron el sistema nunca han sacado.

Mientras tanto a los jóvenes, simplemente hay que pedirles que mantengan su serenidad y su propensión al diálogo. Y por cierto su creatividad, la que ha sido reconocida internacionalmente como un ejemplo de civilidad, y que los hace una generación con historia.

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